José Alfonso Lujano Rocha
Expediente 1018/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Alfonso Lujano Rocha
Actuaciones
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 548/2022-IV-B, promovido por********************, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el veinticuatro del citado mes y año, a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, así como del actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se tiene que los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: El señalamiento lejano de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 738/2021, que promovió la parte quejosa en contra de Colegio Yucalpetén y/o Claudia Margarita Carbajal Vázquez y/o Claudia Thalia Loza Carbajal y/o Sergio Loza Barba y otro; y, La omisión de emplazar a la parte demandada. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, así como del actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado identificado con el inciso b), referente a la la omisión de emplazar a la parte demandada; por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio por cuanto hace a dicho acto, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la responsable a su informe, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de febrero en curso se realizó la diligencia de emplazamiento a las demandadas Colegio Yucalpeten y/o Claudia Margarita Carbajal Vázquez y/o Claudia Thalia Loza Carbajal y/o Sergio Loza Barba y otro, en el expediente laboral de origen; aunque se advierta la imposibilidad de emplazar a las antes mencionadas, derivado de inconsistencias en la nomenclatura y ubicación del domicilio proporcionado para tal efecto; lo cierto es, que la autoridad responsable llevó a cabo dicha diligencia, aunque la misma tuvo un resultado infructuoso. Por tanto, indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por lo que dicha diligencia aconteció durante la sustanciación del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa presentó la demanda constitucional el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, y la responsable, el veintitrés de de marzo siguiente realizó la diligencia de emplazamiento a la parte demandada al juicio de origen; actualizándose a plenitud la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En relación con el diverso acto reclamado, identificado con el inciso a), consistente en el señalamiento lejano de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 738/2021, que promovió la parte quejosa en contra de Colegio Yucalpetén y/o Claudia Margarita Carbajal Vázquez y/o Claudia Thalia Loza Carbajal y/o Sergio Loza Barba y otro; resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. Al respecto, la parte quejosa alega que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales, toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Sobre este punto, debe decirse que le asiste razón a la parte impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo; y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. Luego, en relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Además, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Luego, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, deducidas del juicio natural 738/2021, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se desprende que en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, data señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual no pudo llevarse a cabo porque la parte demandada no estaba emplazada al juicio, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica para el uno de julio de dos mil veintidós. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte justiciable el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrado por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste ordena a las autoridades a "hacer" algo, que, en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. Lo anterior amerita a otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, bajo los efectos que más adelante se precisan. En este orden de ideas, del análisis de las constancias que obran en este sumario de amparo, se concluye que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental consagrado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque dicho precepto garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, se concluye que la Junta de mérito se ha abstenido de dictar las medidas pertinentes y efectivas para la pronta verificación de dicha audiencia inicial. Pues ha transcurrido con exceso el término contemplado en los artículos de la ley laboral citado en párrafos precedentes, mismos que en esencia establecen que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; y que la audiencia inicial deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En esas condiciones, habiendo resultado fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en relación con el acto reclamado -inciso a)- y de conformidad con las precisiones apuntadas, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por********************, para los efectos siguientes: 1.- La Junta responsable deberá dejar insubsistente la parte conducente del proveído impugnado de veintidós de febrero de dos mil veintidós, sólo en lo relativo al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica, en el juicio laboral 738/2021; y, 2.- En su lugar, emitirá un nuevo pronunciamiento en el que, observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley en esa fase, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia. En el entendido que la Junta responsable deberá ajustarse a los plazos y términos que marca la ley para ello. Es menester precisar que por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace al emplazamiento de la parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, así como del actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada; por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, así como del actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad, identificado con el inciso a), en esta sentencia; por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto del estudio. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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ELECT Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto lo que antecede, agréguese a estos autos incidentales el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Salud, en relación al requerimiento efectuado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, tomando en consideración que mediante proveído de diecinueve de los corrientes, se dejaron sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las once horas con trece minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de Jesús Ariel Cohuo Tec, representante de la menor quejosa Camila Fernanda Cohuo Morales, mediante el cual manifestó: "...que hasta el día de hoy a mi hija menor CAMILA FERNANDA COHUO MORALES NO se le ha aplicado ninguna de las dosis de la vacuna PFIZER-BIONTECH, pero ya he acudido a las juntas programada por EL COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATAN para darnos instrucciones sobre la vacuna y en dicha junta se programó a mi hija menor CAMILA FERNANDA COHUO MORALES para la aplicación de la primera dosis que se le aplicará el día 25 de marzo a las ocho de la mañana y la segunda dosis se le aplicará después de los veintiún días después de haberse aplicado la primera dosis DE LA VACUNA, en cuestión." En consecuencia, toda vez que el veinticinco de marzo pasado se le debió aplicar a la menor quejosa la primera dosis de la vacuna correspondiente, de acuerdo a las manifestaciones de referencia. Por tanto, se previene a la parte promovente para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, informe bajo protesta de decir verdad si le fue aplicada a la nombrada menor dicha dosis. Apercibida que de incumplir el requerimiento, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.00 (dos mil, ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, toda vez que la autoridad responsable Titular de la Dirección General de Promoción a la Salud, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su respectivo informe previo en este asunto, ni obra constancia de que hubiese recibido el oficio a través del cual se le solicitó, mismo que se ordenó reenviar mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Por tales motivos, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las diez horas con dos minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, como nueva hora y fecha para su celebración. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que se advierte de autos que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México, no han rendido sus informes previos, ni obra en autos el acuse de recibo postal correspondiente a los oficios por medio de los cuales se les requirieron dichos informes. En consecuencia, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de las señaladas autoridades se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese, y cúmplase.
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