Jose Alexis Sanchez Sabino
Expediente 316/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 7 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Alexis Sanchez Sabino
Actuaciones
- Principal
SE SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL SIGUIENTE AUTO:San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: Precise de forma concreta en qué consistieron las acciones que impidieron a los agentes de la policía llevar a cabo la orden de presentación, que a su vez reflejan el uso de la fuerza, amago o amenaza, debiendo destacar cuál de estas acciones fue la que se actualizó. Deberá determinar el correcto valor probatorio de la fe de documentos realizada por la autoridad ministerial el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, respecto de los gafetes expedidos a favor de los ofendidos por parte del Gobierno del Estado y la orden de presentación P-85/2016 (fojas 4 y 8 ídem); asimismo establezca qué indicios se obtuvieron a partir de ella, a fin de que determine si se acredita el tercer elemento del delito consistente en que exista un mandato legal y que haya sido ejecutado en forma legal." (fojas 49 vuelta y 50). Asimismo, en la parte considerativa, se estableció lo siguiente: "No obstante lo anterior, la responsable omitió establecer en qué consistió el uso de la fuerza, es decir, qué actos cometió el activo para determinar que mediante el uso de la fuerza se opuso al cumplimiento del mandato de captura, ello es así, ya que para la integración del cuerpo del delito de resistencia de particulares se requiere la demostración de que el sujeto activo en las condiciones precisas que fija la ley (fuerza, amago o amenaza), resista efectivamente el desarrollo ejecutivo de un mandato de autoridad legítimo, siendo necesario que la autoridad responsable en concreto establezca en qué consistieron las acciones que impidieron a los agentes de la policía llevar a cabo su mandato. Lo anterior es así pues no obstante que la responsable transcribió las declaraciones de los pasivos, solo concluyó que el inculpado hizo uso de la fuerza, sin especificar cuál fue la forma en la que obstaculizó el acto de autoridad, es decir que actos realizó para impedir su ejercicio." (fojas 47 vuelta y 48). "Por otra parte, a fin de acreditar el tercer elemento del cuerpo de delito en estudio reseñado en el inciso c) relativo a un mandato legítimo y que se ejecute en forma legal, se estima que la responsable no expuso cómo fue que se acreditó. Se concluye así, pues no obstante que a fin de acreditar la calidad de servidores públicos de los denunciantes y la existencia de una orden fundada de autoridad competente que les fue asignada para su cumplimiento, relacionó la fe de documentos realizada por la autoridad ministerial respecto de los gafetes expedidos a favor de los ofendidos por parte del Gobierno del Estado y la orden de presentación P-85/2016; no realizó un estudio coherente respecto de su contenido. En efecto, la responsable valoró la fe de documentos de la siguiente manera:. Lo anterior, resulta incongruente, debido a que la responsable al realizar la citada valoración relaciona datos que no concuerdan con los de la causa penal ********************, puesto que refiere que los documentos analizados se tratan de una copia simple, lo cual no se advierte así de la diligencia ministerial, además, cita como elementos policiales a personas diversas a los denunciantes, y, refiere que el sujeto activo del delito es una persona del sexo femenino, de ahí que se advierta que no demostró cómo es que se acreditaba que existía un mandato legítimo ejecutado en forma legal." (fojas 48 y 48 vuelta). Resolución que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria y por ende se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 100 a 103). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, por oficio 2818/2016/SRIA-PAR de veinte de junio de dos mil dieciséis, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución pronunciada en la misma data dictada en la causa penal ******************** de su índice (fojas 149 a 157), de la que se desprende que realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veintitrés de enero de dos mil dieciséis, así como el emitido el treinta de mayo del actual, con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Estableció que los elementos del cuerpo del delito de RESISTENCIA DE PARTICULARES, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Puebla, son: a) Que el activo, empleé el uso de la fuerza. b) Que el activo se resista a que agentes cumplan con un mandato. c) Legítimo y se ejecute en forma legal. Así, para acreditar el primero de los elementos del cuerpo del delito el juez de la causa tomó en consideración las declaraciones de los denunciantes Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz, elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla. Elementos