Jose Alejandro Sanchez Campos

Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
578/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Alejandro Sanchez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que por auto dictado por el presidente de ese órgano colegiado, el veintiuno de septiembre del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso José Alejandro Sánchez Campos en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; registrándose el toca 208/2021 del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a los terceros interesados 1. Octavio Alberto Gunter Ransenberg u Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, 2. Ruth Ransenberg Bada y 3. María Luisa Bada Sanz, a través de Marco Antonio Caraza Díaz -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Alejandro Sánchez Campos; y, en atención a su contenido, se provee: Se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, junto con un cuaderno de prueba y tres discos en formato versátil digital, así como original y copia del escrito de expresión de agravios; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista al quejoso, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo -al ser la parte quejosa quien interpone el medio de impugnación que se provee-; electrónicamente a los terceros interesados 1. Octavio Alberto Gunter Ransenberg u Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, 2. Ruth Ransenberg Bada y 3. María Luisa Bada Sanz, a través de Marco Antonio Caraza Díaz -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 578/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Alejandro Sánchez Campos -privado de su libertad en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional, José Alejandro Sánchez Campos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución emitida por Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y admisión. Por acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 578/2021; asimismo, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, tuvieron y emplazaron con el carácter de terceros interesados a: 1. Octavio Alberto Gunter Ransenberg u Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán -víctima del delito-, quien se apersonó mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno y tiene autorizada la tramitación del presente asunto bajo el esquema de juicio "en línea". 2. Ruth Ransenberg Bada -víctima del delito-, quien se apersonó mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno y tiene autorizada la tramitación del presente asunto bajo el esquema de juicio "en línea". 3. María Luisa Bada Sanz -víctima del delito-, quien se apersonó mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno y tiene autorizada la tramitación del presente asunto bajo el esquema de juicio "en línea". 4. Arturo Wong Cortés, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano 2 de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la causa de origen-. 5. Roberto Huerta Zaragoza, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano 2 de la Fiscalía General del Estado de Puebla -interviniente en la audiencia de donde derivó el acto reclamado-. Quinto. Cita para audiencia. En acuerdo de seis de agosto del actual, se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial de esa materia (penal), que tiene lugar en la residencia donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del auto de radicación y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso José Alejandro Sánchez Campos reclama lo siguiente: ( La resolución dictada en audiencia oral de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, desahogada dentro de la causa penal 531/2020/PUEBLA, en donde se declaró infundada la solicitud de nulidad de actos planteada por su defensa particular, en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital. Acepta. 41 y 42. Tabla única. La autoridad responsable aceptó la existencia de la resolución que se le reclama. Certeza que se corrobora con las probanzas remitidas en apoyo al informe justificado, consistentes en copia certificada de los registros escritos de la causa penal 531/2020/PUEBLA y en las audiencias contenidas en los discos versátiles digitales (DVD), las que, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado y se emprende el análisis de la oportunidad de la acción constitucional, de su procedencia y, en su caso, de su constitucionalidad. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de acusado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se explica. En primer lugar, debe decirse que dada la naturaleza jurídica de la resolución reclamada, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento judicial, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el citado precepto legal; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Así, la resolución tomada en audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa de origen, se notificó personalmente tanto al quejoso como a su defensor, durante su desahogo, por lo que esas notificaciones surtieron efectos el treinta y uno de mayo siguiente -día hábil siguiente-, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 94 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, los quince días hábiles para que promoviera su demanda de amparo transcurrieron del uno al veintiuno de junio de dos mil veintiuno, previo descuento de los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de junio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó, de forma física, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo Sin perjuicio de lo anterior, si bien el suscrito no se encuentra obligado a estudiar todas y cada una de las contempladas en el citado artículo de la ley de la materia, sino únicamente las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, en el presente caso, se estima conveniente precisar que en la audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, desahogada dentro de la causa penal de origen (531/2020/PUEBLA), en donde se dictó la resolución que ahora se reclama, la defensa particular del quejoso, al estar inconforme con esa determinación, interpuso recurso de revocación en su contra, en términos de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicho medio de impugnación fue desechado por el juez de control, esencialmente porque la determinación impugnada