JOSE ANTONIO GARCIA RIVERA y Otros.

Expediente 106/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
106/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • JOSE ANTONIO GARCIA RIVERA y Otros.
  • Javier Ibarra Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Conde Pérez, quien se ostenta como defensor particular de José Antonio García Rivera o Antonio García Rivera o Javier Ibarra Gómez, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 106/2018-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, 3° y 108 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 3. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará (.)" Por su parte, los artículos 58, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen: "Artículo 58. En los servicios electrónicos que brinde el CJF a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se requerirá el uso de firmas electrónicas vigentes, salvo la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Los artículos y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo se encuentra regido por el principio de "instancia de parte agraviada" y que este puede ser promovido mediante demanda electrónica, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales; asimismo que al presentar una demanda en esta vía, se generará: a) un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción; y, b) en la parte final del documento, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente. Finalmente, se aprecia que no se requerirá Firma Electrónica, cuando la demanda de amparo se promueva en términos del artículo 15 párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso se advierte que Juan Conde Pérez, quien se ostenta como defensor particular de José Antonio García Rivera o Antonio García Rivera o Javier Ibarra Gómez, mediante demanda electrónica presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente no especificado de revisión, sustitución y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa penal 54/2010 del índice del Juzgado Penal de Zacatlán, Puebla. Sin embargo, de la boleta de turno remitida vía electrónica por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en esta ciudad, se aprecia que dicha demanda carece de firma electrónica así del promovente y únicamente cuenta con firma autógrafa escaneada, datos que deben tomarse en consideración por los Juzgados de distrito para acordar lo correspondiente. Incluso, de la anotación del oficial de partes de este Juzgado de Distrito, se advierte que la demanda de cuenta carece de firma electrónica así del promovente y únicamente cuenta con firma autógrafa escaneada. Por tanto, si la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es inconcuso que si la demanda en análisis carece de ésta, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada. Máxime, como se precisó anteriormente, en la especie no se advierte que la demanda de amparo se promueva contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, único supuesto que no requiere de firma electrónica para darle trámite. De donde se sigue que la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En virtud de ello, como la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica del promovente, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como defensor del quejoso; de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyo contenido no contravienen lo dispuesto en la Ley de amparo vigente, por disposición expresa del artículo sexto transitorio del ordenamiento citado: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo." "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acredita su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". Por otra parte, ya que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones dicho lugar; por lo que, de conformidad con el precitado numeral y, según lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a José Antonio García Rivera o Antonio García Rivera o Javier Ibarra Gómez el presente acuerdo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Por conducto del personal de seguridad y custodia de dicho Centro Penitenciario, se avoque a la localización de José Antonio García Rivera o Antonio García Rivera o Javier Ibarra Gómez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - juicio de amparo 106/2018-D; d) Le notifique el presente acuerdo; e) Le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, f) Asiente razón en el sentido de si quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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