Jose Angel Juarez Cisneros

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Angel Juarez Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Apertura. En Tijuana, Baja California, a las once horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 513/2021-II, promovido por José Ángel Juárez Cisneros, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el Secretario certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: No. Partes Prueba Fojas Admitidas y desahogas 1 Autoridad responsable Documentales 16 a 81 10/08/2021 (fojas 82 y 83) 13/09/2021 (fojas 95 a 123) Asimismo, el Secretario hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la autoridad responsable y, al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 513/2021-II; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, José Ángel Juárez Cisneros, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El doce de julio de dos mil veintiuno, la demanda se radicó bajo el número de expediente 513/2021-II y se admitió a trámite. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda de amparo y constancias allegadas al juicio, ya que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra la paralización del procedimiento ordinario laboral número 2076/2020-2D, decretado en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del Informe Foja 1 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Cierto 15 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Confesión que está corroborada con la copia certificada de las constancias relativas a las constancias de origen, que fueron remitidas por las autoridades señaladas como responsables; por ende, se toma en cuenta como prueba documental pública y con valor pleno". Lo que se corrobora con las copias certificadas del mencionado juicio laboral número 2076/2020-2D que remitió la junta responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" . CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa y en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la Ley de Amparo en su artículo 61 fracción XXI. El precepto invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se ordenó continuar con la secuela procesal dentro del juicio ordinario laboral número 2076/2020-2D, del índice de la junta responsable, en la etapa en la que se suspendió, es decir, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que se encontraba señalada para el seis de julio de dos mil veintiuno; por lo que al señalar nueva fecha para la referida audiencia se dejó de afectar la esfera jurídica del accionante del amparo. Es así, ya que del informe justificado enviado por la junta responsable, así como de las constancias que se allegaron con posterioridad, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el trece de agosto de dos mil veintiuno, dictó resolución interlocutoria respecto al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demanda; y, en dicha determinación, ordenó levantar la suspensión del procedimiento principal y señaló las doce horas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 2076/2020-2D. En tales condiciones, al haber levantado la suspensión del procedimiento y señalado fecha para el ofrecimiento y admisión de pruebas, la propia responsable, con su actuar hizo que cesaran los efectos de la paralización que constituía el acto reclamado, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el presente juicio por el acto antes reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, con registro electrónico 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ángel Juárez Cisneros, por propio derecho, en contra del acto de autoridad precisado en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Remite constancias. Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al resultado de la audiencia de diez de agosto del presente año, dictada dentro del incidente de nulidad planteado en el juicio 2076/2020-2D; asimismo, informa que levantó la suspensión del procedimiento y señaló las doce horas del veintiuno de octubre del año en curso, para celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; atento a lo anterior, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado el seis de septiembre del presente año. Prueba documental. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y en términos de los arábigos 119, 123 y 124 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis aislada I.5o.C.2K1, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, en específico de las constancias que hizo llegar el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, se advierte que señalaron las nueve horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia dentro del incidente de nulidad planteado en el juicio 2076/2020-2D; sin que a la fecha la responsable haya informado el resultado de dicha diligencia, así como también, sí con motivo de dicha determinación, ya reanudó el procedimiento y señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, informe el resultado de la audiencia antes mencionada y sobre sí reanudó o no el procedimiento en el juicio de laboral de origen, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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