se había emitido con intervención de las partes y porque no era una de mero trámite. No obstante, esa circunstancia no implica la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos por sustitución, consistente en el sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la existencia legal del supuesto antes mencionado dentro de la contradicción de tesis 83/2012, en donde determinó que el desechamiento del recurso idóneo y el efecto que éste genera provocan que la resolución que se pretende recurrir quede firme, sustituya procesalmente a la impugnada y, por ende, que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, relativa a la cesación de efectos. En ese sentido, para que opere la citada causa de inviabilidad, el medio de impugnación ordinario debe ser idóneo, es decir, tendente a modificar o revocar la resolución impugnada; de lo que se sigue que si el recurso intentado no es procedente por falta de idoneidad, la causa de improcedencia analizada no se verifica. Sentado lo anterior, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 331/2019, consideró lo siguiente: ( Que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implicaban un importante y trascendente juicio de valoración, pues eran cuestiones que impulsaban el proceso y que no trastocaban la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refería al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. ( Que a partir de una interpretación teleológica del referido artículo 465, era dable otorgar significado a la expresión "sin sustanciación" para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque -indicó- la norma procesal que regía el actuar del juzgador no tenía asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no preveía la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resolvía de plano lo pedido. ( Que, entonces, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. En ese tenor, aunque no sea materia de la litis constitucional, se estima correcto el desechamiento del recurso de revocación intentado por la defensa en contra de la resolución ahora reclamada, ya que ésta si bien se emitió dentro del procedimiento penal en la que intervino la autoridad jurisdiccional, lo cierto es que: i) No es de mero trámite, toda vez resolvió el fondo de la solicitud planteada por la defensa (nulidad de actos en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional); y, ii) Tuvo sustanciación, habida cuenta que se dictó dando oportunidad a las partes de alegar al respecto. Tales circunstancias corroboran la improcedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional; por tanto, no era idóneo para revocar o modificar la resolución impugnada y, por ende, su desechamiento no la sustituyó procesalmente ni actualizó la causal de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal. En virtud de lo expuesto, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan del informe justificado y de las probanzas ofrecidas en autos, y que son los siguientes: 1. En audiencia inicial de once de marzo de dos mil veinte, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( Se calificó de legal la detención en flagrancia de José Alejandro Sánchez Campos -quejoso- y otro, por hechos con apariencia de delito. ( La fiscalía formuló imputación en contra de los detenidos, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones I, II, III, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, Ruth Ransenberg Bada y María Luisa Bada Sanz. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlo a proceso. ( Se hicieron saber a los imputados los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando, previa consulta con su defensa, que la misma se dilucidara en ese momento. ( Previo debate, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los implicados, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III, 380, fracciones I, II, III y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, Ruth Ransenberg Bada y María Luisa Bada Sanz. ( Previa solicitud por parte de la fiscalía, el juez de control impuso a los imputados como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. ( Finalmente, previo debate, autorizó el plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria. 2. En audiencia de doce de noviembre de dos mil veinte, el juez de control concedió un mes y medio más para el cierre de investigación complementaria. 3. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al fiscal formulando acusación en contra de los imputados, por su responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones I, II, III, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. 4. En auto de ocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la defensa pública del quejoso solicitando audiencia para proponer las condiciones para la procedencia de una suspensión condicional del proceso, por lo que se señalaron las catorce horas del veinticinco de enero del mismo año para tal efecto. 5. En audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el juez de control negó la suspensión condicional propuesta por la defensa pública del quejoso y, asimismo, requirió al fiscal para que dentro de un término de veinticuatro horas, computado legalmente, entregara de forma directa al asesor jurídico y al defensor la acusación formulada por su parte. 6. En acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juez de control tuvo al fiscal dando cumplimiento al requerimiento formulado en audiencia de veinticinco de enero del actual, por lo que señaló las once horas del ocho de marzo del mismo año para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. 7. En auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a Marco Antonio Caraza Díaz, asesor jurídico victimal, dando contestación a la acusación formulada por el ministerio público en contra de José Alejandro Sánchez Campos -quejoso- y otro. 8. En audiencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo el desahogo de la audiencia intermedia y, en su lugar, se autorizó un plazo de treinta días hábiles para que se concretara la solicitud del procedimiento abreviado propuesto. 