Jose Angel Juarez Cisneros

Expediente 715/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
715/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Jose Angel Juarez Cisneros
  • Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje de Tijuana, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede al promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa ni su abogado autorizado, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio de Amparo 715/2021-I, del índice de esta Juzgado. "...Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la quejosa Carla Lorena Chávez Chávez; atento a su contenido, se le tiene por cumplida la prevención realizada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Personería de la promovente. En ese orden, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con base en la carta poder con firmas originales otorgada por el representante legal de la moral en cita, quien acredita contar con facultades para otorgar poderes por medio de la escritura pública número treinta y dos mil setecientos setenta y cuatro, volumen número dos mil treinta de veintiuno de diciembre de dos mil doce, pasada ante la fe del notario público número siete de esta ciudad. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del estudio de la demanda en su capítulo de los actos reclamados, de los antecedentes del mismo, así como de las documentales que anexó a su demanda, se obtienen datos relevantes para la determinación adoptada, derivadas propiamente de las manifestaciones de la promovente expresadas bajo protesta de decir verdad. De ello destaca que la quejosa es parte demandada en el juicio laboral 2076/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, comparece a reclamar la celebración de la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la cual la junta responsable dio cuenta con el escrito aclaratorio presentado por la parte actora José Ángel Juárez Cisneros, por conducto de su apoderada, -aduce- que la autoridad no acordó de conformidad dicho escrito y que no le notificó a la demanda del mismo, es decir, no le corrió traslado con la copia de la promoción mediante la cual la parte actora hacia aclaraciones sustanciales al escrito inicial de demanda. De igual manera, reclama la resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, el cual declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la diversa audiencia de catorce de junio de dos mil veintiuno. De ello se deduce que la promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar lo actuado en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; así como, la resolución de trece de agosto del año en mención, por la cual declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, emitidos en el juicio laboral 2076/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, juicio en el que no se ha dictado laudo y en el que es la parte demandada. Asimismo, de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Al quedar establecido en párrafos precedentes de los actos que se duele la parte quejosa, se puede concluir que se está en presencia de aquellos que por el momento no tienen sobre las personas o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Entonces, como el fondo de lo impugnado por la parte quejosa, versa sobre la determinación de tener por aclarado el escrito inicial de demanda de la parte actora; así como declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de una diversa actuación (catorce de junio de dos mil veintiuno), las cuales no pueden ser consideradas como actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo expuesto puede afirmarse que los actos que reclama la quejosa, no constituyen actos que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al tratarse de una violación procesal, que puede ser reparada si obtiene un laudo favorable a sus intereses, y en caso, que el mismo fuera adverso a la parte demandada con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, lo que podrá reclamar al promover el juicio de amparo directo en su contra. Es aplicable a lo anterior la tesis VII.2o.T.43 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Asimismo, la jurisprudencia I.6o.T. J/84, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la quejosa Carla Lorena Chávez Chávez; atento a su contenido, se le tiene por cumplida la prevención realizada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Personería de la promovente. En ese orden, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con base en la carta poder con firmas originales otorgada por el representante legal de la moral en cita, quien acredita contar con facultades para otorgar poderes por medio de la escritura pública número treinta y dos mil setecientos setenta y cuatro, volumen número dos mil treinta de veintiuno de diciembre de dos mil doce, pasada ante la fe del notario público número siete de esta ciudad. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del estudio de la demanda en su capítulo de los actos reclamados, de los antecedentes del mismo, así como de las documentales que anexó a su demanda, se obtienen datos relevantes para la determinación adoptada, derivadas propiamente de las manifestaciones de la promovente expresadas bajo protesta de decir verdad. De ello destaca que la quejosa es parte demandada en el juicio laboral 2076/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, comparece a reclamar la celebración de la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la cual la junta responsable dio cuenta con el escrito aclaratorio presentado por la parte actora José Ángel Juárez Cisneros, por conducto de su apoderada, -aduce- que la autoridad no acordó de conformidad dicho escrito y que no le notificó a la demanda del mismo, es decir, no le corrió traslado con la copia de la promoción mediante la cual la parte actora hacia aclaraciones sustanciales al escrito inicial de demanda. De igual manera, reclama la resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, el cual declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la diversa audiencia de catorce de junio de dos mil veintiuno. De ello se deduce que la promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar lo actuado en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; así como, la resolución de trece de agosto del año en mención, por la cual declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, emitidos en el juicio laboral 2076/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, juicio en el que no se ha dictado laudo y en el que es la parte demandada. Asimismo, de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Al quedar establecido en párrafos precedentes de los actos que se duele la parte quejosa, se puede concluir que se está en presencia de aquellos que por el momento no tienen sobre las personas o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Entonces, como el fondo de lo impugnado por la parte quejosa, versa sobre la determinación de tener por aclarado el escrito inicial de demanda de la parte actora; así como declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de una diversa actuación (catorce de junio de dos mil veintiuno), las cuales no pueden ser consideradas como actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo expuesto puede afirmarse que los actos que reclama la quejosa, no constituyen actos que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al tratarse de una violación procesal, que puede ser reparada si obtiene un laudo favorable a sus intereses, y en caso, que el mismo fuera adverso a la parte demandada con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, lo que podrá reclamar al promover el juicio de amparo directo en su contra. Es aplicable a lo anterior la tesis VII.2o.T.43 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Asimismo, la jurisprudencia I.6o.T. J/84, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Carla Lorena Chávez Cávez, como apoderada de Medimexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Notifíquese personalmente al promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano