José Alfredo Martínez García

Expediente 582/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
582/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • José Alfredo Martínez García
  • José Alfredo Martínez García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al expediente el escrito del quejoso ***, por el cual se desiste en su perjuicio del presente juicio por así convenir a sus intereses. Por tanto, se instruye al actuario encargado del presente expediente (según el número) para que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Puebla donde se encuentra recluido el quejoso y lo requiera para que en el momento de la diligencia ratifique el desistimiento expresado, apercibido que de omitir hacerlo, se continuará el juicio de protección hasta su total conclusión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO". Por último, deberá requerirlo para que en la diligencia de ratificación, exprese su consentimiento con la decisión que se asuma a raíz del desistimiento, en términos del artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esto es, se tenga por concluido el juicio de forma definitiva y se ordene su archivo; sin posibilidad de impugnar el auto de desistimiento.

  2. Principal

    Se agrega la diligencia de cuenta efectuada por la actuaria judicial adscrita a este órgano judicial, en este día en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. De ella se advierte: el quejoso ++++, además de ratificar su firma asentada al final del escrito de veintiocho de junio de dos mil dieciocho y su contenido, de forma manuscrita asentó "si me desisto del amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional, la cual se había señalado para las diez horas con cincuenta y dos minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Asimismo, y atento al desistimiento expreso de referencia, se deja establecido que el quejoso no puede retractarse de él, pues así lo estableció el más alto tribunal del país, en la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL." En ese contexto, con apoyo en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE EL PRESENTE PROVEÍDO HA QUEDADO FIRME; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Sin tramitarse incidente de suspensión del acto reclamado, pues el quejoso prescindió de su solicitud; y tampoco se observa la necesidad de tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado de ninguna forma se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Una vez que obren en autos el informe justificado que rinda la autoridad señalada como responsable, se acordará lo relativo al emplazamiento del tercero interesado -si procede-. Se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de haber quedado notificadas, de conformidad con el artículo 31 fracción I, de la Ley de Amparo. Se advierte a la citada responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117 cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo cual deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir a este juzgado (según el caso) copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias, actuaciones y de los registros digitales (videograbaciones) que sean necesarios para apoyar el informe de contestación, el cual podrán rendir a través de los medios legales establecidos. En el entendido que respecto de los registros digitales en mención, éstos deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez. Asimismo, al remitir los registros digitales con los que cuenten, deberán acompañar, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, el cual no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada intervención, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo. Se apercibe a la responsable de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Se requiere a la autoridad responsable manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. De igual manera, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, a fin de integrar en forma debida el presente juicio de amparo, se requiere a la autoridad responsable, por el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas a la causa penal de donde se desprende tal información. Apercíbase a la responsable de no dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo antecedente en el término señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Término que se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de las autoridades responsables ordenadoras, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa (de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá una multa". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le hace del conocimiento que en caso de que las autoridades que designó como responsables no existan con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. Bajo este contexto, de conformidad con el artículo 115 primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./j.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a las responsables con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificaran por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de distrito. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa de cien unidades de medida y actualización, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito inicial de demanda. Ténganse como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, porque con independencia de que el quejoso le confirió las facultades amplias del artículo 12 de la citada legislación, sus cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así mismo se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas mencionadas en la demanda de amparo. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a éste o las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico, informativo y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo cual implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por las autoridades a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante María del Carmen Peregrina Herrada, secretaria que autoriza y da fe.

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