9. En acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el juez de control tuvo a José Ricardo Serrano Bustillos, defensor particular de José Alejandro Sánchez Campos -quejoso-, solicitando audiencia de nulidad de actuaciones por violaciones a derechos humanos respecto de la resolución de veinticinco de enero del año en curso, en donde se negó la suspensión condicional del proceso solicitada por la entonces defensa pública del ahora quejoso, por lo que señalaron las catorce horas del veintiséis de mayo siguiente para tal efecto. 10. En audiencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el juez de control concordó con lo manifestado por la defensa particular y el ministerio público, en el sentido de que no existían condiciones para el desahogo de la audiencia de nulidad de actuaciones por violaciones a derechos humanos ante la falta de notificación previa a la asesoría jurídica victimal; por tanto, se difirió la misma para las trece horas del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 11. En audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, previo debate entre la defensa particular, la fiscalía y la asesoría jurídica victimal, el juez de control declaró infundada la solicitud de nulidad de actos planteada por la defensa en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta -resolución ahora reclamada-; asimismo, señaló las trece horas del diez de junio del actual para el desahogo de la audiencia intermedia y, por ende, dejó sin efecto la solicitud de procedimiento abreviado. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de la parte promovente, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. 1. Análisis de la resolución reclamada. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante resolución oral dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 531/2020/PUEBLA, conoció de una solicitud planteada por José Ricardo Serrano Bustillos, defensor particular del quejoso José Alejandro Sánchez Campos, en la que propuso la nulidad de actos en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por la entonces defensa pública de su representado. En efecto, la defensa señaló -esencialmente- que en dicha audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno se vulneraron en agravio de su representado los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, ya que para declarar improcedente el referido medio alternativo de solución del conflicto penal, el juez de control recalificó el tipo penal que fue materia del auto de vinculación a proceso con base en la acusación formulada por el fiscal, la cual -indicó- no había sido hecha de su conocimiento, aunado a que dicha acusación estaba pendiente de demostrarse en etapa de juicio, por lo que -afirmó- se debió respetar la calificación jurídica que regía el auto de término constitucional, pues sólo de esta manera, se cumpliría con la media aritmética de la pena de prisión que pide el artículo 192, fracción I, del código nacional para la concesión de la citada solución alterna del procedimiento. A mayor abundamiento, precisó que dicha disposición establece que la suspensión condicional del proceso procederá cuando el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excediera de cinco años; de modo que la norma no disponía que debía tomarse en cuenta la acusación sino ese auto de término constitucional. En ese sentido y previo debate entre la defensa, el fiscal y la asesoría jurídica victimal, el citado juez de control determinó que era infundada la solicitud planteada, principalmente por los motivos siguientes: a. Que no se vulneró el derecho de defensa del quejoso, en virtud de que en audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno había estado representado por su entonces defensa pública. b. Que la resolución dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por la defensa pública, debió recurrirse a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. c. Que en dicha audiencia no se había realizado una recalificación de los hechos que fueron materia del auto de vinculación a proceso dictado el once de marzo de dos mil veinte, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III, 380, fracciones I, II, III y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, ya que esa acción (recalificación del tipo penal) únicamente se podía realizar, precisamente, al momento de resolver la situación jurídica del imputado y en etapa de juicio y no en otras actuaciones. d. Que, no obstante lo anterior, se advertía de la causa que el fiscal había formulado acusación en contra del quejoso, por su responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones I, II, III, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Acto que -dijo- no podía soslayarse porque sería tanto como desconocer toda la investigación que se había realizado en la etapa complementaria, además, si bien en la audiencia intermedia se depuraba la acusación y en la etapa de juicio se tenía por demostrada o no la pretensión punitiva del fiscal, lo cierto es que para ese momento procesal -verificación de los requisitos para la concesión de la suspensión condicional del proceso- era procedente tomar en cuenta la acusación, pues de este modo, no se vulnerarían los derechos de la víctima. Por tales motivos, el juez de control declaró infundada la solicitud de nulidad de actos, propuesta por la defensa particular del quejoso, en términos del artículo 97, párrafo primero, del aludido código nacional. Para entender mejor la resolución reclamada, se precisa que la misma se emitió con base en el siguiente ejercicio argumentativo -en lo que interesa-: 1. Primera intervención de la defensa particular. 1.1 Solicitó la nulidad de actos procedimentales en términos del artículo 97, "fracción I", del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de todo lo actuado desde la audiencia celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en donde se negó la solicitud de suspensión condicional del proceso, propuesta por la entonces defensa pública de su representado -ahora quejoso-; lo anterior, por ser violatoria de sus derechos humanos de defensa adecuada, audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 Constitucional. 1.2 Señaló que el once de marzo de dos mil veinte, se vinculó a proceso a su representado por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III, y 380, fracciones I, II, III y IX, del Código Penal del Estado de Puebla. 