José Antonio Espejel Mejía
Expediente 1524/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Antonio Espejel Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que obra a fojas trescientos setenta y nueve y trescientos ochenta, constancia de notificación recaída al acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en el expediente 97/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, documental exhibida por el tercero interesado Juan Cisneros Muñoz, en representación de Jorge Ricardo Rosas Gracida. De igual manera, a fojas de la seiscientos veintinueve a la seiscientos veintiuno, la copia cotejada del acta diez mil cuatrocientos noventa y dos y contrato de arrendamiento de quince de noviembre de dos mil dieciséis, remitida por la Corredora Pública número Dos de la Plaza del Estado de Tlaxcala, que anexó a su escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, documental que ofreció el tercero interesado Juan Cisneros Muñoz, en representación de Jorge Ricardo Rosas Gracida, en su escrito exhibido el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, relativo al incidente de objeción de documento promovido en el presente asunto. Así como la certificación de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el Consulado General de México, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, que adjuntó la parte tercera interesada Juan Cisneros Muñoz, en representación de Jorge Ricardo Rosas Gracida, a su escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena poner a disposición de la parte tercera interesada Juan Cisneros Muñoz, en representación de Jorge Ricardo Rosas Gracida, los documentos citados; por el término de noventa días naturales, contado a partir de su legal notificación; apercibido que de no comparecer a recoger los mismos en el término indicado, correrán la suerte del expediente principal sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso José Antonio Espejel Mejía, por el cual manifiesta que ya se dio cumplimiento al acto reclamado, en virtud de que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, dentro de la causa judicial número 526/2021. Visto su contenido, se ordena glosar el mismo únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de la autoridad responsable Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, por el cual informa que en la causa judicial 526/2021, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, donde se encontró presente la persona investigada, aquí tercera interesada María Velázquez Ramírez, junto con su abogado defensor, así como el aquí quejoso José Antonio Espejel Mejía y los Asesores Jurídicos, asimismo, una vez llegada la fase de solicitud de vinculación a proceso, la tercera interesada antes citada, se acogió al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica, por lo que se señaló el día catorce de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de audiencia inicial, en la que se resolvió sobreseer la causa judicial 526/2021, en favor de María Velázquez Ramírez, por el hecho señalado como Insolvencia Fraudulenta en Perjuicio de Acreedores; por lo que la audiencia inicial, comenzó y culminó con el sobreseimiento de dicho asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia auténtica de los índices cronológicos de nueve y catorce de febrero de dos mil veintitrés, así como un disco versátil digital, que contiene las videograbaciones de las referidas audiencias, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Se ordena guardar por separado el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" . La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en su oficio de cuenta, se advierte que en la causa judicial 526/2021, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, donde se encontró presente la persona investigada, aquí tercera interesada María Velázquez Ramírez, junto con su abogado defensor, así como el aquí quejoso José Antonio Espejel Mejía y los Asesores Jurídicos, asimismo, una vez llegada la fase de solicitud de vinculación a proceso, la tercera interesada antes citada, se acogió al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica, por lo que se señaló el día catorce de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de audiencia inicial, en la que se resolvió sobreseer la causa judicial 526/2021, en favor de María Velázquez Ramírez, por el hecho señalado como Insolvencia Fraudulenta en Perjuicio de Acreedores; por lo que la audiencia inicial, comenzó y culminó con el sobreseimiento de dicho asunto. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamaron los siguientes actos: [.] EL ILEGAL APLAZAMIENTO QUE SE HA VENIDO REALIZANDO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL PARA LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, VINCULACIÓN A PROCESO, IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INVESTIGADA MARÍA VELÁZQUEZ RAMÍREZ, DEBIENDO SEÑALAR EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS AUDIENCIA INICIAL.. LA SOLICITUD DE AUDIENCIA INICIAL EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, VINCULACIÓN A PROCESO, IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INVESTIGADA MARÍA VELÁZQUEZ RAMÍREZ [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable informó que en la causa judicial 526/2021, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación y que el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la continuación de audiencia inicial, en la que se resolvió sobreseer la causa judicial 526/2021, en favor de María Velázquez Ramírez, por el hecho señalado como Insolvencia Fraudulenta en Perjuicio de Acreedores, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día tres de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez se encuentra pendiente el emplazamiento a juicio de la tercera interesada ********************. Por tanto, para dar margen a ello, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Asimismo, se advierte de autos que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se facultó al Actuario Judicial adscrito para que asociado de la parte quejosa se constituyera en el domicilio de la tercera interesada ******************** y la emplazara a juicio, para lo cual se concedió a la parte quejosa el término de tres días para dar cumplimiento a ello, sin que a la presente fecha la parte quejosa contactara al Actuario; por tanto, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con lo ordenado en auto de ocho de febrero del año en curso; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, en el término indicado, se procederá a emplazar a juicio a la referida tercera, mediante edictos a su costa. Notifíquese por lista a la parte quejosa y emplácese a juicio a la tercera interesada.
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