José Antonio Adame Ávila
Expediente 1196/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Antonio Adame Ávila
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas 20 a 23), mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
AUTO. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil quince. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio mediante el cual la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remite el juicio de amparo 1163/2015, promovido por José Antonio Adame Ávila, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1196/2015, fórmese expediente, y cámbiese de carátula. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, quien esto acuerda advierte, por cuanto hace al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en: ".a.- De la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable Ordenadora(s), señalo como acto reclamado LA ILEGAL RE SOLUCIÓN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 205, DICTADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO QUEJOSO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2015, DICTADO EN AUTOS DE LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 10/2015 DEL INCIDE DEL JUZGADO RESPONSABLE. - - - b.- de la autoridad señalada como responsable ejecutora, señalo como acto reclamado LA NOTIFICACIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DICTADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO QUEJOSO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2015, DICTADO EN AUTOS DE LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 10/2015 DEL INCIDE DEL JUZGADO RESPONSABLE.", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En tal virtud, las determinaciones reclamadas no se consideran actos de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que no son determinaciones que traigan aparejada en sí un daño en contra de su persona o de su patrimonio, toda vez que los actos reclamados constituyen actos emitidos dentro de la tercería excluyente de dominio, y la consecuencia de los actos reclamados es que el procedimiento continúe y culmine con el dictado de una sentencia que puede ser favorable a los intereses de la hoy quejosa; con lo que quedarían reparadas las violaciones que por esta vía combate y si no lo es, su ataque debe realizarse a través del amparo directo en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, si es que la sentencia definitiva que se pronuncie le es adversa en función de dichas violaciones; en este sentido, como quedó advertido no tienen un perjuicio de imposible reparación ya que se dará continuidad al procedimiento de origen, quedando por tanto el Juez del conocimiento obligado a dictar la resolución pertinente, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento la parte quejosa pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto, resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona sus intereses de forma directa e inmediata, y en virtud de que dichos actos reclamados no se encuentran en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, lo que conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis número v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Como lo solicita el impetrante en el escrito inicial de demanda, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los profesionistas nombrados en el escrito de cuenta, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. En otro orden, por lo que respecta a la designación de representante común que hace el quejoso en su escrito de cuenta de la profesionista Yanelly Buenaventura Herrera, en atención al artículo 13 de la ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que el arábigo de trato nos menciona que solamente se designa representante común a los quejosos y no a sí a los autorizados. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma César Hernández Serrano, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante circular CCJ/07/2015, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
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