José Angel Mendoza Sanchez

Expediente 476/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
476/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • José Angel Mendoza Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    III. En nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La circunstancia de que en auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 476/2017-III, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. b) Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte lo siguiente: 1. No fue exhibido certificado de depósito ni póliza de fianza. 2. Durante el trámite del incidente de suspensión, no se exhibieron documentos originales. 3. No existen cuadernos de pruebas cuya devolución se encuentre pendiente. Conste.Uruapan, Michoacán, a nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el contenido de la cuenta secretarial, se acuerda lo siguiente: En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo y acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que únicamente se conservarán el proveído y resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva, respectivamente, de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    III. En nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La circunstancia de que ha concluido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada recurriera la resolución dictada por este Juzgado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el juicio de garantías, sin que lo haya hecho; plazo que transcurrió, para el quejoso José Ángel Mendoza Sánchez, del veintitrés de febrero del año en curso al ocho de marzo actual, mediando los días veinticuatro y veinticinco de febrero mencionado, así como tres y cuatro de los actuales, por haber sido inhábiles. b) De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicha resolución, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) Asimismo, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: 1. Se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo, al haberlo solicitado la parte quejosa. 2. No existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. 3. La autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, exhibió como complemento a su informe justificado copias certificadas del proceso penal 59/2016, de su índice, integrado en un cuaderno de pruebas por separado (tomo I). Doy fe.Uruapan, Michoacán, a nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución dictada en el presente juicio de garantías, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, por considerarse innecesaria su retención en este juzgado, devuélvanse al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del proceso penal 59/2016, de su índice, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe. LEZG

  3. Principal

    III. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 476/2017-III, que promovió José Ángel Mendoza Sánchez. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Rubén Olvera Arreola, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, hasta hoy veinte de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa asistido de José Martín Narciso Pérez, secretario que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    III. En veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: I. Un oficio con anexos registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 936. II. Asimismo, se hace constar que el diecinueve de los corrientes, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 476/2017-III, promovido por José Ángel Mendoza Sánchez, por su propio derecho, y el expediente se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia correspondiente. Conste.Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio con anexos enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Los Reyes, Michoacán; sin que por el momento haya lugar a proveer de conformidad sobre su contenido. Es así, en razón de que la celebración de la audiencia constitucional pone fin a la secuela procesal del juicio de amparo, lo que impide acordar promociones presentadas con posterioridad, excepto que en los escritos que se presenten se ofrezcan pruebas relacionadas con alguna causal de improcedencia, que justifiquen su acuerdo, porque sean relevantes para el dictado de la correspondiente resolución; lo anterior, en observancia a los principios de continuidad y unidad que deben prevalecer respecto de la audiencia constitucional y la propia sentencia que en su momento se llegue a dictar, lo que constituye un mismo acto procesal de tres fases, que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas; b) la formulación de alegatos y c) el dictado de la sentencia; actos en los que existe tanto continuidad como unidad de actuaciones, entre los cuales no puede acordarse ninguna promoción presentada con posterioridad al dictado de la propia audiencia, salvo la excepción mencionada. Tiene aplicación a lo anterior: Tesis: IV.2o.C.48 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 170855 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Pag. 1678 Tesis Aislada(Común) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia ... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia. Ahora bien, en el caso, el diecinueve de los actuales, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 476/2017-III, y el expediente relativo se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia correspondiente. Consecuentemente, por el momento, no ha lugar a proveer respecto del contenido del oficio en cuestión, hasta en tanto el referido juicio se encuentre resuelto; con la promoción de cuenta, fórmese cuaderno de antecedentes y glósense a éste las diversas promociones que en su caso, se presenten, previamente al dictado de la sentencia.

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