José Ángel Cuellar González

Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
983/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • José Ángel Cuellar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil veintitrés. Declaratoria de estado Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, emitido el veinte de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia por cesación de efectos, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agrega oficio Glósese a los autos el oficio enviado por la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, Distrito Judicial Bravos, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que en la carpeta de ejecución *******, formada con motivo de la sentencia condenatoria dictada en el juicio oral *******, derivado de la causa penal *******, el doce de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió respecto al beneficio de libertad anticipada solicitado por el quejoso *******, anexando copia certificada de dicha resolución. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de la misma. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, es oportuno precisar que, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, *******, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional Distrito Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (licenciada *******), a quienes en esencia reclamó la dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional. Bajo este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, Distrito Judicial Bravos, el doce del actual en la carpeta de ejecución *******, formada con motivo de la sentencia condenatoria dictada en el juicio oral *******, derivado de la causa penal *******, se resolvió respecto al beneficio de libertad anticipada solicitado por el quejoso *******, negando el beneficio de la condena condicional, y para acreditar su dicho, remitió copia certificada de la documental conducente. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa el acto reclamado era la paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional, mismo que como se precisó en el párrafo que antecede en audiencia de doce del mes y año que transcurre, la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, Distrito Judicial Bravos, se negó el beneficio de la condena condicional, por lo que, sin lugar a dudas, cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo, esto es, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, sí existía una dilación en el procedimiento del expediente de origen, la cual dejó de existir al momento de que se dictó la resolución correspondiente ello el doce de diciembre del año en curso. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, lo cual hubiera ocurrido, precisamente, para el efecto de que las responsables remitieran la información necesaria para que la Jueza del Tribunal de Ejecución, pudiera determinar lo que correspondiera respecto al beneficio preliberacional solicitado por el quejoso. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto a los actos reclamados, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, registro 184572, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo antes expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, relativa al presente asunto. Notifíquese personalmente a la quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agrega oficio Glósese a los autos el oficio enviado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, Distrito Judicial Bravos, mediante el cual informa que el doce de diciembre del año en curso, en la carpeta de ejecución ********************/19, deducida de la causa penal ********************/2017, se decretó negar el beneficio de la libertad condicionada al aquí quejoso; sin que hubiere anexado copia certificada de dicha determinación. Estado de autos Atento a lo anterior, a fin de resolver el presente juicio conforme a derecho, con base en lo establecido por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez oficiante, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de la determinación emitida el doce del actual; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), correspondientes a cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable precisada en el presente proveído. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio 8356/2022 signado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos Chihuahua; toda vez que la información que proporciona ya fue recibida y se proveyó al respecto el treinta de noviembre del año en curso. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc

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