José Andrés Rosado Hernández

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • José Andrés Rosado Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 188/2021-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente: 1.- Del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La resolución dictada en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, instruida en su contra, por el delito de secuestro con penalidad agravada, en la cual se prorrogó por siete meses la prisión preventiva impuesta. 2.- Al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad. La ejecución de la resolución impugnada. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señalaron el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, ambos residentes en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal *******. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedida por funcionarios dotados de fe pública, quienes actuaron en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por el quejoso, a las autoridades en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO.- Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, es oportuno invocar el contenido del artículo 20, inciso b) fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación . B. De los derechos de toda persona imputada: VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; El precepto normativo trascrito con antelación dispone el derecho de todo persona imputada a ser juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa Postulado que se vincula con el artículo 17 constitucional, que en lo conducente, establece: Articulo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. . Del texto trascrito, se desprende que el derecho humano de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales. En ese tenor, es oportuno señalar, que también los artículos 9 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 numeral 5 y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , prevén el derecho humano a un juzgamiento dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad mediante las garantías que aseguren su comparecencia al juicio y la continuación del proceso. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad de la determinación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. . En efecto, es incuestionable que el artículo 1º, constitucional, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que conlleva que aquella protección de derechos fundamentales debe estar contenida en ambas normas, y su aplicación habrá de efectuarse bajo una interpretación conforme, siempre favoreciendo a la persona en amplia medida el derecho reconocido, lo que representa el principio pro persona. Luego, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no obstante, el propio artículo 1º y 29 de la Ley Fundamental, señalan restricciones en determinados supuestos a esos derechos humanos, esto cuando la propia constitución así lo establezca. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; no obstante, como sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2ª. CXXXI/2015 (10ª), de rubro "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES", nada impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En el caso, como se precisó, la parte quejosa acude a esta instancia, reclamando la resolución dictada en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 723/2019, mediante la cual se resolvió lo siguiente: En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve horas con quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dio inicio a la audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, la cual fue presidida por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Control del Distrito Judicial Bravos, Licenciado *******, en la cual una vez que le dio el uso de la palabra al agente del MINISTERIO PÚBLICO manifestó: Esta representación Social con fundamento en lo dispuesto por los artículos 161, 163 y 164 tercer párrafo del Código Nacional Procesal, solicita la revisión de las medidas cautelares que le fueran impuestas al acusado *******, esto en fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve, cuando se le formuló imputación por el delito de *******, en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de ******* Y *******, esta medida cautelar fue de prisión preventiva por un lapso de doce meses, sin embargo en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, dicha medida cautelar fue prorrogada por DOCE MESES MÁS y el plazo máximo que prevé el numeral 165 del ordenamiento penal, esta por fenecer el día cinco de marzo del dos mil veintiuno, solicitando para tal efecto señor Juez, se tome en cuenta el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, relativo a las medidas preventivas en función del coronavirus, Covid 19, de fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, mediante el cual determino suspender las labores jurisdiccionales y administrativas de todo el Poder Judicial del estado de Chihuahua, del día dieciocho de marzo al diecinueve de abril del dos mil veinte; lo anterior en aras de contribuir a la reducir los focos de trasmisión del virus, dada la concentración de personas que mantienen todas las esferas de gobierno, tal es el caso de las sedes judiciales, quien en ese orden determino que con carácter preventivo de manera provisional e inmediato que los