Jose Alejandro Ruiz Tun

Expediente 1486/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1486/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Alejandro Ruiz Tun

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa por auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, para que aclarara su demanda de amparo, sin que lo hiciera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído, por tanto, no se tiene como acto reclamado el que atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, consistente en el valor probatorio que le otorgó a las constancias actuariales emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. A continuación se procede a proveer en relación con el diverso acto reclamado. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, se tiene vista la demanda de amparo que promovió la parte quejosa en este asunto JOSÉ ALEJANDRO RUIZ TUN, JOSÉ RAFAEL RUIZ MEDINA, ROGER GABRIEL RUIZ LORIA Y MANUEL FRANCISCO ESPADAS PECH, por conducto de su apoderada legal Diana Victoria Ruz Pérez, que según se desprende de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, son los siguientes: ACTO RECLAMADO Del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Las constancias actuariales realizadas el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de las cuales emplazó a los hoy tercero interesados. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Bajo tal aspecto, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano". El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188643, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional), de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se señaló en párrafos que preceden, la parte quejosa reclama del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Las constancias actuariales realizadas el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de las cuales emplazó a los hoy tercero interesados. Respecto a dicho acto, se advierte que se materializa el supuesto de improcedencia previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". En lo que interesa, de lo previsto por dicho precepto, se obtiene que es improcedente el amparo indirecto cuando se reclaman actuaciones judiciales con relación a las cuales la ley prevé a favor del quejoso, dentro del procedimiento, algún recurso ordinario mediante el que exista la posibilidad de que sean modificadas, revocadas, o nulificadas, no obstante que tal recurso no lo hubiere hecho valer la parte quejosa. Así pues, lo que caracteriza a un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es que respecto de tal acto, no exista ningún recurso ordinario por el cual sea susceptible de ser revocado, modificado o nulificado. Consistente en que el amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En primer término, con relación al requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte demandante el que suscribe trae a colación los artículos 761, 762, fracción I y 764 de la Ley Federal del Trabajo, por ser el aplicable al juicio de donde derivan los actos reclamados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad;". Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." De los artículos antes transcritos se obtiene que cualquier cuestión que surja durante la tramitación de un juicio que tenga relación inmediata con el negocio principal se tramitará vía incidental, los cuales se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamento, entre ellos el de nulidad; asimismo que en caso de que la persona se manifieste sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley, caso en el cual el incidente será desechado de plano. Ahora bien, en el caso a estudio la parte quejosa reclama las constancias actuariales emitidas el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de las cuales emplazó a los hoy tercero interesados. De ahí que contra dicho acto debió promover, previo a la interposición de la demanda de amparo, el incidente de nulidad que prevé la ley ordinaria, a través del cual estará en aptitud de controvertir las irregularidades que hace valer en este juicio constitucional. Es aplicable la tesis 2a./J. 65/2002, con número de registro digital: 186512, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Laboral, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 259, Tipo: Jurisprudencia, que a la letra dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarsepara la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Por último, en cuanto a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que no se actualiza alguna. En efecto, el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Finalmente, los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños, ya que son la parte actora del juicio de origen. Tampoco se les podría considerar terceros extraños por equiparación porque en su demanda de amparo, manifiestan que son parte actora del juicio laboral. Lo anterior implica que los quejosos, para efectos del juicio de origen no tienen el carácter de terceros extraños por equiparación, de tal suerte que están en posibilidad de apersonarse al juicio laboral de origen a hacer valer sus derechos, así como de agotar los recursos y medios de defensa que estime pertinentes. Sustenta esta determinación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 352156, Instancia: Cuarta Sala, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII, página 5652, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. El concepto de persona extraña al procedimiento, ha sido establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que dicha garantía corresponde a cualquiera persona que no tenga la condición de parte constituida en el respectivo juicio contradictorio, lo que no podría ser de otro modo, ya que sólo a las indicadas partes corresponden los derechos y defensas que la ley confiere". En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad ya descritas. Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de manera que el quejoso debió agotar el incidente de nulidad en contra de las constancias actuariales emitidas el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de las cuales se emplazó a los hoy tercero interesados; de ahí que el amparo contra dicho acto es improcedente. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que se no se podría desvirtuar la naturaleza y los efectos de carácter procesal que el acto reclamado origina. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracciones IV y VI, de la ley de la materia, interpretadas en sentido contrario. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a), publicada en la página trescientos cincuenta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Primera Sala de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En conclusión, en el presente caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte promovente; y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que aclarara su demanda de amparo, sin que lo hiciera. Sin embargo, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de volver a prevenir a la parte quejosa y realizarle un nuevo apercibimiento, lo que se procede a realizar en los términos siguientes. PREVENCIÓN A fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente: ( En relación con el acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, consistente en el valor probatorio que le otorgó a las constancias actuariales remitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar su apartado de antecedentes del acto reclamado, debiendo precisar dónde se valoraron las constancias de notificación que alude, señalando el acuerdo relativo y la fecha del mismo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del plazo otorgado, no se tendrá dicho acto por señalado y se acordará lo legalmente conducente respecto del diverso acto atribuido al actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. REQUERIMIENTO DE COPIAS Al respecto, la parte quejosa deberá exhibir CINCO copias de su escrito aclaratorio para correrle debido traslado a las partes; en razón de que se requieren dos copias para las autoridades responsables, dos copias para los terceros interesados y una más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, registro 189977, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, se tiene a ++++ por conducto de quien, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser su apoderada legal Diana Victoria Ruz Pérez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclaman de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS: Del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, las constancias actuariales emitidas el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de las cuales emplazó a los hoy tercero interesados. De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, el valor probatorio que le otorgó a las constancias actuariales emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 1486/2023-IV-B que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD. Con fundamento en los artículos 6° y 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de apoderado legal de los quejosos a Diana Victoria Ruz Pérez, toda vez que así lo acredita con las constancias que adjuntó a su demanda de amparo. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente: En relción con el acto reclamado identificado con el inciso b), atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar su apartado de antecedentes del acto reclamado, debiendo precisar dónde se valoraron las constancias de notificación que alude, señalando el acuerdo relativo y la fecha del mismo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del plazo otorgado, se atenderá la demanda de amparo en los términos originalmente planteados, y se acordará lo legalmente procedente. REQUERIMIENTO DE COPIAS Al respecto, la parte quejosa deberá exhibir CINCO copias de su escrito aclaratorio para correrle debido traslado a las partes; en razón de que se requieren dos copias para las autoridades responsables, dos copias para los terceros interesados y una más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y como sus autorizados, a las personas que menciona para tales efectos, en los términos que precisa en dicho libelo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que proporciona los usuarios registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a **************", "**************", "***************", "********** y *******************", para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico y se les realicen las notificaciones vía electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a demás las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

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