1.3 Indicó que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecía que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación; que el juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa; que el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso; y, que si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 1.4 Señaló que el artículo 318 del referido código disponía que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. 1.5 Entonces, adujo que con base en la calificación del hecho delictivo efectuada en el auto de vinculación a proceso, la entonces defensa pública de su representado solicitó la suspensión condicional del proceso, tomando en consideración que la pena de prisión prevista en el artículo 374, fracción III, del código penal, era de 2 a 4 años y, por ende, era procedente el referido medio alternativo de solución del conflicto penal. 1.6 No obstante ello, indicó que el juez de control, en audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, recalificó el tipo penal materia del auto de vinculación a proceso con base en la acusación formulada por el fiscal, en donde cambió la fracción III por la fracción IV del artículo 374 del código penal, la cual establece como pena de prisión de 3 a 8 años y, por tanto, provocó la improcedencia de la suspensión condicional del proceso al requerir que la media aritmética no supere los 5 años. 1.7 Expuso que a su representado no se le permitió defenderse, puesto que no se le había corrido traslado con la acusación formulada por el fiscal, tan era así que, en la parte final de dicha audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se ordenó al referido fiscal que entregara el traslado de la acusación tanto al asesor jurídico victimal como a la entonces defensa de su representado. 1.8 Hizo valer la existencia del auto de vinculación a proceso dictado en contra de su representado, para constatar el cumplimiento al requisito previsto en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que la suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años; de modo que señaló, dicha resolución era la que debía considerarse para tales efectos y no la acusación. 1.9 Señaló que la acusación era materia de comprobación en la etapa de juicio, por lo que no se podía tomar en consideración para resolver sobre la suspensión condicional del proceso. 2. Primera intervención de la fiscalía (réplica). 2.1 Señaló que la solicitud de nulidad, conforme al artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe encontrarse debidamente fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquél en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda, o bien, si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, verbalmente antes del término de la misma audiencia; de modo que si no había formulado por la defensa particular en esos términos, la solicitud respectiva resultaba extemporánea. 3. Primera intervención de la asesoría jurídica victimal (réplica). 3.1 Argumentó que la fiscalía había presentado acusación y que se había corrido traslado con la misma. 3.2 Señaló que en la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el quejoso estuvo asistido por abogado defensor público, por lo que no había violación al derecho de defensa adecuada. 3.3 Precisó que no hubo violación al principio de inmediación, en atención a que estuvo presente el juez de control, ni violación al principio de contradicción, ya que la defensa tuvo la oportunidad de alegar y argumentar lo relativo a la procedencia de la suspensión condicional del proceso. 3.4 Adujo que no se violó algún derecho del quejoso, de los previstos en el artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.5 Argumentó que aun suponiendo que la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno fuera ilegal, la defensa tuvo a su alcance el recurso de revocación, previsto en los artículos 465 y 466 del código nacional, el cual se debió interponer de forma oral; no obstante, la defensa no lo hizo valer. 3.6 Señaló que el artículo 100, fracción I, del código nacional establece que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en el propio Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto, lo cual, sucedió por no interponerse el recurso de revocación aludido y, por ende, la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno debe tenerse por convalidada. 4. Segunda intervención de la defensa particular (réplica). 4.1 Indicó que respecto de la extemporaneidad alegada por el fiscal, éste pasó por alto que la solicitud de nulidad de actos no se solicitó en términos del artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales sino en términos de su artículo 97, "fracción I", el cual -dijo- establece que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. 4.2 Señaló que existe una acusación del fiscal en la que recalificó la conducta penal que se estableció en el auto de vinculación a proceso, la cual -refiere- es materia de depuración en la audiencia intermedia, misma que -se precisó- aún no se había desahogado, y materia de prueba en juicio oral. 4.3 Adujo que por cuanto a lo alegado en el sentido de que no se violaron derechos humanos y de que se debió interponer el recurso correspondiente, se trataban de afirmaciones sin sustento fáctico y jurídico. 4.4 Insistió en que era cierto que no se había corrido traslado con la acusación, por lo que resultó violatorio que el juez de control haya recalificado la conducta con base en la misma para negar la suspensión condicional del proceso, invocando como apoyo la tesis con registro 2021809, de rubro "RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO." 4.5 Indicó que el recurso de revocación referido por su contraparte era improcedente en contra de la resolución que negó la suspensión condicional del proceso y que, en todo caso, era procedente el recurso de apelación. 4.6 Agregó que se deben privilegiar los derechos sustantivos sobre los actos procedimentales y, por ende, en términos del artículo 17, tercer párrafo, Constitucional, también privilegiar las salidas alternas de solución del conflicto. 5. Segunda intervención de la fiscalía (contrarréplica). 5.1 Indicó que la fiscalía puede recalificar el hecho delictivo en la acusación y que, derivado de lo obtenido en la investigación complementaria, se vio en la necesidad de realizar dicha recalificación. 5.2 Reiteró que no existió una violación al derecho de defensa, puesto que fue escuchada en audiencia. 