Jose Antonio Bernabé García
Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jose Antonio Bernabé García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio de amparo; por lo cual, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el juicio de amparo se aprecia que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa a efecto de que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (se transcribe): "(I) Emita una nueva determinación, en donde, de manera fundada y motivada (en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales), verifique si las entidades financieras dieron cumplimiento, dentro del término que les otorgó, al requerimiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, y de no ser así haga efectiva al infractor la medida de apremio de multa con que apercibió en el auto de requerimiento." 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento la responsable realizó lo siguiente: A través de los oficios 4224 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copias certificadas del convenio celebrado el tres de julio de dos mil veintitrés y comparecencias de dos y veintinueve de agosto y veinticinco de septiembre del año en curso, de las que se advierte que las partes llegaron a una conciliación para para dar cumplimiento al laudo de origen, para lo cual la parte demandada se obligó a pagar la cantidad de $12, 000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 moneda nacional), en pagos parciales, siendo el primero de ellos en el mes de julio de este año y culminando en diciembre de dos mil veintitrés. Además, convinieron que en caso de incumplimiento de la parte demandada el convenio celebrado se dejaría sin efectos y la parte actora podrá continuar con el procedimiento de ejecución en apego a los efectos de los diversos proveídos emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje residente en esta ciudad, en el expediente laboral de origen. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que existe imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia que no es posible que la autoridad responsable emita una nueva determinación, en donde, de manera fundada y motivada verifique si las entidades financieras dieron cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************; ello debido a que las partes llegaron a un convenio respecto del cumplimiento del laudo, motivo por el que, el procedimiento de ejecución se suspendió hasta en tanto la parte demandada realice el último pago parcial al que se obligó, pues en caso de incumplimiento en términos de la cláusula séptima podrá continuarse el procedimiento de ejecución. De ahí que, dada la suspensión del procedimiento de ejecución en razón del convenio celebrado y al estar supeditada su continuación a su cumplimiento, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo. Corolario a lo anterior, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que establece dicho precepto, provéase lo correspondiente. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, visible a página 274, con número de registro 2017828, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Por último, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos del presente juicio, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra AMPARA ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Francisca Castro Romero, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia legible y autorizada en la que acredite que: I. Emita una nueva determinación, en donde, de manera fundada y motivada (en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales), verifique si las entidades financieras dieron cumplimiento, dentro del término que les otorgó, al requerimiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 221/2009 y su acumulado 553/2009, y de no ser así haga efectiva al infractor la medida de apremio de multa con que apercibió en el auto de requerimiento. Se apercibe a Francisca Castro Romero, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 614/2023-A, promovido por ************************************ a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez; en audiencia pública la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Jaime González García Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos (que obran tanto en el expediente físico como en el electrónico), entre las cuales destacan de manera preponderante, las siguientes: (...) Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por**************************************** a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, en lo concerniente al acto II reclamado a las autoridades relacionadas como [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] y [9]; en términos de lo expuesto en el considerando TERCERO de la presente sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protegea *****************************, respecto del acto I reclamado al [1] Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero; en virtud de lo expuesto en el considerando SEXTO y para los efectos precisados en el diverso considerando SÉPTIMOde la presente sentencia. TERCERO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, primero de agosto de dos mil veintitrés. En un inicio visto el oficio y anexo signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la totalidad de las constancias emitidas en el expediente laboral ********* y su acumulado ******** su índice; por tanto, téngasele por desahogado el requerimiento formulado en el citado auto. Ahora bien, como dichas constancias forman parte del informe justificado rendido por la responsable de referencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto." Luego, en razón del volumen de las constancias que remite la responsable de mérito y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio, entresello y rúbrica correspondientes. Notifíquese.
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