Tribunales del Poder Judicial del Estado, permanezcan cerrados en el lapso antes mencionados, instruyendo que no se celebraran actuaciones judiciales ni correrán los plazos procesales; acuerdo firmado por el Licenciado *******, en su carácter de Magistrado Presidente el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así también señor Juez, el Licenciado *******, Secretario de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en funciones de Secretario Ejecutivo, hizo constar y certifico que en el archivo de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del día quince de mayo del dos mil veinte, obra el acuerdo mediante el cual, para continuar con la prevención de la propagación del virus determinaron suspender labores jurisdiccionales y administrativas a partir del dieciocho de marzo, suspensión que eventualmente concluyó el día treinta y uno de mayo del año dos mil veinte. Además señor Juez, no es omiso manifestarle que aunado a lo anterior, en fechas veinte de octubre del dos mil veinte, veintiséis de octubre de dos mil veinte, diez de noviembre de dos mil veinte, y nueve de diciembre de dos mil veinte, la tramitación de la audiencia intermedia, fue diferida debido al ejercicio de defensa que como derecho le corresponde al ahora acusado; y no fue sino hasta el día diecinueve de enero que se dictó Auto de Apertura a Juicio Oral; sin embargo, en fecha veintidós de enero de la presente anualidad, ante el Tribunal de Primera Instancia, el acusado de marras interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución emitida, respecto al Auto de Apertura a Juicio Oral, sin que a la fecha haya sido resuelto por el Tribunal de Alzada; es por lo anterior su Señoría, que esta Representación solicita la revisión de la medida cautelar a efecto de que esa sea prorrogada por el tiempo que dure el proceso o por el tiempo que usted considere necesario a efecto de garantizar la comparecencia del acusado en la audiencia de debate a juicio oral, seria cuánto. JUEZ.- Señorita defensora DEFENSA.- Esta defensa se lo deja a su sano criterio. JUEZ.- Bien, cerramos el debate, toda vez que se ha escuchado debidamente a las partes, y tomando en consideración que se cumplieron los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, previstos en los artículos 153 y 154 y además la revisión de las medidas cautelares en términos de lo dispuesto en el artículo 161 y 162 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta pertinente aclarar que este Juzgador considero llamar a audiencia, en virtud de que el día cinco de marzo vencía el término de la imposición de las medidas cautelares, esto es, que se había impuesto por doce meses más y previamente se había impuesto por doce meses más, concluyendo los plazos constitucionales y legales que están previstos para las medidas cautelares; también debe de tomarse en consideración que tan solo por esa razón que el hoy acusado *******, solicitó que se llevara a cabo, o más bien, él le hizo la denuncia de malos tratos y de tortura ante este Tribunal, por lo cual se ordenó por diverso Juez que se realizara el protocolo de Estambul; y esto fue realizado a partir del día de la audiencia del veintiséis de julio del año dos mil diecinueve; en virtud de ello la primera audiencia intermedia realizada el día veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, no se pudo llevar a efecto porque no se había realizado el Protocolo de Estambul y así sucesivamente hasta que se recibió el protocolo de Estambul, el día quince de enero del año dos mil veinte, por lo cual este Juzgador considera que también tomando en cuenta que el día veinte de febrero del año dos mil veinte, se llevó a cabo audiencia donde el señor defensor también pidió tiempo, el Licenciado ******* para imponerse del protocolo de Estambul, y el día cinco de marzo del año dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de la revisión de medidas cautelares. En razón de lo anterior, este Juzgador considera que se da el supuesto de excepción previsto en el artículo 165 en el segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece imperativamente que la prisión preventiva no podrá exceder del termino de veinticuatro meses, pero también dispone como excepción de que este término se pueda prolongar debido al ejercicio del derecho de defensa del imputado, y en este caso, pues se ejercitó el derecho de defensa del imputado al momento en que hizo la denuncia de tortura y malos tratos y que diverso Juzgador ordenó que se practicara este protocolo de Estambul, en virtud de las dos vertientes que se desarrollan los efectos del protocolo de Estambul: una es para determinar si se cometió algún hecho delictivo al momento de que pudiera él estado sujeto a malos tratos o a tortura el acusado; y la otra vertiente es que puede tener un efecto procesal, dado que si se obtuvo algún medio de convicción que estuviera ligado directamente con el resultado del Protocolo de Estambul que hubiera resultado positivo, pues tendría impacto en la audiencia de depuración probatoria; por lo tanto esto trae como consecuencia que no se pueda continuar con el proceso y con las audiencias intermedias hasta no tener el protocolo de Estambul para garantizar así el derecho de defensa que ejercita el acusado. Por lo tanto, este Juzgador considera que el término de la prisión preventiva debe de suspenderse en su conteo a