José Aniceto Rodríguez Méndez

Expediente 241/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
241/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • José Aniceto Rodríguez Méndez
  • Ma. Laura Lourdes Aguayo Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la que se determinó no conceder el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se negó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, se realizará su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como se advierte en la certificación en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y tres, las constancias que remitió al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente ********************. Finalmente realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la que se determinó no conceder el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se negó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, se realizará su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como se advierte en la certificación en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y tres, las constancias que remitió al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente ********************. Finalmente realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta y un minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 241/2023-I, promovido por José Aniceto Rodríguez Méndez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1. Demanda de amparo presentada por José Aniceto Rodríguez Méndez; 2. Auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se radicó la demanda de amparo y se previno al quejoso; 3. Escrito con registro 4478 del quejoso por el cual da cumplimiento a la prevención; 4. Auto admisorio de quince de marzo de dos mil veintitrés; 5. Oficio TUA.DTO.33/UAJ/511/2023 de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, por el cual rinde su informe justificado y remite diversas constancias; 6. Escritos con folio de registro 7415 y 7739 de la tercera interesada por el cual se apersona a juicio y formula alegatos. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la tercera interesada Ma. Laura Lourdes Aguayo Rojas se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercero interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente 546/2022. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida, admitida y desahogada la prueba antes referida, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la tercera interesada, mediante escrito registrado con el número 7739. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de cuenta sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento; por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 241/2023-I, promovido por José Aniceto Rodríguez Méndez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Número Treinta y Tres; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial el tres de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, José Aniceto Rodríguez Méndez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Número Treinta y Tres. ACTO RECLAMADO: La resolución interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual la autoridad responsable declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia hecha valer dentro del juicio agrario 546/2022, de su índice. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza agraria; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La resolución interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual la autoridad responsable declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia hecha valer dentro del juicio agrario 546/2022, de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente 546/2022, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado. 1.- Mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda promovida por Ma. Laura Lourdes Aguayo Rojas en contra de José Aniceto Rodríguez Méndez, en el que se reclamó la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios, juicio que se radico bajo el número 546/2022 (fojas 1 a 7 y 183 del tomo de pruebas). 2.- Seguida la secuela procesal, la parte demandada José Aniceto Rodríguez Méndez, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en la que, entre otras cuestiones opuso la excepción de incompetencia por materia (fojas 198 a 204 ídem). 3.- El siete de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Agrario responsable declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia planteada por el demandado (fojas 221 a 225 del tomo de pruebas). Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. En principio, es importante precisar que, en la especie no opera la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que ésta solo opera cuando el acto reclamado tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros. Sin embargo, la resolución que se combate por esta vía no se encuentra encaminada a privar algún derecho agrario del quejoso, pues únicamente resolvió un presupuesto procesal; esto es, realizó el estudio de la competencia del Tribunal. Aunado a que en autos tampoco se advierte una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J.23/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 3198, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, con registro: 2000034 de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES.". Establecido lo anterior se tiene que son infundados e inoperantes los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa, de ahí que deba negarse el amparo solicitado, como se explica a continuación. La parte quejosa manifiesta que, la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 1º Constitucional, en virtud de que no se respetó el principio de exhaustividad y congruencia. Asimismo, refiere que el acto que se combate es de imposible reparación toda vez que el inmueble materia de la litis en el juicio agrario se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, por lo que ya no es materia agraria; además, que el Registro Agrario Nacional ya realizó la cancelación de los derechos ejidatarios. Expuesto lo anterior, debe descartase que no asiste razón jurídica a la parte quejosa. Por cuanto hace el primer concepto de violación establecido en el inciso a), consistente en que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 1º Constitucional, en virtud de que no se respetó el principio de exhaustividad y congruencia, el mismo deviene infundado. En esa guisa, a fin de dar contestación a tal concepto de violación, debe decirse que toda resolución emitida por las autoridades debe reunir dos principios fundamentales o requisitos que deben observarse en toda