6. Segunda intervención de la asesoría jurídica victimal (contrarréplica). 6.1 Insistió en que el quejoso estuvo asistido por defensor, quien fue escuchado y se le dio la oportunidad de alegar lo que a derecho de su representado conviniera. 6.2 Señaló que se debe distinguir entre derechos sustantivos y procesales. Que los primeros se encontraban contenidos en el artículo 20, Apartado B, Constitucional, mismos que no fueron vulnerados porque fue escuchada la defensa pública del quejoso, fue informada de los hechos de la acusación y no se negó la oportunidad de aportar elementos probatorios; por otro lado, la violación a los adjetivos podía impugnarse a través del recurso de apelación, el cual ya resultaba extemporáneo. 7. Intervención del juez de control (resolución). 7.1 Indicó que no se vulneró el derecho de defensa del quejoso, en virtud de que en audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno había estado representado por su entonces defensa pública. 7.2 Consideró que la resolución dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por la defensa pública, debió recurrirse a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 7.3 Dijo que en dicha audiencia no se había realizado una recalificación de los hechos que fueron materia del auto de vinculación a proceso dictado el once de marzo de dos mil veinte, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III, 380, fracciones I, II, III y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, ya que esa acción (recalificación del tipo penal) únicamente se podía realizar, precisamente, al momento de resolver la situación jurídica del imputado y en etapa de juicio y no en otras actuaciones. 7.4 Estimó que, no obstante lo anterior, se advertía de la causa que el fiscal había formulado acusación en contra del quejoso, por su responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones I, II, III, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Acto que -dijo- no podía soslayarse porque sería tanto como desconocer toda la investigación que se había realizado en la etapa complementaria, además, si bien en la audiencia intermedia se depuraba la acusación y en la etapa de juicio se tenía por demostrada o no la pretensión punitiva del fiscal, lo cierto es que para ese momento procesal -verificación de los requisitos para la concesión de la suspensión condicional del proceso- era procedente tomar en cuenta la acusación, pues de esta manera, no se vulnerarían los derechos de la víctima. Tales consideraciones son las que, en esencia, sustentan la resolución reclamada. 2. Conceptos de violación. José Alejandro Sánchez Campos, por propio derecho, alega que la resolución combatida viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente por lo siguiente: A. Que el juez de control, de forma infundada y carente de motivación, le negó la concesión de la nulidad de actos procedimentales solicitada. B. Que el artículo 19, párrafo quinto, Constitucional establece que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso; por ello, la responsable al variar la calificación jurídica de los hechos investigados conforme al escrito de acusación presentado por la fiscalía para negar la suspensión condicional del proceso en audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, violó sus derechos de defensa y audiencia, aunado a que nunca se le corrió traslado con la citada acusación previo al dictado de la citada determinación. 3. Opinión jurisdiccional. Este órgano de control constitucional encuentra un tema relevante a resolver, consistente en dilucidar si la nulidad absoluta de actos, prevista en el artículo 97, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el alcance o no de revocar o nulificar resoluciones emitidas por el propio órgano jurisdiccional, cuando se alegue violación de los derechos humanos, tomando en consideración la institución jurídica de la cosa juzgada, que otorga seguridad jurídica a las partes dentro de cualquier procedimiento de índole jurisdiccional. Lo anterior, derivado de una de las razones por las que el juez de control declaró improcedente la nulidad propuesta, la cual consistió en que la resolución dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por la defensa pública, debió recurrirse por el quejoso a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para dar respuesta a la anterior problemática, el estudio relativo se dividirá en los siguientes temas: Tema 1. Delimitación del análisis de la audiencia oral. Tema 2. La nulidad de actos procedimentales, regulada en el capítulo VII del Título IV "Actos Procedimentales" del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tema 3. La institución de la cosa juzgada. Tema 4. Solución del caso y conclusión. No obstante, previo a resolver el fondo del asunto, es menester verificar si el juez de control cumplió o no con la regla de corroborar si el quejoso fue asistido por un profesional del derecho en la audiencia oral en la que se emitió la resolución reclamada. En ese sentido, se considera que el juez de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que el defensor privado nombrado por el quejoso -José Ricardo Serrano Bustillos-, interviniente en las audiencias de veintiséis y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. Tema 1. Uno de los rasgos esenciales del sistema penal acusatorio, consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al juez juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la obligación de sostener la acusación (ministerio público) y la defensa (imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso y, por otra, la imparcialidad del juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Lo anterior, se encuentra íntimamente relacionado con el principio de contradicción, derivado del artículo 20, primer párrafo, Constitucional, el cual -en una vertiente- se puede considerar como la presentación de los argumentos y contra-argumentos de las partes procesales y de los datos en que se sustenten sus respectivas teorías del caso, de manera inmediata en audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador, de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Es decir, con dicho principio se garantiza la igualdad procesal de las partes, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas, y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un