José Ángel Muñoz Fernández
Expediente 1033/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ángel Muñoz Fernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de diciembre pasado que desechó de plano la demanda promovida por José Ángel Muñoz Fernández, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Toda vez que en el juicio en que se actúa no se exhibieron documentos originales no se hace pronunciamiento respecto a su devolución. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por José Ángel Muñoz Fernández, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral de la demanda de amparo y fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: El auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decreta una orden de lanzamiento dentro del juicio 344/2015 para el cinco de diciembre del año actual a las catorce horas. En efecto, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (.)". El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de garantías que se intente contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos, proveídos, actos de autoridad o cualquier otro acto de tramitación que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría que se tramitaran juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables, así como la indebida revisión de los actos de un órgano de control constitucional por otro de igual naturaleza, en un juicio que tiene ese fin. La porción normativa invocada establece la inimpugnabilidad mediante el juicio de amparo indirecto de las resoluciones emitidas tanto en amparos como en ejecución de los mismos; mandamiento del que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes, por lo que es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores no se obstaculicen al tratar de cumplimentar lo allá dispuesto, así como evitar que una cuestión ya debatida y resuelta sea controvertida, lo que atentantaría contra la naturaleza de la cosa juzgada y eficacia refleja de la misma y produciría incertidumbre jurídica por desencadenar una serie de juicios de amparo sobre una cuestión concluida. La causal invocada, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones o actos emitidos en un juicio constitucional o en cumplimentación de aquéllas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando, como se dijo, de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente diversos actos, por ejemplo, cuando se ordena restituir a un quejoso en el goce de su derecho violado y, para tal efecto, ejecute diversas acciones tendentes a lograr tal restitución. Anotado lo anterior, debe convenirse en que, en el caso, se surte la hipótesis de improcedencia que ha sido anunciada, por lo que a continuación se apunta: Constituye un hecho notorio, que ante este juzgado se tramita el juicio de amparo IV-1199/2017, promovido por Adolfo Ponce Flores, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y actuario de su adscripción, de quien reclamó todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 344/2015 del índice de ese órgano jurisdiccional. De las constancias que integran dicho juicio de amparo se advierte que Adolfo Ponce Flores, figura como parte demanda en el juicio ordinario civil 344/2015, en el que se ejerció en su contra la acción real reivindicatoria respecto del predio ubicado en el número 848, de la calle Junta de Jaujilla y/o en el inmueble ubicado entre los números 820 y 850, frente al 841 de la calle Junta de Jaujilla, en la colonia Jaujilla, en esta ciudad de Morelia. En ese orden, cuando el citado Ponce Flores acudió a solicitar la protección constitucional mediante el juicio de amparo IV-1199/2017, adujo que ya había sido lanzado de dicho inmueble como consecuencia de la sentencia dictada en el juicio civil de mérito. La anterior circunstancia fue corroborada al momento de dictar la ejecutoria del aludido juicio de amparo en cuya parte conducente se estableció lo siguiente: f) Sentencia que se declaró ejecutoriada mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, elevándose a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar (folio 206); ejecutándose en sus términos mediante diligencia de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en que se puso en posesión real y material del inmueble en cuestión a la parte actora (fojas 216 a 218 del tomo uno de pruebas). De lo expuesto se desprende que en el diverso juicio de amparo IV-1199/2017, quedó acreditado que, al momento de presentar la demanda de derechos humanos respectiva, el aludido Ponce Flores ya había sido lanzado del bien inmueble citado, como consecuencia de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 344/2015; sentencia que reclamó como consecuencia de no haber sido emplazado debidamente a juicio. Luego, una vez tramitado el juicio de amparo, el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 344/2015, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de mayo de dos mil dieciséis. 2) Proceder a ordenar el llamamiento a juicio del demandado, aquí quejoso Adolfo Ponce Flores, con las formalidades de ley; para lo cual deberá ser emplazado en el domicilio señalado para tal efecto, el ubicado en el número 119 de la calle Periódico el Federalista, en el fraccionamiento Andrés Quintana Roo, en esta ciudad. Resolución que por ejecutoria de veinticinco de octubre siguiente, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, se confirmó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, materia común, Libro 55, junio de 2018, tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época del rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En ese orden de ideas, el pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia y actuario de su adscripción, informando que dejó insubsistente el todo lo actuado en el juicio subyacente [344/2015], ordenó llamar a juicio al demandado Adolfo Ponce Flores y a fin de restituirlo en el goce del derecho violado, señaló las catorce horas del cinco de diciembre del año en curso, para ponerlo en posesión real y material del inmueble del cual había sido lanzado, como consecuencia de un juicio reivindicatorio, en el que no fue emplazado debidamente; lo anterior, tal como se corrobora del contenido de dicho auto que obra en el juicio de amparo IV-1199/2017 del índice de este juzgado cuya parte conducente se inserta a continuación: Ahora, de la demanda de amparo se desprende que el promovente manifiesta que tiene en posesión el inmueble ubicado en el número 848, de la calle Junta de Jaujilla y/o en el inmueble ubicado entre los números 820 y 850, frente al 841 de la calle Junta de Jaujilla, en la colonia Jaujilla, en esta ciudad de Morelia, con motivo de un contrato de arrendamiento celebrado por Carlos Alberto González González, en cuanto arrendador y el quejoso como arrendatario. También indica que en los autos del juicio 344/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó auto en el que se señalaron las catorce horas del cinco de diciembre de dos mil dieciocho para el lanzamiento del referido inmueble y del cual indica es arrendatario. De acuerdo a lo expuesto se evidencia que la determinación que hoy combate el quejoso, ostentándose tercero extraño al juicio, fue emitida a fin de dar cumplimiento a un fallo protector, pues en la misma se ordenó al juez responsable que se dejara insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 344/2015, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de mayo de dos mil dieciséis. En ese orden, si dentro de las actuaciones que se habían llevado a cabo en el juicio civil citado se encontraba la relativa al lanzamiento del quejoso, es indudable que la orden contenida en el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho de ponerlo en posesión real y material del inmueble del que fue lanzado, no es otra cosa sino la consecuencia del mandato dictado en la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional. Pues como ha quedado expuesto, en la ejecutoria del amparo IV-1199/2017 se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 344/2015, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de mayo de dos mil dieciséis, en tanto que el lanzamiento que se proyectó sobre Adolfo Ponce Flores [quejoso en el diverso amparo IV-1199/2017] constituye una actuación posterior a la diligencia de emplazamiento que se ordenó reponer. Por tanto, se insiste, la orden contenida en el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho se trata de la consecuencia lógica y jurídica inmediata de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo IV-1199/2017, en la cual, a fin de cumplir el mandato dictado en dicha ejecutoria -dejar insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento-, debe ponerse en posesión real y material del bien inmueble descrito en favor de Adolfo Ponce Flores, determinación en contra de la cual, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo. En conclusión, al haberse emitido el acto reclamado en estricto cumplimiento a una ejecutoria de amparo, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 57/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia constitucional común, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. En virtud de lo expuesto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por José Ángel Muñoz Fernández. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizada a Osvaldo Vega Fernádez, quien gozará de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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