de prueba que valoró en términos de los artículos 60, 61, 73 y 178 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (fojas 152 y 153). Asimismo, para tener por acreditado el segundo y tercero de los elementos del cuerpo del delito, el juez natural tomó en consideración la fe de documentos realizada por el fiscal investigador de los gafetes de los elementos Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz, que los acredita como elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla; así como el oficio número 17 de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, con número de presentación P-85/2016, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Matutina de la Delegación La Margarita. Elementos de prueba que valoró en términos de los artículos 56 bis, 66, 73, 108, 196 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (fojas 153 vuelta y 154). Concluyendo el juez de la cusa que dicho tipo penal se acredita bajo los siguientes argumentos: "Con los anteriores medios de prueba se acredita para esta parte inicial del procedimiento, el cuerpo del delito de RESISTENCIA DE PARTICULARES, lo anterior en razón de que en términos de lo dispuesto por el artículo 83 y 204 de la Ley Adjetiva de la Materia, se demuestra la existencia de los elementos objetivos y externos que constituyen la materialidad del hecho delictuoso, en la especie se colman con la denuncia que hicieran valer los elementos de la policía ministerial FRANCISCO EDUARDO CRUZ GUTIÉRREZ Y MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RUIZ, pues a través de su testimonio el Ministerio Público que es el órgano encargado de la persecución de los delitos, tuvo conocimiento de la comisión de un evento delictuoso, el cual se persigue de oficio, además las declaraciones en estudio fueron hechas por personas que por su edad, capacidad e instrucción tuvieron criterio necesario para juzgar el acto; y el cual conocieron a través de sus sentidos, toda vez que los denunciantes coinciden en manifestar, que con fecha 18 dieciocho de enero de 2016 dos mil dieciséis aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, se trasladaron al domicilio ubicado en calle 15 quince Oriente número 1009 -"A" de la colonia El Ángel de esta ciudad de Puebla y cerciorados de dicho domicilio, se entrevistaron con el quejoso José Alexis Sánchez Sabino, a quien le informaron el motivo de su presencia solicitándole los acompañara ante la autoridad ministerial en cita ya que requería de su presencia; sin embargo, el peticionario del amparo comienza agredir a los denunciantes verbalmente ya que les refería "hijos de la chingada", ustedes no me pueden detener, cabrones no voy a ir con ustedes a ningún lado", preguntándoles "¿traen alguna orden de aprehensión en mi contra?" A lo que le contestaron que llevaban una orden de presentación y al efecto le mostraron la orden de presentación número P-85/2016 derivada de la averiguación previa AP-48/2016 signada por la Licenciada Sandra Rojas de la Luz, Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Matutina, Delegación de la Margarita de la Fiscalía General del Estado; refiriendo nuevamente el quejoso "pues son, no voy a ir con ustedes, voy a ir cuando yo quiera" y en ese momento intenta correr siendo sujetado por los denunciantes de los brazos y fue que el peticionario del amparo, haciendo uso de la fuerza, comienza a forcejear bruscamente con los agentes de la policía ministerial y les refiere nuevamente "hijos de la chingada no saben con quien se están metiendo, esto no se va a quedar así", y siguiendo haciendo uso de su fuerza física, siguió forcejeando con los elementos de la policía ministerial, resistiéndose a que éstos dieran cumplimiento a la orden de presentación expedida por la autoridad ministerial y sólo cuando hasta que los denunciantes logran colocarle los dispositivos de seguridad, lo suben al móvil oficial y lo trasladan ante la autoridad ministerial que lo requería; acciones con las cuales queda demostrado el primero y segundo de los elementos que integran el cuerpo del delito; vulnerándose de eta forma el bien jurídicamente tutelado por la ley consistente en el debido funcionamiento de la administración pública, en esa virtud, lo anterior constituye un indicio válido para acreditar el desplegamiento de la conducta delictiva por parte del sujeto criminal, llegándose a la certeza de que la prueba que se analiza resulta jurídicamente eficaz para acreditar el delito que nos ocupa y por el que precisara acusación el Ministerio Público. A efecto de acreditar la calidad de servidores públicos el fiscal investigador realizó la diligencia de FE DE DOCUMENTOS, quien dio fe de los gafetes que portaban los elementos de la Policía Ministerial Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz, con base a las