JOSE ALVAREZ VALENCIA y Otros.

Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
204/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • JOSE ALVAREZ VALENCIA y Otros.
  • Jose Alvarez Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibidas sin mayor acuerdo substancial, las piezas postales relativas a los oficios 1230, 2987 y 2988, dirigidas al Coordinador de la Policía Ministerial Investigadora y Procurador General de Justicia, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, respectivamente, en las que aparecen las anotaciones que dicen: "CAMBIO DE DOMICILIO" y "AUTORIDAD LEGALMENTE INEXISTENTE EN EL DOMICILIO", derivados del proveído de veintinueve de enero del año en curso, en que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, así como el diverso de siete de marzo pasado, en que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Lo anterior, toda vez que como ya se indicó, en auto de siete de marzo del presente año, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido (fojas 1154 y 1155). NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    IV. En siete de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: La circunstancia de que ha transcurrido el término previsto por el párrafo primero, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada manifestaran su inconformidad con el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, por el que se tuvo por cumplida la sentencia protectora, el cual transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil dieciocho, descontando los días tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año, por haber sido inhábiles, sin que lo haya hecho. De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicha resolución, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. Asimismo, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: Se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. La parte quejosa y tercera interesada exhibieron durante el trámite del presente juicio de garantías, diversas documentales. Conste. Uruapan, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la materia de cuenta, se acuerda lo siguiente: Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de garantías. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezcan ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos originales que exhibieron durante el trámite del presente juicio. En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario que autoriza y da fe.*ROA/CRBS/Levt

  3. Incidental

    IV. En siete de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: La circunstancia de que en auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 204/2017-IV, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por consentido el proveído de veintinueve de enero del año en curso, que declaró cumplida la sentencia ejecutoriada, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido. Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte lo siguiente: Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitiendo a este órgano jurisdiccional los billetes de depósito N758756, N758757 y N758758, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, exhibidos por los quejosos Antioco Barajas Díaz, Rosendo Alemán Camacho y José Álvarez Valencia, para que continuará surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Durante la tramitación del incidente de suspensión, no se exhibieron documentos originales. No existen cuadernos de prueba cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste.Uruapan, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. De la cuenta secretarial se advierte que, en proveído de esta fecha, dictado en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por consentido el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, que declaró por cumplida la sentencia ejecutoriada, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, tercer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de este proveído, lo que significa que únicamente se conservarán el acuerdo y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Por otra parte, de las constancias que integran el presente incidente de suspensión, se advierte que en acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitiendo a este órgano jurisdiccional los billetes de depósito N758756, N758757 y N758758, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, exhibidos por los quejosos Antioco Barajas Díaz, Rosendo Alemán Camacho y José Álvarez Valencia, para que continuará surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados (fojas 269 a 276). Consecuentemente, hágase del conocimiento de los citados quejosos Antioco Barajas Díaz, Rosendo Alemán Camacho y José Álvarez Valencia, que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, tiene dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que comparezcan ante este órgano jurisdiccional en hora y día hábiles de labores a recibir los citados documentos mercantiles, previamente endosados en su favor; en caso de no hacerlo en ese lapso, las garantías de que se trata prescribirán en favor del Erario Federal. En el entendido de que deberán identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se les haga de dichos documentos mercantiles y acuse de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE; personalmente a los quejosos que se indica. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario que autoriza y da fe.*ROA/CRBS/Levt

  4. Principal

    iv.-Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante oficios 1674 y PGJE/DGJDH/D.A./4533/2017, signados por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán y Director de Amparos, en representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en Morelia, ambos del Estado de Michoacán, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto, remitieron copias autorizada de las constancias correspondientes (fojas 1088 a 1139). En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con los citados comunicados y documentales de referencia, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades requeridas, sin que se haya realizado manifestación alguna. Por tanto, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra, se concedió a los quejosos Rosendo Alemán Camacho, José Álvarez Valencia, Juan Avilés Ruiz, Antioco Barajas Díaz y Marcelo Valencia Álvarez, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 976 a 995). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por lo que en auto de veinte de octubre del año próximo pasado, causó ejecutoria (fojas 1060 a 1062), determinándose requerir al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que dentro del término de tres días, informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar cuál de las hipótesis que contempla la norma en estudio, es la que integran los elementos que conforman la materialidad del delito de despojo atribuido a los quejosos, estudio que deberá realizar atendiendo a las pruebas que obran en la causa penal de origen, fundado y motivando su determinación. b) Precisar las pruebas que evidencien que los quejosos, se introdujeron u ocuparon el inmueble en conflicto con la intención de sustituir al propietario del predio; c) Establezca con precisión el grado de participación de los quejosos en la comisión del delito que se les atribuye, especificando, además, con qué pruebas se acredita tal circunstancia y expresar los motivos por los que así lo considera. Concesión que se hizo extensiva por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, la referida autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, así como la diversa ejecutora Director de Amparos en representación del Procurador General de Justicia, ambos del Estado de Michoacán, enviaron los oficios 1674 y PGJE/DGJDH/D.A./4533/2017, respectivamente, registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 21693 y 21732, a través de los cuales, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada y remitieron las constancias con las que pretendieron acreditar dicha circunstancia (fojas 1088 a 1139). Así una vez analizados los comunicados y documentales en cuestión, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la autoridad responsable ordenadora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, efectuó lo siguiente: En proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 18/2016, dejó insubsistente y sin ningún efecto la orden de aprehensión de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Asimismo, el dieciséis de noviembre del año próximo pasado, emitió nueva orden de aprehensión, contra los inculpados, aquí quejosos Rosendo Alemán Camacho, José Álvarez Valencia, Juan Avilés Ruiz, Antioco Barajas Díaz y Marcelo Valencia Álvarez, en la que precisó en cuál de las hipótesis que contempla la norma en estudio, es la que integran los elementos que conforman la materialidad del delito de despojo atribuido a los peticionarios de la tutela federal, el cual se encuentra previsto por el numeral 330, fracción I y último párrafo, del Código Penal del Estado, lo que realizó atendiendo a las pruebas que obran en la causa penal de origen, toda vez que precisó lo siguiente: Tuvo por acreditado el primer elemento objetivo del citado ilícito de despojo, al precisar que el objeto material en el que recayó la conducta desplegada lo fue respecto de un bien inmueble. Que se encuentra justificado el segundo de los elementos objetivos, ya que con las pruebas desahogadas en la causa penal de origen, se demostró que los inculpados, aquí quejoso, hicieron uso del inmueble afecto a dicho proceso. Asimismo, con los medios de convicción desahogados, tuvo por acreditado que los peticionarios de garantías, se introdujeron en el inmueble en conflicto, con la intención de sustituir al propietario del predio. De igual forma, estableció de manera clara y precisa el grado de autoría o participación en la conducta que se atribuye a cada uno de los quejosos, toda vez que refirió que actuaron en calidad de autores materiales, en la comisión del evento delictivo, fundando y motivando dicha determinación (fojas 1088 a 1135). Asimismo, del diverso comunicado con anexos, enviado por la autoridad responsable ejecutora Director de Amparos, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se desprende que dicha autoridad, realizó lo siguiente: El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, giró al Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, con sede en Morelia, Michoacán, el oficio PGJE/DGJDH/D.A./4519/2017, a efecto de hacerle de su conocimiento, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no realice por sí o por sus subordinados ningún acto tendiente a cumplimentar la orden de aprehensión de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, materia del acto reclamado (foja 1139). Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos; ello en razón de que la autoridad responsable ordenadora, dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que constituye el acto reclamado y en su lugar, emitió una nueva determinación cumpliendo con los elementos objetivos del delito de despojo atribuido a los peticionarios de la tutela federal y el grado de participación de los quejosos. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

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