tercero imparcial- al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas. Por tal razón, conforme al principio de contradicción, el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención. De modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etcétera); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso. Lo plasmado es de suma relevancia, porque este juzgador únicamente tomará en consideración las teorías del caso expuestas por la defensa, por la fiscalía y por la asesoría jurídica victimal para sustentar sus pretensiones, sin que se puedan valorar aspectos que no fueron introducidos al debate correspondiente. Tema 2. La nulidad de actos procedimentales se encuentra prevista en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen, de forma textual, lo siguiente: "(.) CAPÍTULO VII NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. Artículo 99. Saneamiento Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el acto no quedare saneado en dicho plazo, el Órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Artículo 100. Convalidación (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando: I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. Artículo 102. Sujetos legitimados Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo. (.)" Como se ve, en el primero de los numerales transcritos se establece de manera determinante que cualquier acto -lo que incluye a las resoluciones judiciales- realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Empero, aquellos actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en el código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, en términos de sus artículos 99 y 100. Entonces, cuando se advierta que una actuación o resolución se realizó en contravención a las disposiciones legales aplicables, es necesario que previamente se determine si la misma implica una violación a los derechos fundamentales o únicamente conlleva una ejecución en contravención a las leyes procesales que lo rigen. En efecto, la ley establece dos supuestos para enmendar las actuaciones emitidas por el órgano jurisdiccional, mismas a saber: a) Cuando un acto se haya realizado con violación de derechos humanos éste será nulo de pleno derecho y no podrá ser saneado, ni convalidado; siendo que su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano Jurisdiccional o a petición de parte en el caso que la autoridad judicial no lo advierta (nulidad absoluta). b) Cuando un acto se haya ejecutado en contravención de las formalidades previstas en ese Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado (nulidad relativa). La que nos interesa en el presente asunto, es la nulidad absoluta, pues la defensa particular realizó su solicitud en términos del primer párrafo del artículo 97 del código nacional, al considerar que la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno -por la que se negó a su representado culminar el conflicto penal a través de la suspensión condicional del proceso- violó sus derechos humanos de defensa adecuada, audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 Constitucional. Tema 3. La cosa juzgada es una institución procesal que se encuentra relacionada con el derecho de acceso a la justicia, protegido por el artículo 17 Constitucional y se vincula con la seguridad jurídica, que alude el artículo 14 de la Constitución Federal, en la medida en que se identifica con una sentencia o una resolución que al provenir de un juicio concluido o de un procedimiento seguido en forma de juicio también concluido, en el que se presume fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, constituye una verdad legal que ya no es susceptible de discusión y que ya no admite recurso alguno (ordinario o extraordinario) en su contra. Se afirma que la institución procesal de la cosa juzgada se encuentra relacionada con el derecho de acceso a la justicia y se vincula con la seguridad jurídica, porque como se advierte de las disposiciones antes mencionadas, el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos, solicitando impartición de justicia, pues por un lado, también conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración y, por otro, implica la garantía de que la resolución que dirime esa controversia será respetada con todas las consecuencias jurídicas que ésta conlleve; y que, por ende, podrá ejecutarse, pues de lo contrario, el derecho de acceso a la justicia no sería efectivo. Esa garantía de ejecución que de acuerdo con el Texto Constitucional debe estar prevista en las leyes federales y locales, es lo que se relaciona con la institución procesal de la cosa juzgada, porque la firmeza y plena ejecución de las resoluciones se logra, sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento ha concluido en todas sus instancias, hasta el punto de que lo decidido en él ya no sea susceptible de discutirse, pues la seguridad y certeza jurídica de lo decidido en él no está a discusión; y, por tanto, goza de inmutabilidad, eficacia y ejecutividad. Se dice que la cosa juzgada resultante de la tramitación de un juicio en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento no puede estar sujeta a discusión, pues la seguridad jurídica que brinda a la impartición de justicia, la convierte en uno de los pilares del Estado de derecho, en tanto que busca otorgar certeza a los litigantes de que la actividad jurisdiccional puesta en movimiento para la resolución de un determinado conflicto, sólo se desarrollará una vez y culminará con una sentencia definitiva firme, la cual no sólo es capaz de poner fin a las controversias, sino que además brinda estabilidad y seguridad a los derechos en litigio, siendo así que por regla general, la impugnación de la cosa juzgada es irracional, en la medida de que el sistema jurídico está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar de manera oportuna las decisiones jurisdiccionales a fin de reparar cualquier vicio del que pudieran adolecer, es por ello que la institución procesal de la cosa juzgada, se identifica con la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que las partes tuvieron la oportunidad de hacer uso de los medios de impugnación en caso de estimar que ello no ocurrió así. Luego, aunque la cosa juzgada sólo se configura cuando una sentencia se encuentra