resolución, el de congruencia y el de exhaustividad. El principio de congruencia, en su esencia, está referido a que la sentencia, debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna. De ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber en la sentencia o resolución, respecto a que no se distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las cuestiones planteadas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado. A su vez, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le son sometidos a su consideración, sin omitir uno o algunos de ellos. En otras palabras, dicho principio implica la obligación del órgano jurisdiccional de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos hechos valer oportunamente, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Expuesto lo anterior, contrario a lo que refiere la parte quejosa, se aprecia que el Tribunal Agrario responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad y congruencia al emitir la resolución interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia hecha valer dentro del juicio agrario 546/2022, de su índice. Ello es así, pues la interlocutoria en estudio es congruente con la litis que se planteó, pues su estudio se encaminó únicamente a verificar si en el caso concreto era procedente o no la excepción de incompetencia planteada; además, de su contenido no se aprecia que la autoridad responsable hubiere hecho afirmaciones que se contraigan entre si, o que, se introdujera alguna cuestión que no se hubiera reclamado. De igual manera, se aprecia que la autoridad responsable dio contestación a todos los motivos de inconformidad que hizo valer la parte demandada al oponer su excepción; ello, dado que estableció los motivos del por qué a su consideración es competente para conocer del procedimiento agrario. Asimismo, estableció que las controversias que se deriven de la enajenación de parcelas ejidales realizadas antes de que el Registro Agrario Nacional efectúe la cancelación de los derechos agrarios y expida el título de propiedad respectivo, se surte a favor de los tribunales agrarios, sustentando sus manifestaciones en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172454, de rubro: "PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN EL EJIDATARIO NO HA ADQUIRIDO EL DOMINIO PLENO Y A LOS TRIBUNALES COMUNES SI LA ADQUISICIÓN YA ERA PLENA, SIN QUE PARA RESOLVERLO PUEDA ATENDERSE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada sí dio cumplimento a los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir todas las resoluciones; de ahí que, es infundado el concepto de violación en estudio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.3o.A.J/13 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Página 1187, con registro 187528, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." Finalmente, la parte quejosa en su diverso concepto de violación refiere que el bien inmueble materia de la litis en el juicio agrario se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, por lo que ya no es materia agraria; además, que el Registro Agrario Nacional ya realizó la cancelación de los derechos ejidatarios. Dichos argumentos son inoperantes, toda vez que la parte quejosa no combate las consideraciones que esgrimió el Tribunal Agrario responsable para declarar infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia interpuesta por el demandado José Aniceto Rodríguez Méndez, aquí quejoso. Lo anterior pues la parte quejosa se limita a manifestar que el bien inmueble materia de la litis dejó ser sujeto de materia agraria, sin precisar o proponer argumentos lógico jurídicos a título de conceptos de violación tendentes a combatir los argumentos que llevaron al Tribunal Agrario responsable a declarar infundada la excepción de incompetencia opuesta. Esto es, no precisa la parte quejosa, cuáles son las razones de derecho existentes que permitan concluir que la autoridad responsable resolvió el asunto con infracción a sus derechos humanos. Pues las violaciones que alega la parte quejosa en esta vía constitucional fueron esgrimidas de igual manera ante la autoridad agraria, quién dio contestación a las mismas, pues expresó que la competencia para conocer de las controversias de la enajenación de parcelas ejidales realizadas antes de que el Registro Agrario Nacional efectúe la cancelación de los derechos agrarios y expida el título de propiedad respectivo, se surte a favor de los tribunales agrarios. Además, indicó que si la parte actora pretende la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios de once de abril de dos mil catorce, se considera una acción de naturaleza agraria, porque en esa fecha la parcela materia de controversia todavía se encontraba sujeta al régimen ejidal. En ese sentido, es claro que el quejoso no combate las consideraciones torales que dieron sustento a la resolución reclamada; esto es, no ataca las manifestaciones efectuadas por el Tribunal responsable relativas a que las acciones de enajenación debe observarse el régimen jurídico en que se encontraba el bien inmueble al momento de celebrarse el acto jurídico. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Página 621, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Novena Época, Tomo XXI, página 1138, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Por otro lado, por cuanto hace a las manifestaciones que en vía de alegatos que hizo valer la tercera interesada, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a dar contestación a dichos argumentos, dado que no forman parte de la litis constitucional, aunado a que el sentido de la presente resolución le favorece. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, con número de registro 205449, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." En las relatadas condiciones, al resultar infundado e inoperante los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no Ampara Ni Protege José Aniceto Rodríguez Méndez, contra el acto de la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando SEXTO del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la tercero interesada Ma. Laura Lourdes Aguayo Rojas, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que formula, en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, por cuanto hace al domicilio que precisa y a los profesionistas que señala como autorizados, no ha lugar a proveer al respecto, ya que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Alberto Morales Alfaro, que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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