José Andres Vazquez Solis
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Andres Vazquez Solis
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se tuvo por no presentada la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado al quejoso directo José Andrés Vázquez Solís, en auto de quince de julio de dos mil veintidós, para que cumpliera con lo ahí requerido, en el sentido de que compareciera a este órgano jurisdiccional a ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Julissa Solís Gutiérrez, toda vez que el trece de los actuales, fue puesto en libertad, sin que lo haya hecho, no obstante de haber quedado notificado para ello. SE TIENE POR NO PRESENTADA. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en ese acuerdo y, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías origen de este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de julio de dos mil veintidós. DEVUELVE DESPACHO SIN DILIGENCIAR [Registro 11325]. Agréguese a los autos el oficio 1430 G.A., signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 1387/2022 (orden 703/2022), toda vez que del contenido de la razón actuarial levantada por la actuaria judicial adscrita al juzgado despachado el trece de los actuales, se observa la imposibilidad que tiene para notificar al quejoso directo José Andrés Vázquez Solís. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, únicamente para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. SE AGREGA OFICIO [Registro 11324]. Súmese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad responsable, rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano en el presente asunto, para lo cual en sustento de su información se le tiene exhibiendo diversas constancias de las que se observa que el quejoso directo José Andrés Vázquez Solís, a las doce horas con treinta y ocho minutos del trece del mes y año en curso, fue puesto en libertad al haber compurgado sus treinta y seis horas de arresto, firmando y estampando su huella digital de conformidad. SE AGREGA ESCRITO [Registro 11328]. Glósese a lo actuado el escrito signado por la promovente Julissa Solís Gutiérrez, mediante el cual informa que aproximadamente a las doce horas del trece de los actuales, fue puesto en libertad el quejoso directo José Andrés Vázquez Solís, solicitando se sobresea el presente juicio de garantías. REQUERIMIENTO. Por tanto, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso directo, para que dentro de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación vigente, para lo cual y tomando en consideración el acceso restringido que actualmente se tiene en las respectivas instalaciones (con motivo de las medidas establecidas de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19), se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que ratifique la demanda de amparo presentada a su favor. GENERACIÓN QR A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, en términos del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo II, artículo 6°, inciso b), se precisa al quejoso que este tribunal procedió a generar la cita en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que pueda ingresar a este Tribunal en la fecha y hora programada para la ratificación del escrito de demanda promovido a su favor por Julissa Solís Gutiérrez, con su respectivo código QR. Por lo tanto, indíquese al Actuario de la adscripción, que si la notificación de la presente determinación se realiza al quejoso de manera electrónica o personalmente, junto con la misma deberá hacer entrega del código QR, el cual se deberá generar; o bien, si la notificación se realiza por medio de lista, tal dispositivo electrónico deberá dejarse en el acceso del inmueble que alberga este Tribunal, de lo cual deberá dar aviso al área administrativa de los Juzgados de Distrito de esta jurisdicción, así como de la fecha y hora programada a efecto de que se permita el acceso. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a José Andrés Vázquez Solís, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, que de no ratificar el escrito inicial de demanda, se tendrá por no presentada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Julissa Solís Gutiérrez, en favor del quejoso directo José Andrés Vázquez Solís, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 431/2022-I, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA DESAPARICIÓN FORZADA E INCOMUNICACIÓN. Ahora, visto el escrito de demanda promovida por Julissa Solís Gutiérrez, en favor del quejoso directo José Andrés Vázquez Solís, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: El secuestro, desaparición forzada, así como la incomunicación y tortura del quejoso Isaac Everardo Ponce Espinoza, llevada a cabo el once de julio de dos mil veintidós. Así, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o estierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. [.]." De la lectura de dicho precepto legal se desprende la obligación que se tiene para decretar la suspensión de oficio y de plano cuando se trate, entre otros actos, de la desaparición forzada de personas e incomunicado. Luego, si en la demanda de amparo se reclama entre otros la desaparición forzada e incomunicación en agravio de quien la promovente pide el amparo de la justicia de la Unión, como lo dispone el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, debe concederse de oficio y de plano la suspensión de ese acto. Por tanto, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal, se decreta de oficio y de plano la suspensión respecto del acto consistente en la detención, desaparición forzada e incomunicación del directo quejoso José Andrés Vázquez Solís. La medida cautelar tiene como efecto que cesen de inmediato los actos reclamados esto es, para que el quejoso José Andrés Vázquez Solís no sea desaparecido forzosamente, atormentado, incomunicado y torturado; así como para que las autoridades responsables y todas las