Jose Alfonso Iracheta Carroll
Expediente 881/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Alfonso Iracheta Carroll
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito cincuenta y dos (52), a través del cual, acusa recibo del oficio 17308/2022, que contiene el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, por el cual se causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito cincuenta y dos (52), a través del cual, acusa recibo del oficio 11512/2022, que contiene la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda, en su caso escritos aclaratorios y ampliación de demanda y la sentencia respectiva, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo y Manual en cita. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
VISTOS los autos del juicio de amparo indirecto 881/2021-IX, promovido por José Alfonso Iracheta Carroll, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito, por razón de turno, el día hábil siguiente, José Alfonso Iracheta Carroll, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto reclamado siguientes: III. Autoridades responsables. a) Autoridad ordenadora.-. Tribunal Unitario Agrario Distrito 52 b) Autoridad ejecutora.- Administrador desconcentrado de Recaudación Distrito Federal "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México. IV. Actos Reclamados. a) Autoridad ordenadora, se reclama hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el cual impone como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), que suman la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 59 fracción I artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionales diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Autoridad Ejecutora.- Autoridad que hace efectiva la sanción impuesta al suscrito decretada en proveído de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el cual impone como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), que suman la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás instrumentos internacionales, y precisó a diverso como como tercero interesado. SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se registró y admitió la demanda con el número 881/2021-IX, se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Federal; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto primero, fracción I; el punto segundo, fracción I, numeral 3; y, el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se reclaman actos emitidos por un tribunal y una autoridad administrativa con residencia en la Ciudad de México, ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: - Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52: El acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 141/2014, por el que se impuso al quejoso una multa por el monto equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), que suman la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). - Del Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La ejecución de la multa impuesta en el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. TERCERO. Es cierto el acto que se atribuye al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado la Magistrada; lo cual se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio agrario con número de expediente 141/2014, las cuales obran en legajo de pruebas por separado, de las que se advierte que el acuerdo reclamado fue emitido por dicha autoridad; constancias a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, es cierto el acto reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la ejecución de la determinación reclamada, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó su existencia, lo cierto es que del contenido de esta última, se advierte la orden para girar oficio a la referida autoridad, a fin de que procediera a hacer efectiva la multa impuesta en ese asunto. De ahí que, atendiendo a su carácter de autoridad ejecutora, bien puede establecerse que su ejecución es un acto inminente y, por lo tanto, cierto, pues desde que la multa fue impuesta y se ordenó hacerla efectiva, sólo falta que se cumplan determinadas formalidades legales para su ejecución, que es precisamente lo que se atribuye al Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es aplicable al caso concreto, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVII, página 1912, que es del tenor literal siguiente: ACTOS INMINENTES, NO DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE TRATA DE. Si la autoridad ordenadora certifica la existencia del acto reclamado, aun en el supuesto de que la ejecutora niegue haber recibido la orden correspondiente y que en realidad no la haya recibido, sin duda alguna la ejecución de la misma es inminente, y por lo mismo, no debe sobreseerse contra el acto de ejecución que de ella se reclama. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sin embargo, al no existir causa de sobreseimiento propuesta por las partes, además de que este juzgado no advierte alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la litis fijada en el presente asunto. QUINTO. Para mejor comprensión del asunto, es oportuno citar los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran agregadas en autos y de las relativas al juicio agrario 141/2014, a las que previamente se les otorgó pleno valor probatorio, y de las que se advierte lo siguiente: 1. Agotadas las etapas procesales del juicio agrario, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario responsable dictó sentencia, en que resolvió esencialmente lo siguiente: PRIMERO. La parte actora, ejido Santiago Zacatula, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, acreditó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones, de conformidad con lo analizado, razonada y valorado en los considerandos de la presente resolución. SEGUNDO. Se condena a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) a pagar a favor del ejido Santiago Zacatula, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, la indemnización correspondiente, de acuerdo con el avalúo actualizado de la superficie expropiada, conforme al monto que fije el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) ANTES Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), en términos de lo establecido por el artículo 143, fracción VII, de la Ley General de Bienes Nacionales, a lo cual se deberá dar cumplimiento en ejecución de sentencia. TERCERO. Una vez que la presente sentencia cause estado, se ordena girar oficio tanto a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) COMO AL Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) con el objeto de que realicen todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la realización del avalúo correspondiente. Ello, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 143, fracción VII, de la Ley General de Bienes Nacionales, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), es quien deberá fijar el monto de la indemnización, así como las actualziaciones del mismo, por la expropiación de 32-33- 23.01 hectáreas, a partir de que el referido decreto fu ejecutado el cuatro de abril de mil novecientos noventa y dos, ya que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable en esta época, el avalúo tendría vigencia de un año, vencido el cual debería actualizarse. Conviene precisar que los gastos que se originen por motivo del avalúo que emita el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) serán a cargo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), habida cuenta que es la condenada en la presente sentencia. CUARTO. Se condena a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), pagar la cantidad correspondiente al 20% de las utilidades netas resultantes de la regularización de la superficie expropiada, monto que fuer determinado mediante la prueba pericial contable visible a fojas 203 a 213, por la cantidad de $38,798,769.90 (treinta y ocho millones, setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 90/100 m.n.) QUINTO. Es improcedente ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro Agrario Nacional ya que no reconoció, creó, modificó o extinguió derechos ejidales, de conformidad con lo previsto en el artículo 152, fracción I de la Ley Agraria, interpretado en sentido contrario. 2. En proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, esa sentencia causó ejecutoria. 3. No obstante lo anterior, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, presentó demanda de amparo, la cual fue desechada por extemporánea, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el expediente 222/2017, de su índice. 4. Mediante requerimientos de tres de agosto, y trece de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, veintiséis de enero, uno de marzo, once de abril, nueve de mayo, cuatro de septiembre, y dieciséis de noviembre, todos de dos mil dieciocho, catorce de enero, doce de junio, dieciocho de febrero, trece de marzo, veintitrés de mayo, uno de agosto, y diez de diciembre, todos de dos mil diecinueve, así como el diez de marzo de dos mil veinte, el Tribunal responsable, requirió el cumplimiento de la sentencia, de ahí que el quince diciembre de dos mil veinte, requirió de nueva cuenta al Titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, bajo el apercibimiento de que en caso de omisión se aplicaría una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. 5. En cumplimiento a ese apercibimiento, mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Unitario responsable determinó hacer efectiva la multa decretada en el acuerdo de quince de junio de dos mil veinte, e imponer al Titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Sin que se transcriban los conceptos de violación por considerarlo innecesario, es conveniente adentrarse a su análisis, amén del criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, la cual es de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. (No. Registro: 164,618, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, Página: 830) La quejosa alega que las consideraciones en que la autoridad responsable sustenta el acuerdo por el que le impone la multa reclamada resultan contrarios a derecho, pues dejó de analizar lo expuesto en el oficio 1.2.2/344/2021, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que vertió las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia agraria. Que la autoridad responsable soslaya la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia, pues el organismo que representa no cuenta con la solvencia económica para el realizar el pago en una sola exhibición del monto ordenado. Que el Tribunal responsable no tomó en cuenta la propuesta de solución formulada a fin de entablar negociaciones con la actora para llegar a un acuerdo y cumplir con la sentencia, lo que deriva en un afectación a su esfera jurídica y patrimonial, ya que lo afectan en su patrimonio personal en un procedimiento judicial en el que no es parte. Que lo anterior transgrede la garantía constitucional contenida en el artículo 16, pues el acuerdo reclamado carece de la debida fundamentación y motivación. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 16 constitucional, en la parte que interesa: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento El precepto constitucional transcrito consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Expuesto lo anterior, es preciso destacar que el acto reclamado constituye una determinación jurisdiccional, en la que la fundamentación la constituye el análisis exhaustivo de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda dicho acuerdo, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar sus determinaciones citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de esa formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo la tesis de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. (Tesis: P. CXVI/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 143) En cuanto a la indebida motivación que alega el quejoso, conviene observar el siguiente criterio jurisprudencial. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.(Registro digital: 170307, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.3o.C. J/47, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, Tipo: Jurisprudencia. De su contenido se destaca que la indebida motivación, como la que alega el quejoso, se trata de una violación material o de fondo, pues en este supuesto sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Para que se verifique la indebida motivación, el acto reclamado debe entrañar la presencia de los requisitos constitucionales consistentes en fundamentación y motivación, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Como se dijo, la indebida motivación es una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Precisado lo anterior, es infundado el concepto de violación en estudio, pues para que se actualice el supuesto de indebida motivación, tendría que sujetarse a la autoridad a aportar motivos diferentes a los que formuló en el proveído reclamado de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 141/2014, sin embargo, no existe una variación diferente a los razones particulares que expuso la autoridad responsable para multar a la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia agraria. En efecto, como quedó de manifiesto en el acuerdo reclamado, se impuso al Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), pues estando obligado a cumplir con la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, desde que ésta causó ejecutoria, a saber, el diez de abril de dos mil diecisiete, hace casi cinco años, como se observa del caudal probatorio, no existe siquiera principio de ejecución que haga patente claramente la intención de agotar el cumplimiento por ese Titular, pues no bastan actos preliminares o preparatorios, como los narrados en el oficio 1.2.2/344/2021, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que supuestamente soslayó la responsable, sino la realización de aquellos que trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida. Ese principio de ejecución en el caso no acontece, pues del expediente agrario se advierten gestiones intrascendentes que se limitan a informan de comunicaciones entre autoridades, que incluso, en su momento, fueron ponderadas para otorgar diferentes prórrogas y no multar a la obligada al cumplimiento, no obstante que la sentencia sujeta a cumplir, quedó firme desde el diez de abril de dos mil diecisiete. Al efecto se destaca que la autoridad responsable motivó su decisión de imposición de una multa mínima, a razón de los dieciséis requerimientos de cumplimiento que le fueron formulados y notificados a la autoridad como sujeto obligado al cumplimiento de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, los cuales son de fechas: de tres de agosto, y trece de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, veintiséis de enero, uno de marzo, once de abril, nueve de mayo, cuatro de septiembre, y dieciséis de noviembre, todos de dos mil dieciocho, catorce de enero, doce de junio, dieciocho de febrero, trece de marzo, veintitrés de mayo, uno de agosto, y diez de diciembre, todos de dos mil diecinueve, así como el diez de marzo de dos mil veinte, requerimientos respecto de los cuales, como se advierte del caudal probatorio relativo al juicio de origen, la autoridad obligada se ha limitado a informar simples gestiones, sin que al efecto las acreditara con el soporte documental que corresponde, pues su dicho no basta para acreditar el principio de ejecución de sentencia, menos aun el núcleo esencial de la obligación exigida. No pasa desapercibido que la quejosa se excusa en que no ha sido colmada la sentencia de origen, en atención a la falta de presupuesto para el pago de la cantidad de $38,798,769.90 (treinta y ocho millones, setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 90/100 m.n.), sin embargo, no acredita haber gestionado la partida presupuestal ante diversa dependencia para el pago respectivo, o haber vinculado a alguna autoridad para obtener el capital necesario, lo cual es una responsabilidad constitucional que le asiste como servidor público, y que debe ejercer en debido cumplimiento de una sentencia concesoria, sin que al efecto lo haya hecho, sino que se concreta a afirmar la falta de presupuesto, después de cinco años de existir la obligación. De ahí que, como se dijo, es infundado el concepto de violación en estudio, pues la autoridad responsable expuso esas razones particulares que motivaron la imposición de la multa como medida de apremio ante el total desacato a su obligación de cumplir la sentencia agraria dictada en el expediente 141/2014 Asimismo, resulta infundado el argumento del quejoso en el que sostiene que ha sido propositivo para lograr el cumplimiento, pues incluso refirió como opción reunirse con la parte actora para lograr un acuerdo respecto al cumplimiento, sin embargo son meras aseveraciones que no crean certeza de que haya un principio de ejecución de la sentencia agraria, y que incluso la autoridad responsable, en el acuerdo reclamado señala como gestiones que no tienen relación con lo ordenado en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, pues resultan simples manifestaciones que no trascienden y demuestran una verdadera intención de cumplir con la sentencia. Por otro lado, resulta igualmente infundado el argumento que esgrime en torno a que no es parte en el juicio, lo cual resulta contrario al caudal probatorio del juicio agrario 141/2017, del cual se advierte incluso su participación como Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, como sujeto obligado al cumplimiento, de ahí que contrario a lo que aduce, es parte obligada al cumplimiento como titular de esa dependencia, de ahí que como servidor público se encuentra sujeto a cumplir esa sentencia al corresponderle una responsabilidad constitucional, que no ha colmado, pues no obstante que se encuentra obligado al cumplimiento de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, no lo ha hecho con exactitud y rapidez, ocasionando así un menoscabo en el patrimonio jurídico de la actora en el juicio de origen, que dubita su actuación como servidor público. Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios que la rigen, la tesis del Pleno que sigue. INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el capítulo XII "De la ejecución de sentencias", del título primero del libro primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias de amparo deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito, la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto si quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito, se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó. (Registro digital: 190903, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P. CLXXIV/2000, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000, página 6, Tipo: Aislada) Por otro lado, en cuanto al segundo concepto de violación en el que alega la quejosa que con la multa impuesta se violenta su derecho a dedicarse a la profesión que eligió, pues se priva del fruto de su trabajo con la medida de apremio que reclama. Es infundado el argumento, pues a diferencia de ello, la transgresión a la garantía de libertad de trabajo tutelada por el artículo 5o. de la Constitución Federal, de que se duele, no ha sido restringida por la autoridad responsable, sino precisamente en atención al ejercicio de su profesión y como funcionario público que no prestó óptimamente su servicio público, fue multado como servidor público, en razón de que sus responsabilidades son distintas al de un particular. En efecto, su actuar como servidor público se destaca por ser de interés social que se conduzca con estricto apego a las normas que rigen su actuación a fin de asegurar para la sociedad una administración pública eficaz, actuar que fue demostrado como ineficaz en el acuerdo reclamado, en el que resultó ser omiso en colmar una sentencia, no obstante los múltiples requerimientos que le fueron formulados; sin que al efecto esa multa limite su libertad de trabajo, pues la imposición de esa medida de apremio precisamente atiende a que el quejoso libremente decide ser servidor público, y su labor como tal no atendió los múltiples requerimientos que le fueron formulados en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios que lo rigen las tesis de rubro y texto siguiente. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE LA INHABILITACIÓN COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. El artículo 56, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, impuesta como sanción administrativa, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente, no transgrede la garantía de libertad de trabajo tutelada por el artículo 5o. de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicha garantía no debe entenderse en el sentido de que el legislador impida que la autoridad competente tenga facultades para restringir, de manera temporal, la capacidad de un servidor para ocupar un cargo público, pues lo que prohíbe la referida garantía es que se limite a las personas, en forma absoluta, el ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos, imperativo que no se vulnera cuando la ley prevé una sanción por tiempo determinado de acuerdo con la gravedad de la infracción, el monto del daño causado y las demás situaciones previstas por la propia ley, cuya regulación es necesaria, en virtud de que las garantías individuales no pueden ejercerse en forma irrestricta y sin ningún control cuando se presente la situación de que un funcionario no prestó óptimamente el servicio público, tanto desde un punto de vista jurídico o legal, como moral, en cuanto a la honradez, lealtad e imparcialidad y, en su caso, material en lo que se relaciona con la eficiencia, supuestos que de actualizarse justifican la citada regulación, por ser de destacado interés social que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que rigen su actuación a fin de asegurar para la sociedad una administración pública eficaz. Además, de conformidad con el precepto constitucional mencionado, la libertad de trabajo no sólo puede vedarse por determinación judicial, sino también por resolución gubernativa, como la dictada por la autoridad administrativa para el efecto de decretar la inhabilitación de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad administrativa.(Registro digital: 191700, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P. LXXIX/2000, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Junio de 2000, página 35, Tipo: Aislada) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. El citado precepto, al prever la obligación de los servidores públicos para excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan algún tipo de interés no transgrede la garantía de libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque si bien es cierto que contiene una restricción para que los servidores públicos, aprovechándose del cargo que ostenten, obtengan beneficios personales adicionales, también lo es que no impide que se dediquen al trabajo que les acomode siempre que se ajusten al orden jurídico, esto es, lo hagan lícitamente. Además, lejos de ser una restricción irracional, salvaguarda la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe imperar en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de cualquier servidor público, principios derivados del artículo 113 constitucional. (Registro digital: 162481, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a. XXXVI/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 466, Tipo: Aislada) Finalmente se destaca que la autoridad responsable, en el acuerdo reclamado impuso la multa mínima, lo cual se destaca en razón de que se demuestra que pretendió afectar en el menor grado el patrimonio del quejoso, quien no demostró que exista siquiera un principio de ejecución de la sentencia a que quedó obligado a cumplir. En ese tenor, ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no lo impugna por vicios propios en razón de que hace derivar su inconstitucionalidad del acuerdo reclamado. Apoya a lo anterior, por su contenido jurídico la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357, de rubro AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación aducidos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Alfonso Iracheta Carroll, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por lista a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de marzo de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- José Alejandro Valdéz Alemón105/2016
- José Alexander Aguirre Nápoles1121/2016
- José Alfonso Bravo Campistrano795/2012
- Jose Alfonso Ibarrola Covarrubias1041/2017
- José Alfonso Ibarrola Covarrubias1279/2017
- Jose Alfonso Iracheta Carroll1436/2021
- José Alfonso Kanemoto Tintor1788/2022
- José Alfredo Alvarado Lozano1866/2014
- José Alfredo Anza Pérez1989/2023
- José Alfredo Barranco Cruz468/2019
- José Alfredo de la Cruz Labrada804/2019
- José Alfredo Echeverría Ángulo1450/2015