José Amador Martínez Rodríguez

Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
512/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • José Amador Martínez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente forma: Para el quejoso y la tercera interesada del tres al diecisiete de octubre del dos mil veintidós, toda vez que fueron notificados el veintinueve de septiembre del año anteriormente citado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente sumario, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación. 4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 6. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase la copia certificada de las actuaciones que integran la Carpeta de Investigación número Único de Caso 1004202204586, que anexó como complemento a su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Solicítese acuse recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito, recibido vía correo electrónico institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, registrado bajo el folio 12856. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: SE RECIBE ESCRITO. Agréguese a los autos, el mensaje proveniente del correo electrónico asumelegal@gmail.com, a través del cual Miguel Ángel Duarte Torres, en su carácter de autorizado de la parte quejosa dentro del juicio en que se actúa, a través del cual solicita información del juicio en que se actúa; en su atención, no ha lugar a realizar pronunciamiento a su contenido, virtud a que, el ocurso de cuenta, fue recibido vía correo electrónico institucional y; por tanto, no fue firmado electrónicamente por quien lo suscribe, para realizar su envío a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, atendiendo incumple con el presupuesto de "voluntad", que exige el artículo 108 de la Ley de amparo. Es así, pues si bien en términos de lo dispuesto por el invocado numeral 3°, el escrito de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma previamente obtenida, y que de conformidad con el diverso artículo 108, no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, el escrito no se encuentra firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, previo a su envío a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y tampoco se está en alguno de los supuestos a que refiere el invocado numeral 15. Además, para que el escrito pueda considerarse recibido en línea, no solo debe presentarse a través de dicho portal, sino que es indispensable que el mismo cuente con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) de quienes lo suscriben, esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, y último párrafo, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 25/2020, 37/2020 y 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y en el caso, en el ocurso de cuenta no aparece la evidencia criptográfica de la firma electrónica de Miguel Ángel Duarte Torres. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 211, último párrafo en relación con la fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los mencionados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. II. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; III. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y IV. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". De acuerdo a lo que establece el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal, se integra por tres etapas: la de investigación que comprende dos fases, de investigación inicial y de investigación complementaria; la intermedia; y, la de juicio. De igual forma, el citado precepto legal es exacto al prever que el ejercicio de la acción inicia: a) Con la solicitud de citatorio a audiencia inicial; b) Con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial; o, c) Cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. En tanto que, el proceso inicia con la audiencia inicial, y termina con la sentencia firme. En relación a las etapas del procedimiento penal, es necesario señalar que cada una de esas etapas tiene una función específica, que, conforme al principio de continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas . Razón por la cual, las partes en el procedimiento, se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; y de no hacerse así, se entiende, por regla general, que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. De esa manera, en relación a la primera etapa; esto es, la preliminar o de investigación, tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Inicia con una denuncia o una querella y está a cargo -en una fase inicial- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, cuyas diligencias deben quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formulará la imputación correspondiente, a partir de la que iniciará la fase complementaria. En cambio, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de hechos que la ley señala como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia, lo que se efectuará en audiencia privada. Luego, dentro de la audiencia, generalmente denominada como inicial (de control de detención y formulación de imputación), el Juez de Control se asegurará que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente: el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, mediante el juicio de amparo indirecto. Como puede verse, el Código Nacional del Procedimientos Penales, prevé tres supuestos en los que inicia el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público; dos de ellos, en concreto, son las denominadas formas de conducción del imputado al proceso, reguladas, en lo que interesa, por sus artículos 141 y 142 , en el sentido que tras la presentación de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá anunciar que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, y solicitar entonces al Juez de Control: citatorio al imputado para la audiencia inicial; orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, u orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Destaca que de esas etapas del procedimiento, es únicamente durante la primera y, específico, en la fase de investigación inicial, donde el Ministerio Público dirige las actuaciones, y esto lo realiza hasta antes que se ejercite la acción penal, en donde se solicite audiencia para formular imputación. Siendo así que a partir de la fase de investigación complementaria (inmersa en la primera de las mencionadas etapas), se da inicio al proceso penal de corte acusatorio y oral. Primero bajo la dirección del juez de control, a partir que se formula la imputación; y luego de iniciada la etapa de juicio, con la dirección del juez de enjuiciamiento. Proceso penal que concluye con el dictado de sentencia firme. Bajo este orden, de conformidad con el último párrafo del numeral 211 del citado ordenamiento legal, como se observa, el proceso penal acusatorio y oral da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. En el caso, de las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público