autoridades competentes realicen en el ámbito de sus funciones todo lo que esté a su alcance para localizar al directo quejoso y de inmediato se abstengan de ejecutar cualquiera de los actos antes mencionados en contra del quejoso directo. Es aplicable la tesis I.1o.P.106 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2090 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO NO SÓLO COMPRENDE ORDENAR LAS ACCIONES EFECTIVAS E IDÓNEAS PARA LOCALIZAR Y LIBERAR A LA VÍCTIMA, SINO TAMBIÉN LAS MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS ACTOS QUE AFECTAN TANTO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS COMO LOS DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UN PERJUICIO DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO. Los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretados conforme a los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011, de observancia obligatoria conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dan pauta para establecer que las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado -dado el carácter pluriofensivo-, consisten en: 1) ordenar a las autoridades responsables el cese inmediato de los actos que lo ocasionan; y, 2) dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima. En la inteligencia de que las acciones relacionadas con el cese inmediato del acto reclamado, implican garantizar la salud e integridad física -para el caso de que sea ubicada con vida la persona desaparecida- y el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ese acto, las que se determinarán conforme a los hechos expuestos en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, dar intervención a las autoridades en materia de sanidad para diagnosticar el estado de salud y otorgar el tratamiento médico correspondiente; asignarle a la víctima protección policiaca -por personal que no dependa de las autoridades responsables- durante su estancia en el nosocomio o lugar donde se encuentre internado recibiendo el tratamiento médico correspondiente; y, a las personas afectadas con motivo de este acto -por ejemplo, los progenitores de la persona desaparecida- se les dote de asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica o médica que requieran por este acto y ordenar a las autoridades responsables que deberán abstenerse de intimidarlos o efectuar cualquier acción para disuadirlos de su pretensión, a efecto de garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho; finalmente, con independencia de las acciones legales que se hayan emprendido, dar vista a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, investigue ese hecho, con independencia de que aparezca o no la persona que se dice desaparecida." En consecuencia, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 15, último párrafo, de la Ley de Amparo, se precisa a las autoridades responsables que en virtud de que en el presente asunto se podría estar ante la desaparición forzada del directo quejoso, ninguna autoridad se puede negar a practicar las diligencias ordenadas y, por ende, deben facilitar su práctica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase, a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo y a todas aquellas que por la presente determinación sean vinculadas a la observancia de la medida suspensional que se dicta, para que realicen una investigación inmediata, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva y efectiva, que conduzca a la localización del directo quejoso José Andrés Vázquez Solís y se hagan cesar los actos reclamados. Es aplicable la tesis 2a. LIV/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1068 del libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente. "DESAPARICIÓN FORZADA. CONSTITUYE UNA "VIOLACIÓN GRAVE DE DERECHOS FUNDAMENTALES" PARA EFECTOS DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, VIGENTE HASTA EL 9 DE MAYO DE 2016. Conforme al artículo citado, no puede invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos contra la humanidad. En ese sentido, al resolver el caso Radilla Pacheco vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos humanos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, como son los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De ahí que, tratándose de investigaciones relativas a la desaparición forzada de personas, resulta aplicable el principio de máxima publicidad y no así los de reserva o confidencialidad, en tanto que existe un interés preponderante de la sociedad, en su conjunto, de conocer la verdad de lo sucedido, pues sólo así podrá informarse acerca de las acciones emprendidas por el Estado para cumplimentar con su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos fundamentales. En la inteligencia que se deben proteger los datos personales de los presuntos responsables (siempre y cuando sean particulares), las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria; sin embargo, no podrán protegerse los nombres de los servidores públicos que participaron en los hechos. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con los mandamientos de este acuerdo se dará vista al agente del Ministerio Público por el delito en que pudieran incurrir por desacato a una orden dictada en materia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, además de los delitos que resulten. Las determinaciones anteriores encuentran sustento en la tesis VIII.2o.P.A.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Pág. 1726, que la letra dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al identificar en el amparo como acto reclamado la desaparición forzada de personas, el órgano de control constitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a las autoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del agraviado, así como requerirles toda la información para ello. REQUIERE AUTORIDADES. Tomando en consideración que la promovente refiere que el quejoso directo, se encuentra en las inmediaciones de barandilla, y no dejan ver al quejoso directo; por tanto, se requiere a las autoridades responsables, para que de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, deberán permitir a sus familiares o autorizados en el presente sumario de derechos humano, dejen ver al citado quejoso directo. SOLICITUD DE INFORME A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, con fundamento en el artículo 126 de la ley reglamentaria en comento, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que den cumplimiento inmediato a la suspensión de plano concedida atendiendo a los lineamientos precisados en párrafos que preceden respecto del quejoso José Andrés Vázquez Solís. Por lo que, se les requiere para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen sobre el cumplimiento que den a esta resolución y remitiendo las constancias que estimen pertinentes para acreditarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual manera, indíquese a las responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir el o los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, so pretexto de una imprecisión en su denominación que no sea substancial, por lo que no origine duda, resultando evidente la existencia de la autoridad, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el o los propios oficios contengan. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación e incluso al domicilio correcto al rendir sus respectivos informes, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se le imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 245 de la Ley de Amparo. VIGENCIA MEDIDA. Así las cosas, la suspensión de plano concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en su caso, en el presente asunto, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE." NOTIFICACIÓN QUEJOSO DIRECTO. De igual forma, con fundamento en el artículo 15, último párrafo, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía correo electrónico al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionen a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituyan en las instalaciones policiales de Barandillas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Apatzingán Machacona, y deberá realizar lo siguiente: 1.- Notificarle el presente proveído, dictado por esta autoridad de control constitucional, entregándole copia del mismo. 4.- Requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación, o bien, dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al que en surta sus efectos la notificación de dicho proveído, manifiesten si ratifica o no el escrito de cuenta promovido en su nombre y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y desaparición forzada del quejoso; asimismo lo requiera para que indique si es su deseo señalar como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Maricela Solís Gutiérrez y Visor Hugo Mendoza Villaseñor. 5.- Apercibir al directo quejoso que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 6.- Notificarle a las autoridades ante quien estén detenido el agraviado, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, bajo los lineamientos que han sido precisados en párrafos precedentes. 7.- En la inteligencia que deberá prevenirse a las autoridades responsables para que de inmediato se abstengan de ejecutar cualquiera de los actos precisados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal, que implican graves violaciones a derechos humanos, en contra del quejoso directo, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación, apercibidas que en caso de ser omisas se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente de conformidad con el artículo 260, fracción II de la Ley de Aparo; sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiesen incurrir en el caso de informar con falsedad. 8.- Dar fe del estado físico en el que se encuentra el quejoso. 9.- Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. 10.- En caso de no localizar al quejoso directo en las instalaciones referidas, el actuario despachado, se constituya en las instalaciones policiales, centros de detención administrativa y ministerial, Fiscalía o Procuraduría General de Justicia, Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República, Centro de Readaptación Social, Servicio Médico Forense, todas de esa ciudad, a fin de localizar al quejoso directo. Asimismo, el juez despachado ordene: Hacer entrega a las autoridades responsables de su jurisdicción de los oficios derivados del presente acuerdo, con copia respectiva del escrito de demanda; asentando el sello o firma de recepción respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Consecuentemente, se hace la precisión que para ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado Federal se debe generar cita en el micro sitio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Finalmente, se precisa que sin cita no se le permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2021, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en caso de que no se localice al agraviado, se deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al directo quejoso en alguno de estos lugares, deberá proceder en los términos arriba indicados. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que el fedatario público adscrito al Juzgado de Primera Instancia realice la diligencia encomendada. PRECISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables, para remitir los comunicados relacionados con el presente acuerdo vía correo electrónico a la dirección: 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de la justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas les han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo ymedidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA DIRECTA EN LOS TÉRMINOS INDICADOS Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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