firme, en tanto que se considera la verdad legal que ya no admite en su contra ningún recurso o medio de impugnación; es importante aclarar que por disposición expresa de las leyes, existen fallos que no obstante su firmeza, no adquieren la calidad de cosa juzgada, en virtud de que lo resuelto en ellos puede ser modificado cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitieron. Un ejemplo de ello en materia penal, se encuentra en las resoluciones judiciales en las que se imponen medidas cautelares, pues éstas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden revisarse, modificarse y sustituirse si las condiciones en las que se decretaron variaron de forma objetiva. No obstante, fuera de los casos en que pese a la firmeza de una sentencia, por disposición expresa de la ley, lo resuelto en ella puede ser modificado por suscitarse un cambio en las circunstancias que imperaban cuando ésta se emitió, lo decidido en una sentencia o resolución que ya no admite recurso alguno (ordinario o extraordinario) en su contra, adquiere la calidad de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable; de ahí que deba ejecutarse en sus términos, pues ello es consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, pues como ya se mencionó, de nada serviría al gobernado que acude a los tribunales encargados de impartir justicia, una sentencia que decida la controversia sometida a la jurisdicción de los referidos tribunales, si lo decidido en ella no puede ejecutarse; por eso, cuando una sentencia queda firme adquiriendo la calidad de cosa juzgada, ésta debe ejecutarse en sus términos, pues en ese momento procesal, es decir, en la etapa de ejecución de sentencia, ya no se puede cuestionar si estuvo bien o mal dictada. Así, recapitulando y en lo que al tema interesa, se puede concluir que la institución procesal de la cosa juzgada, se relaciona con el derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; además, se vincula a la seguridad jurídica, en la medida en que se identifica con una sentencia que al provenir de un juicio concluido, en el que se presume fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, constituye una verdad legal que ya no es susceptible de discusión. Tema 4. La problemática jurídica planteada se contesta de forma negativa, es decir, la nulidad absoluta de actos, prevista en el artículo 97, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene el alcance de revocar o nulificar resoluciones emitidas por el propio órgano jurisdiccional, cuando se alegue violación de los derechos humanos, tomando en consideración la existencia de la institución jurídica de la cosa juzgada, que otorga seguridad y certeza jurídica a las partes dentro de cualquier procedimiento de índole jurisdiccional. Por tanto, se califican de infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se explica. De las premisas establecidas en líneas precedentes, puede colegirse que la autoridad jurisdiccional se encuentra facultada para nulificar cualquier acto realizado con violación de los derechos humanos (nulidad absoluta) o en contravención de las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (nulidad relativa). Sin embargo, se considera que la nulidad absoluta referida encuentra un límite en la institución de la cosa juzgada, de modo que la autoridad jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones, ya que un principio de justicia y de orden social, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes. En efecto, el actuar de una autoridad jurisdiccional de revocar o nulificar de oficio o a petición de parte alguna de sus resoluciones, de conformidad con el artículo 97, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el derecho de seguridad jurídica de las partes, ya que un principio establecido por la ciencia jurídica, para dar solidez a los procedimientos judiciales, consiste en que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones. Ahora bien, en el caso en concreto, recordemos que el juez de control responsable, en la resolución ahora reclamada, determinó improcedente la solicitud de nulidad de actos propuesta por la defensa particular del quejoso, en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras razones, porque la diversa resolución dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por la entonces defensa pública del quejoso, no fue recurrida a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 467, fracción VIII, del citado código. En ese sentido, debe decirse que dicha consideración se encuentra ajustada a derecho y es suficiente para establecer la improcedencia de la solicitud planteada, cuenta habida que la interposición del recurso de apelación era la única forma de que pudiera modificarse o revocarse la resolución que negó el medio alterno de solución del conflicto penal, tomando en cuenta que la aludida disposición legal establece que será apelable la resolución del juez de control en la que conceda, niegue o revoque la suspensión condicional del proceso. Al respecto, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, siendo el recurso la institución jurídica mediante la cual, la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa agravios, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica a través de la modificación, revocación, modificación o anulación del acto impugnado, esto, a través del examen de su legalidad y mediante el planteamiento de la impugnación de la resolución ante la propia autoridad o ante autoridad diversa. Entonces, al margen de la denominación o designación que el legislador otorgue a los recursos, o a la acción de interponerlos como 'inconformarse', 'recurrir' u 'oponerse', lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. En ese sentido, si el quejoso estimaba violatoria de sus derechos la resolución que le negó la suspensión condicional del proceso, debió interponer, por sí o por conducto de su defensa, el recurso de apelación a fin de que el Tribunal de alzada modificara o revocara tal determinación. De modo que, si ello no sucedió, la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno adquirió firmeza y, por ende, constituye cosa juzgada para la etapa procesal en que se encuentra le controvertido penal. Aunado a lo anterior, debe decirse que si lo que se persigue con la nulidad absoluta de actos es que éstos