formalidades establecidas en la ley de la materia, a través de la cual hizo constar tener a la vista los gafetes expedidos a los denunciantes por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, por lo tanto queda demostrado que los denunciantes el día de los hechos se encontraban en el pleno goce del ejercicio de las funciones que les fueron encomendadas como elementos de la policía ministerial, y que con el carácter de servidores públicos formulan la denuncia, ya que el peticionario del amparo se resistió a través de la fuerza física, a la presentación que tenían asignadas los funcionarios públicos de referencia y que les encomendó el Ministerio Público para que presentaran al quejoso ya que existía una investigación iniciada en la averiguación previa número AP-48/2016/SEXTA por el delito de privación ilegal de la libertad denunciado por Susana Juárez Jiménez, por lo tanto la probanza en análisis que resulta ser un elemento más para la comprobación del ilícito en estudio. Respecto a las atribuciones concedidas a los denunciantes en su calidad de agentes en activo de la Policía Ministerial en el Estado, se deben considerar las constancias que obran en autos sobre la existencia de una orden fundada de autoridad competente que les fuera asignada a los mismos para su cumplimiento, lo cual se acredita a través del Oficio número 17 de fecha 18 de enero de 2016, con número de presentación P-85/2016, signado por la Licenciada Sandra Rojas de la Luz, Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Matutina de la Delegación La Margarita; misma se encuentra certificada por una autoridad ministerial que se encuentra facultada de acuerdo a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que tuvo a la vista el original del oficio 17, y con ello se acredita en estricto apego, lo narrado por los denunciantes Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz, los cuales una vez que acreditaron su calidad de servidores públicos, exhibieron la documental descrita con antelación en justificación oportuna de las acciones que se encontraban desempeñando al momento de que el peticionario del amparo a través de la fuerza física, se resistió para que los agentes ministeriales de referencia, llevaran a cabo la ejecución de un mandato legítimo de autoridad, misma que en acatamiento a la forma de organización interna de la corporación encargad de su cumplimiento fue debidamente asignada a los denunciantes Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz y a pesar de que el quejoso era sabedor de dicho mandato se resistió al cumplimiento del mismo ya que manifestó su negativa para comparecer ante el Ministerio Público que lo solicitaba, insultando con palabras altisonantes a los agentes ministeriales, para posteriormente tratar de correr, sin embargo no logra tal cometido, toda vez que los agentes ministeriales logran detenerlo de los brazos y el quejoso empieza a forcejear bruscamente, por lo que logran someterlo poniéndole los dispositivos de seguridad y aun así seguía forcejeando por lo que con dichas acciones se demuestra la resistencia que opuso el peticionario del amparo para que se llevara a cabo la ejecución de un mandato legítimo de una autoridad y por lo tanto se acredita el tercer elemento del delito que nos ocupa, vulnerándose de esta forma el bien jurídicamente tutelado por la ley consistente en el debido funcionamiento de la administración pública." (fojas 154 vuelta y 155). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Así, de lo anterior se advierte que el juez responsable da cumplimiento a los lineamientos para los cuales le fue concedido el amparo a la parte quejosa. Lo anterior es así ya que el juez del proceso establece la forma en que el inculpado, aquí quejoso obstaculizó el acto de autoridad, al referir que fue mediante la fuerza física que el aquí quejoso forcejeó con los elementos de policía para que no lo presentaran ante la fiscal investigadora que requería su presencia. Igualmente, estableció que para tener por acreditado el elemento del cuerpo del delito referente a un mandato legítimo y que se ejecute en forma legal, tomó en consideración la fe de documentos realizada por el fiscal investigador de los gafetes de los elementos Francisco Eduardo Cruz Gutiérrez y Miguel Ángel López Ruiz, que los acredita como elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla; así como el oficio número 17 de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, con número de presentación P-85/2016, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Matutina de la Delegación La Margarita. Elementos de prueba que valoró en términos de los artículos 73, 108, 196 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (fojas 116 vuelta y 117). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
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