Jose Alejandro Teyssier Ortega
Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Alejandro Teyssier Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 258/2023. Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no interpuesta su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído se tuvo por no presentada la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-.Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no interpuesta, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha terminado el plazo de cinco días concedido al quejoso, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, sin que presentara escrito para desahogar la prevención contenida en ese acuerdo. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en la citada determinación, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio constitucional. Por último, se ordena a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a lo decretado en este acuerdo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal) y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO, Y AL NO ACUDIR A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA SE LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO...Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha terminado el plazo de cinco días concedido al quejoso, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, sin que presentara escrito para desahogar la prevención contenida en ese acuerdo. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en la citada determinación, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio constitucional. Por último, se ordena a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a lo decretado en este acuerdo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal) y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por XXXXXXXXX, por derecho propio, contra actos de "AGENCIA ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULOS OCRA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DEL ESTADO DE PUEBLA". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, en el señalamiento de las autoridades responsables y los efectos para los cuales solicita la suspensión, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque la imprecisión en el reclamo, impide esclarecer la procedencia de la acción de tutela constitucional, en detrimento de la justicia expedita que se debe asegurar -si la demanda fuera admitida-. Para clarificar lo anterior, se hace notar el reclamo del quejoso, el cual es del tenor siguiente: 1 La lectura integral encuentra fundamento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA LE RECLAMO: LA OMISIÓN Y NEGACIÓN DE DAR INFORMACIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO, DENUNCIADO DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021." Luego, del apartado de hechos narrados bajo protesta de decir verdad, el quejoso aseveró: Que el nueve de junio de dos mil veintiuno, tuvo imposibilidad de consultar la carpeta de investigación, así como de acreditar la propiedad del vehículo robado, ya que en la agencia especializada le indicaron que era necesario contar previamente con el informe de los agentes ministeriales o de investigación, y que una vez recabado lo anterior, aquellos entablarían comunicación con el aquí quejoso. El seis de marzo de dos mil veintitrés, al acudir de nueva cuenta a la agencia especializada, y solicitar el acceso a la investigación generada con motivo de su automotor, el personal de dicho lugar le señalaron que no le podían dar el acceso a la carpeta respectiva ya que el quejoso no cuenta con el número del expediente correspondiente. Por otro lado, en el capítulo relativo a los conceptos de violación, el peticionario de amparo indica que la inactividad de la autoridad responsable de realizar actos de investigación, genera como consecuencia que aquél (el quejoso) se encuentre en estado de indefensión. Por las situaciones expuestas, se indica que no se tiene por expresado con claridad el acto reclamado, ya que se desconoce si la pretensión del quejoso se encamina a reclamar: ? La negativa del ministerio público de permitir que la víctima tenga acceso a los registros que integran la carpeta de investigación; o, ? La omisión de la representación social de realizar actos de investigación. Ello en el entendido de que la omisión de realizar actos de investigación, en contraste con el diverso acto de negar el acceso a la carpeta de investigación, persiguen fines distintos; sobre todo porque esta última se apega a los principios constitucionales de derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia. Aunado a lo anterior, se hace saber al quejoso, que en caso de centrar su reclamo en la omisión o abstención de realizar actos de investigación, ese actuar de la representación social, deberá ser previamente evaluada por un juez de control, de conformidad con el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales2 , antes de acudir al juicio de amparo. Por otro lado, si bien del apartado de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, el quejoso relata la temporalidad en que uno de sus familiares fue desapoderado del vehículo materia de la carpeta de investigación, y de forma posterior, hace el señalamiento de las ocasiones en que las responsables le negaron el acceso al expediente respectivo, lo cierto es que el impetrante de amparo fue omiso en señalar la denominación completa y correcta del agente del ministerio público a cargo del expediente, ya que solo se limitó categóricamente a nombrar a "la agencia especializada en robo de vehículos", sin