José Alfredo Barranco Cruz
Expediente 468/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Alfredo Barranco Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso se continuó con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", cuya vigencia fue prorrogada al treinta de junio de dos mil veintiuno, a través del "Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. En ese sentido, vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de once de noviembre de dos mil veinte, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse, únicamente la resolución que por una parte negó y por otra concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Finalmente, glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se procede resolver el cumplimiento de la misma, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la autoridad correspondiente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) En primer término, conviene precisar que al haberse desistido la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante auto de siete de octubre del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En consecuencia, al advertir que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a los quejosos José Alfredo Barranco Cruz, Gilberto Sánchez Cruz, Luis Enrique Hernández García y Jorge Luis Rodas Aguilar, para el efecto de que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, dentro del término de diez días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo dictado en el expediente ER-159/2018, y en vía de consecuencia las actuaciones posteriores, en virtud de que si la determinación inicial atribuida a la autoridad responsable ordenadora, resulta ilegal, en vía de consecuencia, los actos posteriores se encuentran viciados de inicio. Asimismo, en el caso de que la autoridad dicte un nuevo acuerdo que determine que el posible incumplimiento de los quejosos a las obligaciones previstas en las fracciones I, VI y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es grave, deberá actuar como en derecho corresponda." En ese contexto, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debía: 1.- Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo dictado en el expediente ER-159/2018, y en vía de consecuencia las actuaciones posteriores, y 2.-Actuar como corresponda, en caso de dictar un nuevo acuerdo en el que determine que el posible incumplimiento de los quejosos a las obligaciones previstas en las fracciones I, VI y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no es grave. En ese contexto, y seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de octubre del año en curso, registrado con el número de promoción 12635, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional, hizo del conocimiento de este juzgado que el seis de marzo de dos mil veinte, dicha autoridad emitió un acuerdo dentro del expediente número ER-10/2019, en el que se determinó que no es posible continuar con la sustanciación del procedimiento administrativo incoado en contra de los aquí quejosos, por haberse demostrado que la presunta irregularidad que se les reprochaba es inexistente, por lo que no existen las condiciones legales que permitan determinar su responsabilidad administrativa, en ese sentido, si bien la autoridad responsable no acompañó a dicho oficio el original o copia certificada del citado acuerdo, este órgano jurisdiccional consideró innecesario requerir dicha documental, toda vez que el mismo ya había sido exhibido con anterioridad como anexo a su diverso oficio recibido en este juzgado el diez de septiembre del año en curso, a través del cual se desistió del recurso de revisión que había interpuesto en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se dio vista a la parte quejosa mediante auto de veintiocho de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En esas condiciones, tomando en consideración lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que si bien la autoridad responsable no emitió un diverso acuerdo en el que dejara insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo dictado en el expediente ER-159/2018, así como las actuaciones posteriores, lo cierto es que los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están sujetos a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto, toda vez que éste deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.1o.A. J/19 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2360, que establece lo siguiente: SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias." Máxime que la autoridad responsable, emitió un acuerdo el seis de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente número ER-10/2019, en el que determinó que no había lugar a continuar con el procedimiento administrativo incoado en contra de los aquí quejosos José Alfredo Barranco Cruz, Gilberto Sánchez Cruz, Luis Enrique Hernández García y Jorge Luis Rodas Aguilar, al haberse demostrado que la presunta irregularidad que se les reprochaba es inexistente, por lo que no existen las condiciones legales que permitan determinar su responsabilidad administrativa, y se ordenó archivar dicho asunto, por lo que se concluye que los solicitantes del amparo, han sido restituidos en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos los oficios signados por la Titular del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional, así como por la Titular del Área de Responsabilidades del citado Órgano Interno de Control, por medio de los cuales, la mencionada en primer orden informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, y la mencionada en segundo lugar, informa que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que el seis de marzo del año en curso, se emitió acuerdo en el que se determinó que no es posible continuar con la substanciación del procedimiento administrativo instaurado en contra de los aquí quejosos toda vez que la presunta irregularidad que se les reprocha es inexistente, por lo que solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a sus autos, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, no obstante que la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional aduce remitir copia autógrafa del acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ER-10/2019, a través del cual se determinó que no es posible continuar con la substanciación del procedimiento administrativo instaurado en contra de los aquí quejosos, lo cierto es que no anexó dicha copia; sin embargo, toda vez que mediante oficio recibido en este juzgado el diez de septiembre del año en curso, registrado con el número de correspondencia 9971, a través del cual se desistió del recurso de revisión interpuesto en autos, remitió original del acuerdo antes citado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta registrado con el número 12635, así como del diverso oficio registrado con número de correspondencia 9971 y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, siendo que si bien mediante proveído de seis de agosto del año en curso, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional, sin embargo, mediante escrito recibido en este juzgado el diez de septiembre de dos mil veinte, registrado con el número correspondencia 9971, dicha autoridad responsable se desistió del citado recurso, por lo que mediante auto de once de septiembre siguiente, se le tuvo por desistida del citado medio del impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Por otra parte, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: " En consecuencia, al advertir que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a los quejosos José Alfredo Barranco Cruz, Gilberto Sánchez Cruz, Luis Enrique Hernández García y Jorge Luis Rodas Aguilar, para el efecto de que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, dentro del término de diez días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo dictado en el expediente ER-159/2018, y en vía de consecuencia las actuaciones posteriores, en virtud de que si la determinación inicial atribuida a la autoridad responsable ordenadora, resulta ilegal, en vía de consecuencia, los actos posteriores se encuentran viciados de inicio. Asimismo, en el caso de que la autoridad dicte un nuevo acuerdo que determine que el posible incumplimiento de los quejosos a las obligaciones previstas en las fracciones I, VI y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es grave, deberá actuar como en derecho corresponda." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia se REQUIERE al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en la transcripción anterior. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Titular del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, para que en su calidad de superior jerárquico del directamente responsable Titular del Área de Responsabilidades, dé cumplimiento al fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ocupen los cargos señalados, una multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- José Alfonso Ibarrola Covarrubias1279/2017
- Jose Alfonso Iracheta Carroll1436/2021
- Jose Alfonso Iracheta Carroll881/2021
- José Alfonso Kanemoto Tintor1788/2022
- José Alfredo Alvarado Lozano1866/2014
- José Alfredo Anza Pérez1989/2023
- José Alfredo de la Cruz Labrada804/2019
- José Alfredo Echeverría Ángulo1450/2015
- José Alfredo Félix Díaz Sierra1032/2017
- José Alfredo Gonzalez núñez161/2015
- José Alfredo Guzmán Trujillo20/2021
- José Alfredo Hernández Gómez300/2015