Jose Angel Sanchez Morales
Expediente 719/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Jose Angel Sanchez Morales
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de seis de octubre del año en curso, al quejoso ********************, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser personal del jurídico del Centro de Reinserción Social La Mesa de esta ciudad, le informó que el quejoso antes aludido ya no se encontraba recluido en dicho cereso al haber obtenido su libertad el día seis de octubre del año en curso. En virtud de lo anterior, requiérase al promovente ********************, para que al momento de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la misma, manifieste a este juzgadora si tiene conocimiento dónde se encuentra detenido el agraviado ********************, o bien, lo presente ante este juzgado a efecto de que manifieste ante la presencia judicial si es su deseo ratificar la demanda presentada a su favor. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en razón de que se inferirá que no tiene interés en que continúe el trámite del presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 719/2022-VI. Análisis y precisión del acto reclamado. El promovente Omar Parra Vega, en representación de José Ángel Sánchez Morales, reclama del Centro de Readaptación Social, la privación ilegal de la libertad del quejoso, de la que esta siendo objeto el directamente agraviado. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que en el caso no se actualiza una privación de la libertad fuera de procedimiento, ya que si bien señala como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, de los antecedentes que narra en su escrito de demanda se advierte que el directo quejoso cuenta con dos causas penales siendo las 794/2019 y 101/2019, ambas del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, en las cuales dice se le dictó prisión preventiva justificada, por lo que se aprecia que dicha privación no es fuera de procedimiento; sin prejuzgar si en dichas causas penales se le concedió o no el beneficio a que hace referencia o si se decretó la suspensión condicional del proceso. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Por lo que se reitera, si la parte quejosa reclama la privación ilegal de la libertad por parte del Centro de Reinserción Social con sede en esta ciudad, este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que el directo quejoso cuenta con dos causas penales siendo las 794/2019 y 101/2019, ambas del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, es decir, la responsable es autoridad competente para ejecutar la privación de la libertad decretada por algún órgano jurisdiccional ya sea preventiva o punitiva. Sin perjuicio, que una vez que el quejoso ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente un tanto de las copias que solicita; ello, previa razón que por su recibo se deje para constancia. Ahora, toda vez que la demanda fue presentada por Omar Parra Vega a favor de José Ángel Sánchez Morales, por considerar que el acto reclamado encuadra en aquellos supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cual no aconteció conforme a lo señalado en párrafos precedentes por lo que se hace necesario que el directo quejoso exprese su voluntad de promover la demanda de amparo de cuenta. Ratificación de demanda. En consecuencia, se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo al quejoso José Ángel Sánchez Morales, y lo requiera para que en el momento de la notificación manifieste: Si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor y, Si desea nombrar como autorizado en términos amplios al que suscribe la demanda y al señalado por este. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, hasta en tanto manifieste si ratifica o no la demanda presentada a su nombre. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Parra Vega, hasta en tanto el directamente agraviado ratifique la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva; asimismo, se reserva proveer respecto a las diversas autorizaciones que menciona. Número telefónico y correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el número telefónico y correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a José Ángel Sánchez Morales.
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