José Antonio Estrada Medina

Expediente 957/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
957/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Estrada Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ ANTONIO ESTRADA MEDINA, POR SÍ Y EN CUANTO REPRESENTA TE LEGAL DE LOS MENORES MATÍAS ANONIO Y MÍA ELIZABETH, AMBOS DE APELLIDOS ESTRADA GUERRERO. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: BEATRIZ ÁLVAREZ SOTELO, POR SÍ U EN CUANTO REPRESENTNATE LEGAL DE LA MENOR DALIA SOFÍA ESTRADA ÁLVAREZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA Y PARTE QUEJOSA: BEATRIZ ÁLVAREZ SOTELO, POR SÍ U EN CUANTO REPRESENTNATE LEGAL DE LA MENOR DALIA SOFÍA ESTRADA ÁLVAREZ Y JOSÉ ANTONIO ESTREDA MEDINA, POR SÍ Y EN CUANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES MATÍAS ANTONIO Y MÍA ELIZABETH, AMBOS DE APELLIDOS ESTRADA GUERRERO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 144 a 153), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por José Antonio Estrada Medina. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la tercera interesada Beatriz Álvarez Sotelo por sí y en representación de la menor D.S.E.A. interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de mayo pasado (fojas 239 a 242). Recurso del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito quien, mediante ejecutoria de seis de diciembre de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia recurrida (fojas 261 a 270) Por auto de diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 271 y 272), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial remitió copia certificada de los autos de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 280 y 281). Bajo ese contexto, por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 282), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. De lo anterior, el siete de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado determinó que no se encontraba totalmente cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que de nueva cuanta se requirió a la responsable para que: fijara una pensión alimenticia provisional atento a lo dispuesto por el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado, en la que emitiera los fundamentos y motivos para sustentar su determinación, ello sin perjuicio de que tomara en consideración los medios de convicción que tuviera a la vista para resolver lo conducente, atendiendo el principio de proporcionalidad base de la obligación alimentaria. (fojas 291 a 294). Asimismo, la autoridad responsable remitió el oficio 301/2019 al que anexó copia certificada de la resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 306 a 322). Por auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 323), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial: Dejara sin efectos el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete y, En su lugar, dictara otro en el que fijara una pensión alimenticia provisional atento a lo dispuesto por el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado, en la que emitiera los fundamentos y motivos para sustentar su determinación, ello sin perjuicio de que tomara en consideración los medios de convicción que tuviera a la vista para resolver lo conducente, atendiendo el principio de proporcionalidad como base de la obligación alimentaria (foja 152 vuelta). Al respecto, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial realizó lo siguiente: Mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve: Dejó insubsistente el acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete (foja 280 vuelta). El catorce de febrero de dos mil diecinueve determinó: Que el artículo 462 del código Familiar Michoacán, dispone que para decretar alimentos a favor de quien tenga derecho a recibirlos se deben cumplir los requisitos siguientes: 1.- se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. 2.- se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos, y; 3.- se acredite la urgencia y necesidad de los alimentos. Así, para determinar que se cumplían dichos requisitos, precisó en relación al punto 1, se acreditaba copia certificada del acta de nacimiento de la menor D.S.E.A, por lo que le asiste el derecho a la menor de recibir alimentos de su progenitor -aquí quejoso-. En relación al segundo requisito, tomó en consideración las pruebas siguientes: De los medios de prueba descritos, determinó que los nombres de José Antonio Estrada Medina y/o José Antonio Estrada correspondían a una sola persona, con capacidad económica para ministrar un pensión alimenticia en favor de la menor D.S. E.A.. Y en relación al tercer requisito, la autoridad responsable precisó que siendo menor de edad D.S.E.A. contaba con la presunción de necesitar alimentos, ya que no estaba en condiciones de valerse por sí misma, dependiendo completamente de la atención y cuidado de sus padres. De igual forma tomó en consideración las condiciones de vida, salud, sexo, entre otras cuestiones como las siguientes: La menor tiene once años. Requiere de alimentación balanceada, gastos médicos, farmacéuticos y, de ser necesario, hospitalarios, además de los servicios básicos con que cuenta el inmueble que habita, además cubrir las necesidades de vestido, calzado, artículos de aseo personal y lo necesario para llevar a cabo sus actividades cotidianas y de esparcimiento. Asiste a una escuela pública. Vive con su madre en Zihuatanejo, en la casa de sus abuelos, su madre tiene treinta y tres años y tiene una remuneración de cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos treinta centavos. La madre cumple los términos del artículo 450 del Código Familiar, ya que tiene a su lado a la menor, le proporciona vivienda, la cuida, proporciona atención médica al estar afiliada al ISSSTE. Respecto al padre de la menor, tiene treinta y cuatro años, está en condiciones de cubrir tanto sus necesidades como las de la menor, al ser empleado de una empresa. Se debe tomar en cuenta que, aunque el padre se encuentre fuera del hogar conyugal, es obvio que él debe de invertir de igual forma en la manutención derivada de su propia subsistencia. Asimismo, que el obligado alimentista verifica un descuento por concepto de infonavit por la adquisición de un inmueble en que vive con su esposa y sus dos menores hijos. Todo lo anterior sirvió para que la autoridad responsable fijara un monto de pensión alimenticia a favor de la menor D.S.E.A de un 20% veinte por ciento del total de las percepciones monetarias ordinarias, extraordinarias, adicionales y de cualquier otra índole que le son cubiertas al deudor alimentista en cuanto empleado de la empresa Administracion RH Autocom de México S.A. de C.V, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 464 del Código Familiar. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó sin efectos el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete y dictó otro, en el que emitió los motivos y fundamentos para sustentar su determinación, tomando en consideración los medios de convicción que tenía a la vista para fijar el monto de la pensión alimenticia a favor de la menor D.S.E.A.. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó sin efectos el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete y dictó otro, en el que emitió los motivos y fundamentos para sustentar su determinación, tomando en consideración los medios de convicción que tenía a la vista para fijar el monto de la pensión alimenticia a favor de la menor D.S.E.A.; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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