detallar a algún fiscal en específico o al titular de la propia unidad especializada. Ello genera incertidumbre en relación a la autoridad con la cual se ha de establecer la relación procesal, ya que en caso de admitir el juicio de amparo y llamar a la autoridad señalada como responsable de la forma en que se plasmó en la demanda, no se tendría certeza de a qué servidor público se le 2 "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." reclama su actuar, sobre todo porque dicha agencia se compone de múltiples servidores públicos. Cabe señalar que con el objeto de establecer la materia del juicio de amparo y requerir del informe justificado a la autoridad responsable, es necesario para este juicio de amparo que se conozca al servidor público (denominación correcta y completa) a quien se le atribuye el acto reclamado. Por otra parte, de la demanda se observa que el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable "proporcione la información necesaria para su trámite" y mantenga las cosas en el estado que guardan. Respecto a ese tema, cabe señalar que la finalidad de la suspensión como medida cautelar en el juicio de amparo, es paralizar los actos o los efectos de esos actos de autoridad, con el fin de que durante la tramitación de este juicio, no se siga generando perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. Así, los actos de autoridad se clasifican en actos positivos y negativos; los primeros se traducen en una manifestación de su actuar, a través de una contestación, acuerdo o resolución, mientras que los segundos deben ser entendidos como aquellos en los que la autoridad se rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados. También se debe distinguir entre los actos en mención, los omisivos, los cuales se caracterizan debido a que es una abstención total de la autoridad de realizar su actuar. De la clasificación expuesta, se hace notar que la suspensión es improcedente respecto de los actos negativos u omisivos. Lo anterior es así ya que no es dable conceder la medida cautelar para que una autoridad abandone su postura de abstenerse de actuar (actos omisivos) o se ordene que emita una resolución diversa a la que se reclama en la que haya establecido una negación a las pretensiones del quejoso (actos negativos), ya que ello daría lugar a efectos restitutorios, los cuales únicamente corresponden a la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en lo principal, no así al pronunciarse en relación a la suspensión. Resultado de lo detallado previamente, se establece que los efectos para los cuales solicita la medida suspensional, son improcedentes, ya que en caso de admitir el juicio y conceder la suspensión provisional, se estarían otorgando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia del juicio de amparo, en lo principal, no así respecto de la suspensión. Por consiguiente, es necesario prevenir al quejoso para que indique si sostiene o no su pretensión de solicitar la suspensión en relación a los actos que reclama. Así las cosas, es necesario que el quejoso realice las aclaraciones puntuadas en este apartado, ya que de no tener la información suficiente para establecer de forma clara la materia de este juicio, autoridades a quienes se ha de emplazar y los actos que se les atribuyen, se generarían retrasos innecesarios en la tramitación de este juicio en perjuicio del quejoso. No obstante, la aclaración deberá realizarla aquél sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si el quejoso introdujera antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al presentar la demanda de protección o bien, por introducir hechos que puedan implicar manifestaciones falsas. Entonces, la aclaración debe realizarla el quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Exprese si su pretensión se encamina a combatir: la negativa del ministerio público de permitir que la víctima tenga acceso a los registros que integran la carpeta de investigación; o, la omisión de la representación social de realizar actos de investigación. Lo anterior, en el entendido que de reclamar el segundo de los actos en mención (la omisión de la representación social de realizar actos de investigación), previo a acudir al juicio de amparo, deberá agotar el recurso innominado de control judicial, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. En caso de orientar su reclamo a la negativa atribuida al ministerio público, deberá señalar la fecha en que inició su denuncia, así como la denominación completa y correcta del ministerio público que señala como única autoridad responsable 3. Además deberá pronunciarse si desea prescindir de solicitar la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; lo anterior, en el entendido de que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados (actos negativos u omisivos), la suspensión será improcedente. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas designadas por el quejoso en su escrito de demanda; lo anterior es así, ya que las personas nombradas no cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, se tiene señalado el correo electrónico enunciado en la demanda como medio de contacto no procesal, únicamente para establecer contacto en caso de ser necesario. Ello en atención a que las notificaciones que le sean de carácter personal, le serán realizadas conforme a la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. A pesar de lo anterior, se deja establecido que de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal); y cúmplase.
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