responsable se aprecia que la carpeta de investigación se encuentra en trámite; es decir, integrando a fin de esclarecer los hechos que se investigan, a la cual, el ahora quejoso en su calidad de investigado, compareció, mediante escrito presentado el cinco de agosto del año en curso, a solicitar se declare la prescripción del ejercicio del derecho para la presentación de la querella (fojas de la 147 a 152 del tomo de pruebas de la autoridad responsable). En respuesta, la referida autoridad responsable el ocho de agosto de la misma anualidad, negó su petición; determinación que constituye el acto aquí reclamado (foja 153 tomo de pruebas de la autoridad responsable), sin que a la fecha se advierta solicitud por parte del Agente del Ministerio Público de la celebración de la audiencia de imputación ante el juez de control. De dichos antecedentes se infiere que en el juicio de amparo no es factible el estudio del referido acto reclamado, pues como se aprecia no ha iniciado el proceso penal a que se refiere el artículo 211, último párrafo, en relación con la fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que analizarlo, implicaría sustituirse en las facultades del Juez de Control. Lo anterior es así, pues en términos de los numerales 327 y 330 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha facultad ha sido reservada por el legislador al Juez de Control, por lo que si alguna de las partes en el procedimiento considera se actualiza la prescripción de la acción, podrá solicitar al Juez de Control, en audiencia en la que asistan las partes en la causa penal, para que se discuta la procedencia del sobreseimiento por extinción de la acción. Cuestión que también puede ser planteada, al momento de pronunciarse acerca de la solicitud de vinculación a proceso, lo que se deduce de una interpretación sistemática de los artículos 316, fracción IV, 327, fracciones II y VI y 485, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el legislador estableció que la audiencia inicial es una de las etapas procesales idóneas para examinar aspectos como el tipo penal aplicable a los hechos propuestos por la fiscalía, porque en ella tiene lugar el auto de vinculación a proceso, que para su emisión exige -entre otros requisitos- la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, este órgano de control constitucional, encuentra obstáculo jurídico para pronunciarse acerca del estudio de la prescripción del ejercicio del derecho para la presentación de la querella, pues emana del sistema adversarial; que no ha iniciado el proceso penal y por lo tanto, tampoco existe pronunciamiento de fondo por parte del Juez de Control sobre el tema; además, analizar y valorar datos de pruebas de la carpeta de investigación que las partes no han sometido a la potestad judicial, ni al contradictorio en la etapa de investigación inicial, vulneraría el principio de contradicción a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracciones VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4º y 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, encuentra apoyo además en lo dispuesto por el artículo 75 párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que el acto se debe analizar, tal como quedó probado ante la responsable. Al respecto, dicho numeral establece: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior." Cobra puntual aplicación, la tesis V.1o.P.A.8 P (10a.) (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que comparte este órgano jurisdiccional de rubro y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. PARA QUE PROCEDA SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO, ES NECESARIO QUE EXISTA PRONUNCIAMIENTO PREVIO DEL JUEZ DE CONTROL PUES, DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN (INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 18/99 Y 1a./J. 62/99). Cuando en el juicio de amparo indirecto se solicita el análisis de la prescripción de la acción penal en un asunto tramitado conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe un impedimento para realizarlo, si no existe pronunciamiento previo del Juez de Control pues, de lo contrario, se viola el principio de contradicción a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracciones VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4o. y 6o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que implicaría sustituirse en las facultades del Ministerio Público, o bien, del Juez de Control; otra razón, es que se podría dejar inaudita a la contraparte de quien lo plantee en amparo indirecto. Sin que al respecto sean aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/99 y 1a./J. 62/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO." y "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.", respectivamente, pues se refieren a casos en los que se reclaman el auto de formal prisión y la orden de aprehensión, actuaciones derivadas del llamado sistema tradicional, tramitados hasta antes de la reforma al artículo 20 constitucional invocado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y anterior a la vigencia del código indicado, donde se introdujeron, entre otros, el principio de contradicción y el procedimiento específico para el estudio de la prescripción; por último, en ese tipo de asuntos del sistema tradicional se remitían los autos que integraban la causa, lo que permitía al Juez de amparo tener todas las pruebas de la averiguación previa y el proceso, lo que no ocurre con el actual procedimiento." En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio, procede con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por José Amador Martínez Rodríguez, contra el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación, mesa número siete, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, dentro de la carpeta de investigación expediente URU/102/00768/2022. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como responsables Fiscal Regional y al Director de Carpetas de Investigación, ambos de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Se invoca en apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que dice: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercera interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Se precisa, que las tesis y jurisprudencias citadas emitidas con anterioridad a la reforma de diez de junio de dos mil once, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo; así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JOSÉ AMADOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria que autoriza y da fe

  4. Principal

    En trece de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un pedimento recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio el folio 12177. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: PEDIMENTO. Visto lo de cuenta, téngase al Fiscal de la Federación adscrito, formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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