JOSE ALFONSO GUILLERMO HERNÁNDEZ ZEPEDA y Otros.

Expediente 105/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
105/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Alfonso Guillermo Hernández Zepeda
  • JOSE ALFONSO GUILLERMO HERNÁNDEZ ZEPEDA y Otros.
  • Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático Y Recursos Naturales, Morelia, Michoacán de Ocampo
  • Carlos Vicente Hernández Cepeda
  • CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ CEPEDA y Otros.
  • Auditor Superior del Estado de Yucatan
  • Secretaría de Medio Ambiente En Morelia Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    En doce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el oficio 64/2022, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrado bajo el número 127. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese la copia certificada del oficio 64/2022, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, signado electrónicamente por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual, informa que, de los trece asuntos seleccionados en la remesa ordenada en oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre de dos mil veintidós, firmada por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal; seis corresponden a juicios de amparo en materia penal, por lo que, el expediente ********************, promovido por el ********************, de su índice, no es susceptible de ser considerado para integrar uno de los trece asuntos que se deberán vincular y enviar para el auxilio correspondiente. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante realizando las manifestaciones que indica; en consecuencia, y, tomando en consideración que el expediente ********************, promovido por el ********************, fue registrado como cuaderno auxiliar 105/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; se ordena al personal encargado, realizar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Abel Jonapa García, con quien actúa y autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En once de mayo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del dieciocho al veintinueve de abril de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por medio de lista el once de abril del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número105/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veinticinco minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 105/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con los medios de prueba que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo; asimismo hace constar que en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente respecto de los medios de prueba consistentes en la Testimonial e Inspección Ocular Asociada de Pericial en Agrimensura, que la parte quejosa allegó a su escrito presentado el siete de marzo de la anualidad que transcurre. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas documentales que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza; y, respecto de las pruebas ofertadas por escrito de siete de marzo de dos mil veintidós, consistentes en la Testimonial e Inspección Ocular Asociada de Pericial en Agrimensura, dígasele a la parte quejosa, que no ha lugar a admitir dichos medios de convicción, debido a la falta de idoneidad de las pruebas ofrecidas, para el objeto que se pretenden alcanzar con su ofrecimiento y desahogo. De conformidad con los artículos 119, 120, 121, 122 , 123 y 124 de la Ley de Amparo; así como 79, 80, 81 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra, el relativo a que el medio de convicción ofrecido, necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente al juicio de amparo. Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, no obstante, podrá rechazar aquéllas pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias, es decir, que la pruebas ofrecidas deben tener relación directa con los hechos controvertidos que se pretenden acreditar en el juicio con la finalidad de evitar diligencias innecesarias, además, que el medio probatorio debe ser el adecuado y apropiado para probar el hecho que se pretende demostrar, con la finalidad de procurar la eficacia del proceso y; por tanto, una prueba que no cumpla con tales requisitos, es susceptible de desecharse. En la especie, del escrito de ofrecimiento de las pruebas Testimonial e Inspección Ocular Asociada de Pericial en Agrimensura, se colige que lo pretendido por la parte quejosa con estos medios de convicción, es que se determine la existencia, ubicación y propiedad de los predios denominados "PALO DE BATEA", "CERRO DE LA CHARANDA Y/O LA CRUZ" y "LA BUEYERA". En consecuencia, este Órgano de control constitucional, como se adelantó, no procede admitir dichos medios de prueba, pues los actos reclamados consisten en la orden de autorización de licencia o permiso o certificado de conservación de áreas naturales protegidas que se pretende materializar en contra de los quejosos, respecto a los predios de su propiedad, por lo que la prueba testimonial e inspección ocular asociada de pericial en agrimensura, no están encaminados a determinar la existencia de dichos actos, y al efecto, resulta innecesario su desahogo. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 105/2022, promovido por Carlos Vicente Hernández Zepeda y José Alfonso Guillermo Hernández Zepeda, contra actos de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales en Morelia, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Carlos Vicente Hernández Zepeda y José Alfonso Guillermo Hernández Zepeda, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III.AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A) En cuanto Ordenadora: 1. Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales. 2. Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 3. Síndico Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 4. Secretario del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 5. Tesorero Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 6. Secretario de Medio Ambiente de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 7. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Uruapan, Michoacán de Ocampo. B) En cuanto Ejecutoras: 1. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente "PROFEPA" Morelia, Michoacán de Ocampo. 2. Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo. 3. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Uruapan, Michoacán de Ocampo. 4. Guardia Nacional, Uruapan, Michoacán de Ocampo." IV. EL ACTO RECLAMADO: a). DE LA AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO la orden la autorización de licencia y/o permiso y/o certificado de conservación de áreas naturales protegidas de nuestros predios denominados: 1."PALO DE BATEA", situado al norte y a orillas de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con superficie de cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas y ochenta y dos centiáreas y linda: al sureste, en líneas sinuosa hacia dentro, con propiedad de la comunidad de San Juan; al noroeste con la comunidad de San Juan, dividiendo barranquilla por estos dos vientos; al norte con la comunidad de San Juan, vallado por división al poniente, con propiedad del señor José Hernández Pérez, divide vallado; y al sur con propiedades de Consuelo Zepeda de Hernández. 2."CERRO DE LA CHARANDA Y/O LA CRUZ", ubicado al norte y a mediaciones de la ciudad Uruapan, Michoacán de Ocampo, inmueble que cuenta con una extensión superficial de 24-63-60, veinticuatro hectáreas, sesenta y tres áreas, sesenta centiáreas y linda: al norte con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide barranca y vallado de por medio; al sur con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide camino; al oriente con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide vallado y al poniente con el señor José Hernández Pérez. 3. "LA BUEYERA", inmueble que mide 46-08-00, has y linda al norte seiscientos cuarenta metros con Silvano Mendoza; al sur seiscientos cuarenta metros con propiedad del donante; al oriente setecientos veinte metros, con Ignacio Álvarez Guizar y la comunidad de San Juan Bautista; al poniente en línea diagonal del noroeste al suroeste setecientos veinte metros con Luis Talavera y Leonardo Corona de Román. b). Y DE LAS EJECUTORAS LA EJECUCIÓN material de la orden de autorización de licencia y/o permiso y/o certificado de conservación de áreas naturales protegidas de nuestros predios denominados: PALO DE BATEA, CERRO DE LA CHARANDA Y/O LA CRUZ y LA BUEYERA." La parte quejosa expuso que los actos reclamados violan sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1,14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por admitida la demanda de amparo; requirió de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, vistas las razones actuariales de veinticinco de febrero y dos de marzo del año en curso, de las que se desprendía la imposibilidad de entregar los oficios 2967/2022 y 2972/2022, dirigidos a las autoridades responsables Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, Morelia, Michoacán y Secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Lo anterior, en virtud de que la actuaria adscrita a este órgano de control constitucional, asentó que la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, Morelia, Michoacán de Ocampo, tuvo una reestructuración y se dividió en dos: a) Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en Morelia, Michoacán de Ocampo. b) Secretaría de Medio Ambiente en Morelia, Michoacán de Ocampo. Asimismo, en relación con la diversa autoridad responsable que el quejoso denominó como Secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, asentó que la misma no existe, toda vez que se fusionó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades, o en su defecto, si señalaba a una nueva autoridad con tal carácter, precisara su denominación. En consecuencia, en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, señalando como autoridades responsables a: a) Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en Morelia, Michoacán de Ocampo. b) Secretaría de Medio Ambiente en Morelia, Michoacán de Ocampo. Por consiguiente, se tuvo a las autoridades responsables Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, Morelia, Michoacán de Ocampo y Secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Uruapan, Michoacán de ocampo, como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables ya que su inexistencia fue determinada previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, el ocho de marzo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este juicio de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de autorización de licencia o permiso o certificado de conservación de áreas naturales protegidas que se pretende materializar en su contra, respecto a los predios de su propiedad denominados como: a) "PALO DE BATEA", situado al norte y a orillas de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con superficie de cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas y ochenta y dos centiáreas y linda: al sureste, en líneas sinuosa hacia dentro, con propiedad de la comunidad de San Juan; al noroeste con la comunidad de San Juan, dividiendo barranquilla por estos dos vientos; al norte con la comunidad de San Juan, vallado por división al poniente, con propiedad del señor José Hernández Pérez, divide vallado; y al sur con propiedades de Consuelo Zepeda de Hernández. b) "CERRO DE LA CHARANDA Y/O LA CRUZ", ubicado al norte y a mediaciones de la ciudad Uruapan, Michoacán de Ocampo, inmueble que cuenta con una extensión superficial de 24-63-60, veinticuatro hectáreas, sesenta y tres áreas, sesenta centiáreas y linda: al norte con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide barranca y vallado de por medio; al sur con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide camino; al oriente con la comunidad indígena de San Juan Bautista, divide vallado y al poniente con el señor José Hernández Pérez. c) "LA BUEYERA", inmueble que mide 46-08-00, has y linda al norte seiscientos cuarenta metros con Silvano Mendoza; al sur seiscientos cuarenta metros con propiedad del donante; al oriente setecientos veinte metros, con Ignacio Álvarez Guizar y la comunidad de San Juan Bautista; al poniente en línea diagonal del noroeste al suroeste setecientos veinte metros con Luis Talavera y Leonardo Corona de Román. De las siguientes autoridades ordenadoras y ejecutoras: 1.-Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 2.-Síndico Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 3.-Secretario del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 4.-Tesorero Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 5.-Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Uruapan, Michoacán de Ocampo. 6.-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente "PROFEPA" Morelia, Michoacán de Ocampo. 7.-Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo. 8.-Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Uruapan, Michoacán de Ocampo. 9.-Coronel de Infantería comandante del 27 Batallón de la Guardia Nacional, Uruapan, Michoacán de Ocampo. 10.-Secretaría del Medio Ambiente, Morelia, Michoacán de Ocampo. 11.-Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Morelia, Michoacán de Ocampo. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 68, tomo 76, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 212775, que dice: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. En esa tesitura, en relación con los actos materia de presente considerando, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Comandante del 27 Batallón de la Guardia Nacional, todos de Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente "PROFEPA", Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Secretaría del Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, todos de Morelia, Michoacán de Ocampo, negaron categóricamente la existencia del acto que la parte quejosa les reclama en esta vía, sin que éste haya aportado prueba idónea para desvirtuar esas negativas. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. Sin que las pruebas que la parte quejosa ofertó en su escrito de demanda, desvirtúen esa negativa, pues las copias de las documentales que exhibe, consistentes en escritura número 9256, volumen 144, otorgada por el licenciado David Gálvez Cárdenas, notario público número 6, de la ciudad de Uruapan Michoacán de Ocampo, escritura número 1168, volumen 33, otorgada por el licenciado Liberio Madrigal Flores, notario público número 170, en el estado y con residencia Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como, escritura número 14419, volumen 453, otorgada presenciado por el licenciado Liberio David González Hernández, notario público número 6 en el estadio, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, únicamente avalan que son propietarios de los bienes inmuebles "PALO DE BATEA", "CERRO DE LA CHARANDA Y/O LA CRUZ" y "LA BUEYERA". Por lo que, dichos medios de prueba resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, esto es, que existe la orden de autorización de licencia o permiso o certificado de conservación de áreas naturales protegidas, en su contra, respecto a los predios de su propiedad, que defienden en esta instancia constitucional. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Vicente Hernández Zepeda y José Alfonso Guillermo Hernández Zepeda, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con dos oficios, registrado bajo el folio 3524 y 3554, dentro del juicio de amparo indirecto número 105/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo su INFORME JUSTIFICADO: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo. Con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 2. Diferimiento. Ahora bien, a fin de transcurra el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para el presente asunto, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. 3. Pruebas. Por otro lado, del estado de autos se advierte que, en proveído de siete de marzo pasado, se tuvo al quejoso José Alfonso Guillermo Hernández Zepeda, ofertando medios de prueba, por tanto resérvese proveer lo conducente respecto a las pruebas consistentes en: Testimonial e Inspección Ocular Asociada de Pericial en Agrimensura, hasta el momento del desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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