partir del veintiséis de julio del año dos mil diecinueve y hasta incluso el día veinte de febrero y el día cinco de marzo que fue la última audiencia de revisión de cautelares, puesto que de julio a enero fueron seis meses y el veinte de febrero fueron veinticuatro días, perdón, son siete meses y cinco días que contamos hasta la última audiencia que fue el veinte de febrero del año dos mil veinte, en que el Licenciado *******, solicito que se difiriera esa audiencia, para estar en posibilidad de imponerse del protocolo de Estambul; pues este se hizo de su conocimiento el día quince de enero del año dos mil veinte. Luego entonces, tenemos que se ejercitó ese derecho de defensa por siete meses y cinco días y en esa virtud, en ese mismo lapso deberá prorrogarse la prisión preventiva, sin perjuicio de que como bien lo dijo la señorita Agente del Ministerio Público, una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto el día veintiocho de enero del presente año, se pudiera hacer de nueva cuenta el conteo para no incluir dentro del término de la prisión preventiva el ejercicio de defensa, consistente en el tiempo que dure el recurso de apelación; por lo tanto, queda sub judice ver cuánto tiempo va a pasar a partir del veintiocho de enero y hasta el momento en que quede firme la resolución del Tribunal de alzada, y adicional a esos siete meses y cinco días este tiempo; por lo pronto se prorroga la medida cautelar de prisión preventiva por siete meses, por lo cual estará en vigor hasta el día cuatro de octubre del presente año. Por lo tanto se resuelve lo siguiente: PRIMERO.- Se prorroga la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155 fracción XIV por siete meses más, a partir del día de hoy, por lo cual estará en vigor hasta el día cuatro de octubre del presente año o lo que dure el proceso. Así lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Control del Distrito Judicial Bravos. Al respecto, el artículo el artículo 19 Constitucional, en lo conducente, dispone lo siguiente: Artículo 19. . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. El precepto normativo transcrito con antelación, establece que la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, entre otros. Así, el derecho a otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos del secuestro, constituye un régimen de excepción, en virtud de lo cual, tratándose del delito señalado, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de dos años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente; máxime si en el particular, ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado. En esos mismos términos se encuentra redactada la norma secundaria, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 167, señala la prisión oficiosa de ese delito, el que por su naturaleza es considerado como grave por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. En este contexto, la norma constitucional precisa la restricción antes observada, por lo que no es dable la aplicación de tratado alguno, que implique la obligatoriedad de interpretar conforme y a lo más favorable para las personas. No se soslaya, la excepción prevista tanto en el artículo 20, inciso b), fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 165 en el segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece imperativamente que la prisión preventiva no podrá exceder del término de dos años, pero también disponen como excepción de que este término se pueda prolongar debido al ejercicio del derecho de defensa del imputado; lo que en la especie acontece, conforme a lo que sustenta la determinación reclamada, esto es, se sustancia el recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso en contra del auto de apertura a juicio oral. En esas circunstancias, es incuestionable que el Juez de origen haya prorrogado la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por siete meses más, a partir del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Ilustra lo antes expuesto la tesis I.9o.P.135 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2863, que dice: PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no obstante, el propio artículo 1o. y el 29 de la Ley Fundamental señalan restricciones en determinados supuestos a esos derechos humanos, esto cuando la propia Constitución así lo establezca. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de dos años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente; máxime si en el particular, ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del expediente electrónico, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y para su desahogo se fijan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito zona Norte, con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, remitiendo los nombres y domicilios de las personas a quienes les reviste el carácter de ofendidos. Por tanto, para su resguardo, glósese en cuadernillo por separado, a fin de proveer lo relativo a su emplazamiento al presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción III inciso c) de la Ley de Amparo. Asimismo, en atención a la información proporcionada por el oficiante, deviene innecesario ordenar el emplazamiento de *******, señalada por el quejoso como tercera interesada, en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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