José Alberto Aguilar López
Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alberto Aguilar López
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede, y con la demanda de amparo turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a este órgano jurisdiccional la cual quedó registrada bajo el folio 14513. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del Consejo de Honor del Veintisiete Batallón de Policía Militar, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 797/2023. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 68, agosto de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". A partir de lo anterior, este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), de dicho ordenamiento, aplicado en sentido contrario, debido a que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no constituye la resolución definitiva mediante la cual se ordene la baja del impetrante del servicio activo de las armas, toda vez que únicamente se solicitó imponer dicha medida, sin que esa decisión sea definitiva. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), del ordenamiento en mención, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El normativo transcrito prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahora bien, el precepto en análisis regula dos supuestos en los que se puede promover el juicio contra los actos referidos, a saber: - Contra la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento. En esta hipótesis, se podrán hacer valer tanto las violaciones contenidas en la resolución como las ocurridas durante el procedimiento, que dejaran sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de dicha resolución. - Contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que en el supuesto en análisis, el juicio de amparo únicamente procede en dos momentos: (I) cuando se dicta la resolución definitiva del procedimiento; y (II) cuando se emita un acto que sea de imposible reparación. Por tanto, por regla general, tratándose de actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procede hasta que se dicte la resolución definitiva, con excepción de los actos intraprocesales que tengan sobre el quejoso una ejecución irreparable. En sentido contrario, si no se está en alguno de los supuestos referidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, como se dijo, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es aplicable, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como, la jurisprudencia 37/2014, del Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del libro 7, junio de 2014, del tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Y, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". En conclusión, los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de las personas que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al dictarse la resolución definitiva. En el caso, el impetrante de amparo reclama del ** Ahora, a fin de identificar el procedimiento del que emana el acto reclamado, es necesario traer a colación diversa normativa al respecto. Sobre el particular, los artículos 16 a 21 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales señalan: "Iniciación de la audiencia para juzgar a un acusado ARTÍCULO 16.- Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente: Nombramiento de defensor Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a algunos de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará. Exposición de cargos al acusado ARTÍCULO 17.- A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario. Acusación ARTÍCULO 18.- La voz de la acusación la llevará un Jefe u oficial nombrado por el Presidente del Consejo. Defensa ARTÍCULO 19.- Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades. Votación de la culpabilidad ARTÍCULO 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad. Castigos disciplinarios ARTÍCULO 21.- Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivos disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III". Por su parte, el numeral 36, fracción III, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos indica: "ARTÍCULO 36o.- El Consejo de Honor tiene facultades para: (...) III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga". Por otro lado, el numeral 170, fracción II, inciso D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala: "De las Bajas ARTÍCULO 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: (.) II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: (...) D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado". De la normativa transcrita se obtiene que el procedimiento para dar de baja a un militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene las siguientes etapas. a) La primera, en la cual el afectado conoce, a través del acusador, los hechos que se le imputan y que constituyen la materia sobre la cual versará el procedimiento, ante el Consejo de Honor. b) Una segunda, en la que se posibilita al acusado para que exponga, por sí y a través de su defensor, lo que a su derecho convenga para demostrar sus argumentos de descargo, con la única limitante consistente en el respeto a las normas y autoridades militares, situación que revela que cuenta con la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estime pertinentes para comprobar sus aseveraciones. c) La tercera, en la cual el Consejo referido, tras deliberar respecto de los argumentos expuestos por la parte acusadora y la defensa, decide respecto de la culpabilidad del acusado, proponiendo, en su caso, la imposición de la medida disciplinaria correspondiente y, en la que se otorga al acusado el plazo de quince días naturales para manifestar lo que a su interés corresponda; y, d) La cuarta, en la que el Secretario de la Defensa Nacional, después de haber oído al afectado, emitirá el acuerdo en el que determinará en definitiva si es o no procedente su baja por observar mala conducta determinada por el consejo de honor. Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama ** Una vez examinado el caso, a la luz del marco normativo esbozado, se considera que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Se considera de esta manera, pues la decisión que adoptó el Consejo de Honor carece de definitividad para efecto de ser impugnada a través del presente juicio de amparo, toda vez que ésta se encuentra subjúdice a lo que resuelva el Secretario de la Defensa Nacional, en el sentido de si procede o no determinar **. ** En esas condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), de dicho ordenamiento, aplicado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones personales que le resulten a través del usuario **, para lo cual se instruye al actuario de la adscripción dar de alta dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES Con fundamento en los artículos aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
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