dejen de afectar a alguna de las partes porque derivó de una violación a los derechos humanos, sería incongruente sostener que esa nulidad viole derechos de otras partes, como el de seguridad jurídica, que se consigue o alcanza con la institución de la cosa juzgada. Ciertamente, por lo menos en el caso que nos atañe, el ministerio público y la asesoría jurídica victimal (contraparte del quejoso) que estuvieron presentes en la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en donde se negó la suspensión condicional del proceso propuesta por su entonces defensa pública, hicieron valer sus argumentos para que ese mecanismo alternativo de solución del conflicto fuera negado; y, luego, correcto o no y con base o no en sus argumentos, el juez de control resolvió en su favor. Entonces, si la parte afectada no recurrió la resolución dictada, generó firmeza y, con ello, certeza jurídica a las demás partes de que dicha resolución ya no se modificaría, revocaría o nulificaría. Sostener lo contrario implicaría, por ejemplo, que la víctima u ofendido del delito pudiera lograr la nulidad absoluta de un auto de no vinculación (por sobreseimiento), por estimar que dicha resolución se dictó en contravención de su derecho humano a la reparación del daño y, ello, se obtuviera sin que promoviera el medio de impugnación ordinario que prevé la ley o, incluso, un medio extraordinario de defensa como el juicio de amparo; es decir, que esa nulidad operara sobre una resolución que ha adquirido firmeza. Imagínense en la posición en la que se pondría al imputado, tomando en consideración que el efecto de encontrarse verificada esa violación al derecho fundamental, sería el de nulificar el auto de no vinculación a proceso y, en su caso, toda la información que se usó para sustentar su dictado, ya que, recordemos, en la nulidad absoluta no hay posibilidad de saneamiento, por lo que todo lo que derivó en el sentido de esa resolución quedaría nulo. Entonces, de ser así, ¿podría nuevamente investigarse al imputado por los mismos hechos que le fueron atribuidos?; ello, tomando en consideración que el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado, conforme al artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que, en ese caso hipotético, con la nulidad absoluta de actos, promovida en términos del primer párrafo del artículo 97 del código nacional, indudablemente se estaría violando el derecho humano del imputado consagrado en el artículo 23 Constitucional, consistente en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, además, de el de seguridad jurídica, que se garantiza con la institución de la cosa juzgada previamente analizada. Así como ese, se pueden exponer múltiples ejemplos en los que la nulidad absoluta solicitada o hecha valer de oficio por el órgano jurisdiccional, puede violar derechos humanos de alguna de las partes del procedimiento; por tanto, se insiste en que dicha nulidad no tiene el alcance de nulificar o revocar resoluciones que han adquirido una firmeza jurídica, o sea, que constituyan cosa juzgada en el procedimiento. Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", implicando que el principio pro persona opere como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Ese sentido, en atención al citado principio, se podría aplicar o interpretar el artículo 97, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales -sobre la nulidad absoluta de actos violatorios de derechos humanos-, en el sentido de tener el alcance de nulificar o revocar determinaciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada; sin embargo, este juzgador estima que dicho principio no puede operar en detrimento de otras personas y, por ende, la aplicación o interpretación de ese numeral, -se insiste- no puede tener el alcance señalado. Justamente, si bien la reforma al citado artículo Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la referida reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 1131/2012, 2897/2013, 3538/2013, 4054/2013 y 32/2014. En virtud de lo sustentado, se declara constitucional la resolución dictada en audiencia oral de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, desahogada dentro de la causa penal 531/2020/PUEBLA, en donde se declaró infundada la solicitud de nulidad de actos planteada por la defensa particular del quejoso José Alejandro Sánchez Campos, en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta, por lo que se le niega el amparo y la protección de la Justicia Federal. Noveno. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Décimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de la ciudad Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alejandro Sánchez Campos, respecto a la resolución dictada en audiencia oral de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, desahogada dentro de la causa penal 531/2020/PUEBLA, en donde se declaró infundada la solicitud de nulidad de actos planteada por su defensa particular, en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; electrónicamente a los terceros interesados 1. Octavio Alberto Gunter Ransenberg u Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, 2. Ruth Ransenberg Bada y 3. María Luisa Bada Sanz, a través de Marco Antonio Caraza Díaz -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 16 DE agosto DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: ..... Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alejandro Sánchez Campos, respecto a la resolución dictada en audiencia oral de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, desahogada dentro de la causa penal 531/2020/PUEBLA, en donde se declaró infundada la solicitud de nulidad de actos planteada por su defensa particular, en términos del artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la determinación emitida en audiencia oral de veinticinco de enero del presente año, por la cual se negó la suspensión condicional del proceso propuesta; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; electrónicamente a los terceros interesados 1. Octavio Alberto Gunter Ransenberg u Octavio Alberto Gunter Ransenberg Beltrán, 2. Ruth Ransenberg Bada y 3. María Luisa Bada Sanz, a través de Marco Antonio Caraza Díaz -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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