José Antonio Alcauter Guzmán

Expediente 1306/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1306/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Alcauter Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá DESTRUIRSE. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable allegó al presente juicio las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibida a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Aviso de cambio de titular Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Integración Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario judicial adscrito de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 16480/2020 dirigido al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Morelia, para notificarle la sentencia de diez de diciembre del año en curso, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, se ordena reservar en la actuaria del juzgado el comunicado en comento a fin de que sea entregado a la autoridad responsable una vez que reanude sus labores.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-1306/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, José Antonio Alcauter Guzmán, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y previo cumplimiento de un auto preventivo, este juzgado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda, la admitió a trámite y registró con el expediente 1306/2019; solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; emplazó a la Delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor dado el carácter de tercero interesado que le fue reconocido y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede, por lo que es oportuno dictar la sentencia que en derecho corresponde. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por omisiones que se atribuyen a un tribunal de trabajo residente dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los datos que se desprenden del resto de las actuaciones se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de proveer de lo necesario para lograr la ejecución del laudo emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral 814/2015, esto es, una omisión genérica que se atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, que se verifica en el procedimiento de ejecución de laudo. Sin embargo, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en el juicio de amparo se analizan actos u omisiones que contravienen el derecho de acceso a la justicia, específicamente las garantías vinculadas con la expedites -que su aspecto negativo contiene una cláusula de interdicción o prohibición de dilatar los trámites o realizar aquellos que resulten innecesarios o intrascendentes-, el estudio de la constitucionalidad y una eventual concesiva de la protección solicitada, debe ceñirse a la etapa procesal del procedimiento laboral en que se sitúa la violación. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó en la tesis CV/2013(10a.) los siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En ese mismo sentido, en la tesis de Jurisprudencia 15/2011 (10a.), estableció lo siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En ese orden, el análisis de la constitucionalidad planteada por el quejoso no puede realizarse a partir de una omisión genérica, sino que debe constreñirse a un punto específico del procedimiento de ejecución, que en el caso lo es la omisión de acordar la promoción de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en que se solicitó que, continuando con el procedimiento de ejecución hiciera efectivo los apercibimientos de aplicar los medios de apremio decretados a la entidad demandada y que resultó con condena en el laudo pronunciado en el expediente laboral 814/2015. Lo que se afirma en ese sentido porque en la demanda de amparo, nominalmente hablando el acto reclamado se fijó de forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- De la autoridad responsable se reclama el VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENE EL QUEJOSO A UN PROCESO SIN DILIACIÓN Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, ante omisión del Presidente de la Junta para dictar todas las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado en el juicio de origen, específicamente la omisión del Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar todas las medidas necesarias para ejecutar el laudo de fecha 27 veintisiete de septiembre de 2017, dicado en el juicio especial de origen, que se registra bajo el número de expediente 814/2015 conforme lo disponen los artículos 618 fracción II, 643 fracción II, 940, 945, 946, y relativos de la Ley Federal del Trabajo.- B).- La omisión del Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para hacer valer su propio acuerdo de fecha 21 veintiuno de junio de 2019, dos mil diecinueve, al omitir aplicar a la demandada las sanciones ahí decretadas, como son el pago de una multa y omitir dar respuesta a mi escrito de fecha 06 de septiembre de 2019, dos mil diecinueve. Lo anterior pone de manifiesto, que la verdadera intención del quejoso es que se analice la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, de acordar la solicitud del quejoso formulada el seis de septiembre de dos mil diecinueve en donde se concreta la petición de que se hagan efectivo los apercibimientos decretados en los autos del juicio subyacente, para vencer la contumacia de la entidad que resultó condenada en el laudo que se ejecuta. Por tanto, el acto reclamado en el juicio es precisamente la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el seis de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierta la omisión que se reclama al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, pues no obstante que al rendir el informe justificado adujo que "NO EXISTE", del contenido del informe en comento y de la copia certificada del expediente laboral en lo relativo al procedimiento de ejecución, se advierte que el acuerdo con el que se dio respuesta al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió hasta ale trece de diciembre de dos mil diecinueve, esto es, veintidós días después de que se presentó la demanda de amparo (veintidós de noviembre de dos mil diecinueve). En ese sentido, dado que las omisiones que se verifican en la substanciación de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben analizarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda, de manera que, si cuando esta se promovió no existía el acto jurídico que cumple con la obligación de dar respuesta a una petición, la omisión como tal, si se acredita el deber jurídico que tenía la autoridad responsable de dar respuesta, existe. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese sentido, si la parte quejosa logró demostrar que formuló una solicitud dentro del procedimiento de ejecución del laudo, con ello se acredita el deber jurídico de la autoridad responsables de emitir una cuerdo, no necesariamente favorable a las pretensiones del quejoso, sino conforme a derecho resultara procedente, y si tal acuerdo no se emitió antes de la presentación de la demanda, debe concluirse que la omisión como tal existe. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una institución que se encuentra estructurada, en hipótesis normativas que cuando se actualizan, impide que se analice el fondo de la controversia planteada porque ello resultaría contrario a los principios en los que descansa el juicio de amparo, su estudio es de orden preferente lo aleguen o no las partes, porque se relaciona con los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción de amparo. En el caso, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, en los escritos presentados el dos de enero, dieciocho de febrero y cinco de agosto todos del dos mil veinte, informó que el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, fue acordado el trece de diciembre de ese mismo año, y para acreditar tal aserto acompañó al informe copia del acuerdo en comento (página 22, expediente digital), del que se aprecia que efectivamente el escrito en cuestión fue acordado, incluso de forma favorable para el quejoso, ya que se hicieron efectos los medios de apremio que se encontraban decretados en autos, ya que se impuso a la parte reo del juicio laboral una multa por la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos venta y ocho pesos 00/100 M.N.). Incluso, con posterioridad a ese proveído se emitieron los de dieciocho de febrero de dos mil veinte (página 34, ibídem) y veintiocho de julio de dos mil veinte, en los que se continuó requiriendo a la autoridad responsable el cumplimiento del laudo y la información respectiva requerida por la Administración Desconcentrada "1" de Recaudación Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria, para poder hacer efectivas las multas impuestas en autos. Constancias con las que acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene de las actuaciones enunciadas, la omisión de acordar el escrito por el cual se impulsó el procedimiento de ejecución de laudo ya se resarció, porque la autoridad responsable proveyó sobre la petición en comento y aplicó los medios de apremio de que dispuso para obligar a la entidad reo a cumplir con lo laudado. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclama dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a cumplir, por su parte, lo que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y emitir el acuerdo correspondiente lo que en el caso ya sucedió. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Alcauter Guzmán Trejo, contra los actos que reclamó al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-1306/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, José Antonio Alcauter Guzmán, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y previo cumplimiento de un auto preventivo, este juzgado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda, la admitió a trámite y registró con el expediente 1306/2019; solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; emplazó a la Delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor dado el carácter de tercero interesado que le fue reconocido y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede, por lo que es oportuno dictar la sentencia que en derecho corresponde. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por omisiones que se atribuyen a un tribunal de trabajo residente dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los datos que se desprenden del resto de las actuaciones se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de proveer de lo necesario para lograr la ejecución del laudo emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral 814/2015, esto es, una omisión genérica que se atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, que se verifica en el procedimiento de ejecución de laudo. Sin embargo, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en el juicio de amparo se analizan actos u omisiones que contravienen el derecho de acceso a la justicia, específicamente las garantías vinculadas con la expedites -que su aspecto negativo contiene una cláusula de interdicción o prohibición de dilatar los trámites o realizar aquellos que resulten innecesarios o intrascendentes-, el estudio de la constitucionalidad y una eventual concesiva de la protección solicitada, debe ceñirse a la etapa procesal del procedimiento laboral en que se sitúa la violación. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó en la tesis CV/2013(10a.) los siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En ese mismo sentido, en la tesis de Jurisprudencia 15/2011 (10a.), estableció lo siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En ese orden, el análisis de la constitucionalidad planteada por el quejoso no puede realizarse a partir de una omisión genérica, sino que debe constreñirse a un punto específico del procedimiento de ejecución, que en el caso lo es la omisión de acordar la promoción de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en que se solicitó que, continuando con el procedimiento de ejecución hiciera efectivo los apercibimientos de aplicar los medios de apremio decretados a la entidad demandada y que resultó con condena en el laudo pronunciado en el expediente laboral 814/2015. Lo que se afirma en ese sentido porque en la demanda de amparo, nominalmente hablando el acto reclamado se fijó de forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- De la autoridad responsable se reclama el VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENE EL QUEJOSO A UN PROCESO SIN DILIACIÓN Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, ante omisión del Presidente de la Junta para dictar todas las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado en el juicio de origen, específicamente la omisión del Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar todas las medidas necesarias para ejecutar el laudo de fecha 27 veintisiete de septiembre de 2017, dicado en el juicio especial de origen, que se registra bajo el número de expediente 814/2015 conforme lo disponen los artículos 618 fracción II, 643 fracción II, 940, 945, 946, y relativos de la Ley Federal del Trabajo.- B).- La omisión del Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para hacer valer su propio acuerdo de fecha 21 veintiuno de junio de 2019, dos mil diecinueve, al omitir aplicar a la demandada las sanciones ahí decretadas, como son el pago de una multa y omitir dar respuesta a mi escrito de fecha 06 de septiembre de 2019, dos mil diecinueve. Lo anterior pone de manifiesto, que la verdadera intención del quejoso es que se analice la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, de acordar la solicitud del quejoso formulada el seis de septiembre de dos mil diecinueve en donde se concreta la petición de que se hagan efectivo los apercibimientos decretados en los autos del juicio subyacente, para vencer la contumacia de la entidad que resultó condenada en el laudo que se ejecuta. Por tanto, el acto reclamado en el juicio es precisamente la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el seis de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierta la omisión que se reclama al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, pues no obstante que al rendir el informe justificado adujo que "NO EXISTE", del contenido del informe en comento y de la copia certificada del expediente laboral en lo relativo al procedimiento de ejecución, se advierte que el acuerdo con el que se dio respuesta al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió hasta ale trece de diciembre de dos mil diecinueve, esto es, veintidós días después de que se presentó la demanda de amparo (veintidós de noviembre de dos mil diecinueve). En ese sentido, dado que las omisiones que se verifican en la substanciación de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben analizarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda, de manera que, si cuando esta se promovió no existía el acto jurídico que cumple con la obligación de dar respuesta a una petición, la omisión como tal, si se acredita el deber jurídico que tenía la autoridad responsable de dar respuesta, existe. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese sentido, si la parte quejosa logró demostrar que formuló una solicitud dentro del procedimiento de ejecución del laudo, con ello se acredita el deber jurídico de la autoridad responsables de emitir una cuerdo, no necesariamente favorable a las pretensiones del quejoso, sino conforme a derecho resultara procedente, y si tal acuerdo no se emitió antes de la presentación de la demanda, debe concluirse que la omisión como tal existe. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una institución que se encuentra estructurada, en hipótesis normativas que cuando se actualizan, impide que se analice el fondo de la controversia planteada porque ello resultaría contrario a los principios en los que descansa el juicio de amparo, su estudio es de orden preferente lo aleguen o no las partes, porque se relaciona con los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción de amparo. En el caso, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, en los escritos presentados el dos de enero, dieciocho de febrero y cinco de agosto todos del dos mil veinte, informó que el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, fue acordado el trece de diciembre de ese mismo año, y para acreditar tal aserto acompañó al informe copia del acuerdo en comento (página 22, expediente digital), del que se aprecia que efectivamente el escrito en cuestión fue acordado, incluso de forma favorable para el quejoso, ya que se hicieron efectos los medios de apremio que se encontraban decretados en autos, ya que se impuso a la parte reo del juicio laboral una multa por la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos venta y ocho pesos 00/100 M.N.). Incluso, con posterioridad a ese proveído se emitieron los de dieciocho de febrero de dos mil veinte (página 34, ibídem) y veintiocho de julio de dos mil veinte, en los que se continuó requiriendo a la autoridad responsable el cumplimiento del laudo y la información respectiva requerida por la Administración Desconcentrada "1" de Recaudación Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria, para poder hacer efectivas las multas impuestas en autos. Constancias con las que acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene de las actuaciones enunciadas, la omisión de acordar el escrito por el cual se impulsó el procedimiento de ejecución de laudo ya se resarció, porque la autoridad responsable proveyó sobre la petición en comento y aplicó los medios de apremio de que dispuso para obligar a la entidad reo a cumplir con lo laudado. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclama dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a cumplir, por su parte, lo que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y emitir el acuerdo correspondiente lo que en el caso ya sucedió. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Alcauter Guzmán Trejo, contra los actos que reclamó al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

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