José Alfredo Guzmán Trujillo

Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
20/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Guzmán Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de cuatro de febrero del año en curso, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (16/FEBRERO/2020).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 04/02/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2021- VIII. Con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio el contenido del artículo 2°, fracciones VI, VII y IX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, en relación con el punto 2 de la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, de los que se observa que por el periodo del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia de rubro y datos de localización siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII en relación con el 3, de la Ley de Amparo, que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la forma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI, del Acuerdo General 12/2020 citado, la FIREL es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se constituye en una manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 14 del invocado Acuerdo General 12/2020, establece, en lo que interesa, que la partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general. Es así que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De manera que la falta de firma del quejoso se traduce en la ausencia de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es oportuno reiterar que a través del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal citado, en relación con la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, respecto del período de veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, determinó recibir asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que promover únicamente por vía electrónica los escritos iniciales, mediante el uso de la firma electrónica. En el caso, del análisis realizado a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica del promovente José Alfredo Guzmán Trujillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; artículos 3°, fracciones I, II y V, y 45, del Acuerdo General 12/2020 citado, así como los artículos 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto del propio Consejo 1/2013, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual, resulta conveniente imponerse de su contenido: ? Ley de Amparo "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito . Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General 12/2020 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I.Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente?????? con los permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. . V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. . Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. ? Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) . Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De lo anterior, se obtiene que, si bien es cierto se pueden recibir asuntos nuevos, también lo es que, en lo que interesa, ello está condicionado a que las demandas se promuevan únicamente de manera electrónica y contengan la firma electrónica del promovente. Cabe destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.."???????? De dicho precepto, se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende, no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3) Incomunicación; 4) Deportación o expulsión; 5) Proscripción o destierro; 6) Extradición; 7) Desaparición forzada de personas; 8) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9) La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, del análisis integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado lo constituye medularmente la orden verbal de presentarse el cinco de febrero de dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el promovente, en el sentido de que, de llevarse a cabo el acto reclamado se le pudiera privar de su libertad, o en su caso, incomunicarlo, pues del ocurso que se provee, se advierte que el promovente, a la fecha de presentación de la demanda, no se encuentra privado de su libertad ni incomunicado, y mucho menos se aprecia que tales efectos sean consecuencia de la realización del acto que reclama, ya que, tal como se desprende de su capítulo de antecedentes, se advierte que el motivo de presentación en las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no es para privarlo de su libertad o para incomunicarlo, sino para proporcionarle información en torno a su situación laboral. Máxime que los efectos que señala, son actos de naturaleza futura de realización incierta que pudieran o no ocurrir y que, por tanto, no le generan perjuicio alguno, ello es así, dado que el juicio de amparo tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce de la garantía violada y no así prevenir actos que en el futuro pudieran o no generar un acto de autoridad, como sucede en el caso concreto, en que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción constitucional, sino que se reclama el posible perjuicio que aduce, se le pudiera causar si acontecieran los actos que reclama. De ahí que el presente asunto no encuadre en ninguna de las hipótesis establecidas en el numeral referido, y por tanto, al no encontrarse en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo, sí se requiere que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se presentara con la firma electrónica aludida. Bajo tales circunstancias, ante la falta de firma electrónica que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo promovida presuntamente por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho. En esas condiciones, es indudable que un escrito???????? así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma que quien supuestamente lo formula en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir, si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, interpretados estos últimos a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) y la tesis de rubros y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. (Registro 2019715, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79) DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. (Registro 231247, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 241) Por otro lado, cabe precisar que de conformidad con el artículo 2, fracción VI, y último párrafo, del Acuerdo General 13/2020 citado, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal, levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para todos los órganos jurisdiccionales, aun cuando no se encuentren de guardia, para la recepción de asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que promover, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales mediante el uso de la firma electrónica, por lo que también tienen que solicitar de manera expresa la práctica de notificaciones y consulta de manera electrónica, para lo cual, deben proporcionar el nombre del usuario correspondiente. En ese sentido, la parte promovente no solicitó que las notificaciones que deriven del presente asunto se realicen vía electrónica, ni proporcionó un nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a la naturaleza que rige a los asuntos tramitados como "juicio en línea", a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que por única ocasión realice la presente notificación de forma personal en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.??????????????? No obstante, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 citado, así como el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al promovente, para que al momento de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación, proporcione el nombre de usuario debidamente registrado de la o las personas que podrán consultar, notificarse y actuar vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el expediente respectivo. Apercibido que de no desahogar lo anterior las subsecuentes notificaciones se realizarán en la lista electrónica de este juzgado, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso "a", de la Ley de Amparo. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Lucero Mendoza, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Se hace del conocimiento del promovente, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al promovente ..... Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe."""""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2021- VIII. Con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio el contenido del artículo 2°, fracciones VI, VII y IX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, en relación con el punto 2 de la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, de los que se observa que por el periodo del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia de rubro y datos de localización siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII en relación con el 3, de la Ley de Amparo, que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la forma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI, del Acuerdo General 12/2020 citado, la FIREL es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se constituye en una manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 14 del invocado Acuerdo General 12/2020, establece, en lo que interesa, que la partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general. Es así que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De manera que la falta de firma del quejoso se traduce en la ausencia de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es oportuno reiterar que a través del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal citado, en relación con la CIRCULAR SECNO/29/2020, y la diversa circular SECNO/6/2021, respecto del período de veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, determinó recibir asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que promover únicamente por vía electrónica los escritos iniciales, mediante el uso de la firma electrónica. En el caso, del análisis realizado a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica del promovente José Alfredo Guzmán Trujillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; artículos 3°, fracciones I, II y V, y 45, del Acuerdo General 12/2020 citado, así como los artículos 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto del propio Consejo 1/2013, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual, resulta conveniente imponerse de su contenido: ? Ley de Amparo "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito . Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General 12/2020 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I.Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente?????? con los permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. . V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. . Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. ? Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) . Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De lo anterior, se obtiene que, si bien es cierto se pueden recibir asuntos nuevos, también lo es que, en lo que interesa, ello está condicionado a que las demandas se promuevan únicamente de manera electrónica y contengan la firma electrónica del promovente. Cabe destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.."???????? De dicho precepto, se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende, no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3) Incomunicación; 4) Deportación o expulsión; 5) Proscripción o destierro; 6) Extradición; 7) Desaparición forzada de personas; 8) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9) La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, del análisis integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado lo constituye medularmente la orden verbal de presentarse el cinco de febrero de dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el promovente, en el sentido de que, de llevarse a cabo el acto reclamado se le pudiera privar de su libertad, o en su caso, incomunicarlo, pues del ocurso que se provee, se advierte que el promovente, a la fecha de presentación de la demanda, no se encuentra privado de su libertad ni incomunicado, y mucho menos se aprecia que tales efectos sean consecuencia de la realización del acto que reclama, ya que, tal como se desprende de su capítulo de antecedentes, se advierte que el motivo de presentación en las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no es para privarlo de su libertad o para incomunicarlo, sino para proporcionarle información en torno a su situación laboral. Máxime que los efectos que señala, son actos de naturaleza futura de realización incierta que pudieran o no ocurrir y que, por tanto, no le generan perjuicio alguno, ello es así, dado que el juicio de amparo tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce de la garantía violada y no así prevenir actos que en el futuro pudieran o no generar un acto de autoridad, como sucede en el caso concreto, en que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción constitucional, sino que se reclama el posible perjuicio que aduce, se le pudiera causar si acontecieran los actos que reclama. De ahí que el presente asunto no encuadre en ninguna de las hipótesis establecidas en el numeral referido, y por tanto, al no encontrarse en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo, sí se requiere que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se presentara con la firma electrónica aludida. Bajo tales circunstancias, ante la falta de firma electrónica que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo promovida presuntamente por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho. En esas condiciones, es indudable que un escrito???????? así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma que quien supuestamente lo formula en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir, si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, interpretados estos últimos a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por José Alfredo Guzmán Trujillo, por propio derecho. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) y la tesis de rubros y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. (Registro 2019715, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79) DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. (Registro 231247, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 241) Por otro lado, cabe precisar que de conformidad con el artículo 2, fracción VI, y último párrafo, del Acuerdo General 13/2020 citado, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal, levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para todos los órganos jurisdiccionales, aun cuando no se encuentren de guardia, para la recepción de asuntos nuevos, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos; por eso, dispuso que las personas justiciables tendrían que promover, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales mediante el uso de la firma electrónica, por lo que también tienen que solicitar de manera expresa la práctica de notificaciones y consulta de manera electrónica, para lo cual, deben proporcionar el nombre del usuario correspondiente. En ese sentido, la parte promovente no solicitó que las notificaciones que deriven del presente asunto se realicen vía electrónica, ni proporcionó un nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a la naturaleza que rige a los asuntos tramitados como "juicio en línea", a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que por única ocasión realice la presente notificación de forma personal en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.??????????????? No obstante, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 citado, así como el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al promovente, para que al momento de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación, proporcione el nombre de usuario debidamente registrado de la o las personas que podrán consultar, notificarse y actuar vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el expediente respectivo. Apercibido que de no desahogar lo anterior las subsecuentes notificaciones se realizarán en la lista electrónica de este juzgado, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso "a", de la Ley de Amparo. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Lucero Mendoza, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Se hace del conocimiento del promovente, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al promovente José??????????????? Alfredo Guzmán Trujillo, en el domicilio ubicado en calle Juan Guillermo Villasana, número ciento treinta y cinco (135), interior trece (13), colonia Aviación Civil, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal quince mil setecientos cuarenta (15740), en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 04/FEB/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

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