Jose Alfredo Alvarez Espinosa
Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Alfredo Alvarez Espinosa
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se 1 Plazo al que deben descontarse los días dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre por ser inhábiles. declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que la demanda fue desechada de plano. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda se desechó de plano. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido
- Principal
Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla -así señalado en la demanda-. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano * Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes * De lo anteriormente trascrito se obtiene que, en realidad, lo que el quejoso reclama es la omisión del juez señalado como responsable de celebrar la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto dentro de la carpeta de control judicial previo *. De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, ya que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. * Entonces, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de una audiencia, es necesario referir que el numeral 134 de la Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama el promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. * De ahí que, en contra del acto reclamado en la demanda, derivado del control judicial previo * del índice del juez de control responsable, es improcedente el juicio de amparo, pues 3 *. el promovente debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por *, pues el acto reclamado encontró la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, pero también solicitó que le sean efectuadas de forma electrónica, para lo cual proporcionó el usuario "*". Al respecto, se hace saber a la tercera interesada que a fin de dotar a las partes de seguridad jurídica, resulta improcedente tener dos vías para recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 4 del acuerdo general * del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal5 , se tiene como única vía para recibir notificaciones, la electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "*". No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señaló también como medio para recibir * notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, * quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General * del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6 , se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "*". Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la práctica de notificaciones). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. * Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias
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