Jose Antonio Bernabé García

Expediente 939/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
939/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Jose Antonio Bernabé García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    * Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón, en su carácter de Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, personalidad que tiene reconocida en autos (foja 48); en atención a su contenido, dígase que tal petición la deberá hacer valer ante la autoridad responsable, pues aquí únicamente se le dio vista respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en autos y una vez que fenezca la vista otorgada a la parte quejosa, este órgano federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. *

  2. Principal

    ********** Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 108 a 109), remite copia certificada del auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente ********y cédulas de notificación realizadas a las partes del citado auto, así como el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo: Fueron para que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, acreditara que: Notificó a las partes el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen. Certificó el vencimiento del plazo de tres días otorgados en auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve. Emitió el acuerdo congruente, fundado y motivado que corresponda al escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó tener a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no justificando el impedimento legal para cumplir el laudo y hacer efectivas las medidas de apremio que le fueron fijadas. En ese orden de ideas, se aprecia que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, remitió copia certificada del auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente D.O. 221/2009 y cédulas de notificación realizadas a las partes del citado auto, por lo cual ha cumplido de manera parcial con la ejecutoria de amparo, sin embargo, no ha cumplido con el tercer punto que es emitir el acuerdo relativo al escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 7 y 8), sin que pase inadvertido por el suscrito juzgador que la responsable anexó el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, no obstante ello en el mismo no hace referencia a la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad laboral Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, acredite que: Emitió el acuerdo congruente, fundado y motivado que corresponda al escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó tener a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no justificando el impedimento legal para cumplir el laudo y hacer efectivas las medidas de apremio que le fueron fijadas. Apercibido Ricardo Quiñonez Orozco Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. ********

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 101 a 103). Atento a ello, en atención a su solicitud de prórroga que refiere, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable sólo un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, para que remita copia certificada de la que se advierta que: Notificó a las partes el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen. Certificó el vencimiento del plazo de tres días otorgados en auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve. Emitió el acuerdo congruente, fundado y motivado que corresponda al escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó tener a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no justificando el impedimento legal para cumplir el laudo y hacer efectivas las medidas de apremio que le fueron fijadas. Cabe destacar, que la ampliación del plazo otorgado en líneas precedentes es el que este órgano jurisdiccional considera razonable, estrictamente determinado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/3 (10a.), de la Décima Época, con número de Registro: 2008045, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , libro 12, noviembre de 2014, tomo IV materia(s): Común, Página: 2790 de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga." Finalmente, se apercibe a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, por conducto de su titular Ricardo Quiñonez Orozco, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238 , 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos del presente juicio de amparo, la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos a (fojas 78 a 88). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad laboral Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias legibles y autorizadas de las constancias en las que acredite que: Notificó a las partes el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen. Certificó el vencimiento del plazo de tres días otorgados en auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve. Emitió el acuerdo congruente, fundado y motivado que corresponda al escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó tener a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no justificando el impedimento legal para cumplir el laudo y hacer efectivas las medidas de apremio que le fueron fijadas. Apercibido Ricardo Quiñonez Orozco Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, con número de registro 2000099 del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

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