JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 938/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
938/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ y Otros.
  • José Antonio Delgado Sánchez
  • Agustín Carmona Larios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el presente juicio se trata de un asunto concluido; en tales condiciones, devuélvasele al Juez Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, los tres cd´s que anexó al rendir su informe justificado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la partes.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiuno de octubre del año en curso; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; asimismo, glósense los cuadernos incidentales de suspensión en el estado en que se encuentran y archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por Juan Manuel Hernández Crisanto, mediante el cual exhibe copia certificada de la deducidas del C.l. UIAPIZD-2/53/2016, en razón de que por auto veintiuno de octubre del año en curso, se sobresello el presente juicio de amparo por cesación de efectos.Notifíquese por lista a la partes.Lo proveyó y firma el licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Jesús Federico Rojas Pesquera, con quien actúa.-

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la parte quejosa por escrito recibido en este juzgado el nueve de septiembre del presente año, informó a este juzgado que cesaron los efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, asimismo, dicho director mediante oficio 2193/2016, remitió copias certificadas del acta de sesión ordinaria numero veintitrés del Consejo Técnico Interdisciplinario del indicado centro penitenciario; del oficio de clasificación de diecinueve de agosto del actual; y, del parte de novedades de diecinueve de agosto del año en cita, por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, los quejosos hicieron consistir los actos reclamados en: a) En la discriminación con motivo de las condiciones de internamiento en el que se encuentran, por parte del Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; y b) la resolución de declarar legal al detención dentro de la audiencia inicial celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Mixto del Juzgado del Sistema de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala." Como se advierte del oficio 2193/2016 del Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se determinó la ubicación de los imputados hoy quesos, al habérseles vinculado a proceso, en el área de custodia procesal y para tal efecto se designa la última ala del dormitorio 5, específicamente las estancias 7, 8, 9 y 10, para quedar de la manera siguiente Juan Manuel Hernández Crisanto, dormitorio 5, zona 4, estancia 10, litera 5; Crisanto, José Antonio Delgado Sánchez dormitorio 5, zona 4, estancia 8, litera 4; Gilberto Sánchez Vega dormitorio 5, zona 4, estancia 10, litera 1; y Agustín Carmona Larios dormitorio 5, zona 4, estancia 9, litera 3; por lo que como se puntualizó han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado los quejosos en su libelo de garantías la discriminación con motivo de las condiciones de internamiento en el que se encontraban, por parte del Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala , y durante la tramitación del juicio de amparo, la parte quejosa y la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha diecinueve de agosto del actual, se reubicaron a los quejosos en el centro de penitenciario en el cual se encentran recluidos; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de seis de julio del presente año dictada por el juez responsable, por la cual se declaró legal el control de detención, también, resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. [.]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo transcrito se advierte que, el último de los preceptos legales establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que los quejosos José Antonio Delgado Sánchez Agustín Carmona Larios, Gilberto Sánchez Vega y Juan Hernandez Crisanto, fueron notificado de la resolución de que declaró legal su detención dentro de la audiencia inicial celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Mixto del Juzgado del Sistema de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, en esa misma fecha (seis de julio de 2016). Ello es así, en razón de que de las copias certificadas que remitió el responsable a las cuales se le concede pleno valor probatorio por ser un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se advierte que: El seis de julio de dos mil dieciséis, se emitió la resolución por la cual se calificó de legal la detención y retención de los hoy quejosos, lo que se les notificó en ese mismo momento del dictado de la resolución. Lo anterior pone de manifiesto que los quejosos tuvieron conocimiento de la resolución reclamada, el seis de julio de dos mil dieciséis, fecha de su emisión, por lo que tal fecha constituye el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, al no existir en autos prueba que demuestre lo contrario. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página cinco, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Sentado lo anterior, se tiene que los quejosos José Antonio Delgado Sánchez Agustín Carmona Larios, Gilberto Sánchez Vega y Juan Hernandez Crisanto, fueron notificados del acto reclamado el seis de julio de dos mil dieciséis, fecha en la cual se emitió la resolución en la cual se calificó de legal la detención y retención de los quejosos. Por tanto, se reitera, si los quejosos fueron notificados del acto reclamado el seis julio del presente año; por lo que es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, inició el siete de julio del presente año y concluyó el veintisiete del mismo mes y año, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del mes y año en cita, por ser sábados y domingos, los cuales son inhábiles por la Ley de la materia, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si la demanda que dio origen al presente juicio de garantías se presentó por los quejosos los quejosos José Antonio Delgado Sánchez Agustín Carmona Larios, Gilberto Sánchez Vega y Juan Hernández Crisanto, el quince de agosto de dos mil dieciséis, como se obtiene del sello checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala (foja 3), es evidente que dicha presentación fue extemporánea, ya que a esa fecha ya había fenecido el término de quince días de que se ha hecho referencia; por consiguiente, con apoyo en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página trescientos setenta y dos, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo.". Así, al configurarse la hipótesis de improcedencia señalada, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de declarar legal la detención dentro de la audiencia inicial celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Mixto del Juzgado del Sistema de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, así como su correspondiente ejecución, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Toda vez que el presente asunto, se ha sobreseído por cesación de efectos a petición de la parte quejosa, y por resultar extemporánea la presentación de la demanda de amparo por el diverso acto reclamado, este juzgador estima que no es necesario admitir las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el treinta y uno de agosto del presente año, en razón de que estas fueran obtenidas con el fin de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual no será materia de examen en el presente asunto atendiendo al sentido de esta determinación. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano