José Andrés Rosado Hernández

Expediente 910/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
910/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • José Andrés Rosado Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***/2019-V, y; Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de los corrientes en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, **************, solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional de Distrito Judicial Bravos, Chihuahua y otras autoridades, todas en esta ciudad, de quienes reclamó la emisión de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de once de los corrientes, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional de Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, a diverso penal, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa. Por otra parte, el Coordinador de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y el Director del Centro Estatal de Reinserción Social Número Tres, residentes en esta ciudad, fueron omisos en rendir su informe previo, no obstante que fueron debidamente requeridos para ello, tal y como se desprende de los acuses de recibo que obran a fojas diez y quince del sumario; sin embargo, no es dable presumir la existencia del acto que se les reclama, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad señalada como ordenadora (Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional de Distrito Judicial Bravos en esta ciudad), negó el acto reclamado y por ende, las autoridades omisas en su carácter de ejecutoras, están imposibilitadas para cumplir una orden inexistente. Por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el justiciable. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE ÚNICO. Se niega a **********, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, residente en Aquiles Serdán, Chihuahua, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, estos últimos con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se les tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. También, se tiene a la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua, informando la denominación correcta de la autoridad que la parte quejosa nombró como "Coordinador de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales"; por tanto, hágase la corrección respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, designando como delegados a las personas que indican en su informe. Por otra parte, agréguense a los autos los informes justificados que rinden el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos con residencia en esta ciudad; y con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga; lo antes expuesto, con base en lo establecido por los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.*maz

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetarlo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.*maz

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 910/2019-V, promovido por ***********, contra actos del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, en principio se indica que respecto de los actos reclamados consistentes en las conductas prohibidas por el artículo 22 Constitucional, se concedió la suspensión de plano en el juicio principal, en esta fecha, por lo que sólo se hará pronunciamiento respecto de la suspensión del acto reclamado al Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, con residencia en esta ciudad y su correspondiente ejecución. Asimismo, a efecto de resolver sobre la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, en principio, de conformidad con los artículos 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado materia de este incidente de suspensión sólo lo constituye la orden de traslado que se atribuye a la autoridad jurisdiccional y su correspondiente ejecución. Al respecto, se cumple con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene el orden público, ya que en este momento no se tiene conocimiento de que se esté en algún supuesto de los previstos en el artículo 129 de la propia Ley, ni en alguno análogo; por tanto, con fundamento en los artículos 139, párrafo primero y 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, a fin de conservar la materia del juicio de amparo y, como se mencionó, evitar que se produzcan perjuicios de difícil reparación con la ejecución del traslado reclamado, se le otorga la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de traslado reclamada. Esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden de traslado reclamada se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, pues ello contravendría disposiciones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Apoya esta consideración, la tesis I.9o.P.129 P (10a.), aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, de Febrero de 2017, Tomo III, materia común, página 2321, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados y podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo vigente, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se le endilga, además se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en amplios términos del numeral citado en primer término, a los licenciados **********, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a ***********, toda vez que no se encontraron inscritos. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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