José Alejandro Trejo Chan

Expediente 1320/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1320/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Trejo Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta 9095/2023 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se dio entrada al recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente expediente, quedando registrado con el número de toca 354/2023. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito del quejoso JOSÉ ALEJANDRO TREJO CHAN, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de amparo que promovió JOSÉ ALEJANDRO TREJO CHAN, contra los actos de la Oficialía Mayor, Director General de Recursos Humanos, Dirección de Personal Civil, Subdirección de Control y Atención al Personal, Departamento de Control de Personal, de la Secretaría de Marina-Armada de México, con residencia en la Ciudad de México; y otra autoridad. En tal virtud, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta, se tiene a ****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Oficialía Mayor, Director General de Recursos Humanos, Dirección de Personal Civil, Subdirección de Control y Atención al Personal, Departamento de Control de Personal, de la Secretaría de Marina-Armada de México, con residencia en la Ciudad de México; y otra autoridad. Actos que hizo consistir en lo siguiente: ACTO RECLAMADO El oficio ********************, de fecha veinticinco de julio de dos mil veintitrés, signado por el Director General de Recursos Humanos. Oficio número ********************, de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, signado por el capitán de puerto de Dzilam de Bravo, Yucatán. En los cuales esencialmente se le comunica su cambio de adscripción de la Capitanía de ********************, a la Capitanía de Puerto de ********************. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 1320/2023-II-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte en una nueva reflexión, que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, de la Ley de Amparo el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, el propio precepto legal reconoce que para efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011(9ª) con registro 161133, estableció que las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, este juzgador considera que los elementos que caracterizan al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo son la imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de repararse a través del juicio constitucional. En el caso particular, el quejoso reclama la emisión de la orden de cambio de adscripción, contenida en el oficio número ******************** de veinticinco de julio del año en curso, signado por el Vicealmirante Director de Recursos Humanos ********************, de la Secretaria de Marina, así como el diverso ********************, de cuatro de agosto del presente año. Oficios en donde se le comunica su cambio de adscripción de la Capitanía de ********************, a la Capitanía de Puerto de ********************, a partir del quince de agosto de este año, por necesidades del servicio. De lo anterior, se desprende que las autoridades que señala como responsables en el presente asunto, no son autoridades para los efectos del amparo, ya que los actos que se les reclaman, tienen su origen en la relación laboral que los vincula. Por tal motivo es claro que el cambio de adscripción del personal dependiente administrativamente de la Secretaría de Marina, no deriva de una potestad pública de las autoridades señaladas como responsables, sino de una relación laboral que existe entre las partes, por virtud de la cual la parte quejosa desempeña las funciones encomendadas por aquella. De ahí que ese el vínculo que guarda el quejoso respecto del ente público al que se encuentra adscrito sea de coordinación burocrática-laboral y no de supra-a-subordinación. Lo que encuentra razón de ser en que si bien el desempeño del cargo de cualquier servidor público tiene como origen el acto condición o el nombramiento que -de manera soberana- emiten los entes públicos a favor de cualquier trabajador del Estado, a ello necesariamente le precede un acto volitivo del particular por virtud del cual acepta desempeñarse como servidor público y, de manera concomitante, admite voluntariamente someterse a las leyes que regirán en lo conducente su actuación. Por ende, el promovente y las señaladas como autoridades responsables se encuentran en un mismo plano de igualdad jurídica; luego, las mencionadas responsables no tienen el carácter de autoridades, en virtud de que los actos que se les atribuyen, crean una controversia entre ellos de carácter laboral; por ende, dichos actos que se les adjudican no son actos de autoridad, y, por tanto, no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, sino, en todo caso deben de ejercerse ante las instancias que correspondan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que señala: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso y 5º, fracción II, de la Ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******************** número ******************** por ******************** y ********************-B, fraccionamiento ********************, Código Postal ********************, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************; y la persona restante que se relaciona, como se solicita, con las limitaciones a que se refiere el aludido numeral, en su segundo párrafo. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO Se tiene por proporcionados los correos electrónicos y teléfonos que indica la parte promovente, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. COTEJO Y DEVOLUCIÓN Por otro lado, como insta la parte amparista, proceda la Secretaría de este Juzgado a cotejar los seis documentos que exhibió en original y que relaciona en su demanda, con las copias fotostáticas exhibidas, a fin de que éstas sean certificadas para formar parte del presente juicio y aquéllos le sean devueltos, previo recibo que se deje en autos; haciendo la aclaración que el oficio identificado como: "OFICIO ORIGINAL DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 1999 CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO, SIGNADOS POR BR. ********************, RECURSOS HUMANOS, ING, ********************, SUBDIRECTOR ADMINISTATIVO Y LIC ******************** DIRECTOR GENERAL"; no es de fecha uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, sino que fue expedido el quince de septiembre de dos mil trece. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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