Jose Alejandro Martinez Fuentes

Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
334/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Ingrid Deniss Organista Acua (Autorizada Procesal)
  • Jose Alejandro Martinez Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad responsable: 23. Agente del Ministerio Publico Titular adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. Por tanto, ningún agravio ocasiona a la referida autoridad, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no podría producir agravio alguno a la responsable. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Silvia* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 334/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Alejandro Martínez Fuentes, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; José Alejandro Martínez Fuentes, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(. )III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadoras: 1. ABOGADO ISAÍ RIVAS LÓPEZ EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO (.). 2. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. LIC. MILTÓN MOCTEZUMA VEGA. 3. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. MARCELA ELIZABETH GARCÍA CANTE. 4. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. JUEZ LUIS EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 5. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. JUEZ FRANCISCO MARROQUÍN ARREDONDO. 6. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. JUEZ FRANCISCO RUBÉN MARTÍNEZ IÑIGUEZ. 7. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. JUEZ MARCO ANTONIO MENESES AGUILAR. (.). 8. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. ABOG. GERARDO GUTIÉRREZ GAYOSSO. 9. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. ABOG. ABELARDO GIL MARTÍNEZ. 10. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. LIC. JOSÉ DANIEL BALTAZAR AVALOS. 11. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. ABG. GABRIEL PÉREZ ROCHA. (.). 12. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TECAMACHALCO. ABOG. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CASTILLO. (.). Como ejecutoras: 1. DELEGADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA MAESTRA EN DERECHO ELIZABETH IBARRA SARLAT. 2. DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (.). 3. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA (.). 4. CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 5. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 6. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 7. MAESTRO RUBÉN ALEJANDRO TELLO HERNÁNDEZ, FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, FISCALES Y RELACIONADOS. 8. LIC JESSICA ESMERALDA GARISTA GORDIANO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 9. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (.). 10. FISCAL ESPECIALIZADO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN (.). 11. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR ADSCRITO A LA FISCALÍA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, SEDE TECAMACHALCO, PUEBLA. 12. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, LIC. ALEJANDRO MENDOZA LÓPEZ. (.). 13. TITULAR DE LA UNIDAD MIXTA DE REACCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA. LIC. JAIME PADILLA BARRIENTOS (.). 14. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECAMACHALCO PUEBLA. (.). 15. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. (.). 16. INSPECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN POLICIAL ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA. C. PEDRO RAVIZO GONZÁLEZ. (.). 17. FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades Ordenadoras, se reclaman los inminentes actos de molestia y abusos de autoridad consistentes en la posible orden de Aprehensión y Detención, que pudiera existir en mí contra girados dentro de una Carpeta de Investigación, Número Único de Atención Temprana (NUAT) o Causa Penal. Dichos actos de molestia son reclamados debido a que Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Agentes de Investigación Criminal, Ministeriales e incluso personas vestidas de civil, están amedrentando a mi familia para que les den información de donde poder localizar al suscrito, así como tomando fotografías de mi domicilio, manifestando tener un oficio para poder detenerme; y cuando les piden que les muestren dicho oficio estos supuestos Agentes Policiacos "Se niegan a mostrar dicha orden judicial que sustente su pretensión, dictada por autoridad competente que permita u ordene que puedan privarme de mi libertad ". De las Autoridades Ejecutoras se reclaman los inminentes actos de molestia y abusos de autoridad consistentes en la posible ejecución de alguna Orden Aprehensión y Detención, que pudieran existir en mi contra girados dentro de una Carpeta de Investigación, Número Único de Atención Temprana (NUAT) o Causa Penal. Dichos actos de molestia son reclamados debido a que Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Agentes de Investigación Criminal, Ministeriales e incluso personas vestidas de civil, andan merodeando por mi domicilio y preguntan a vecinos y familiares donde pueden localizar al suscrito, ya que cuentan con una orden de aprehensión en mi contra, por lo que tengo el temor fundado de que se me pretenda involucrar en algún acto delictivo, que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no he cometido o participado; y sin embargo con el pretexto de buscar a supuestos delincuentes dichas autoridades abusando de sus facultades, amedrentan al suscrito, sin mostrar orden judicial que lo permita, ni mencionan que supuesta autoridad competente ha ordenado dichas investigaciones, lo cual originan actos violatorios al suscrito, por no cumplir con sus facultades conferidas por la ley, es decir informar y sustentar su actuar a la ciudadanía sin originar prejuicios o actos lesivos que afecten la esfera jurídica de los gobernados; incluidos sus derechos y posesiones. (.)" La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Radicación de la demanda, admisión y trámite. Por tanto, en auto de treinta y uno de marzo del año en curso (fojas 13 a 21), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 334/2022, se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 61). Tercero. Cita para audiencia. En auto de veintiuno de abril del año en curso, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: -Las órdenes aprehensión y detención libradas en contra del demandante; y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. Niega Foja 40 2 a 7 Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en representación de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos a dicho Centro de Justicia 2. Milton Moctezuma Vega, 3. Marcela Elizabeth García Cante, 4. Luis Eduardo Jiménez Martínez, 5. Francisco Marroquín Arredondo, 6. Francisco Rubén Martínez Íñiguez y 7. Marco Antonio Meneses Aguilar. Niega Foja 99 8, 10 y 11 8. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán. Gerardo Gutiérrez Gayosso. 10. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán. José Daniel Baltazar Ávalos. 11. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán. Gabriel Pérez Rocha. Todos por conducto de David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega Foja 64 9 9. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, David Rodríguez González. Niega Foja 64 12 12. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente de Tecamachalco, Puebla. Niega Foja 96 13 13. Elizabeth Ibarra Sarlat, Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Niega Foja 26 14 14. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. (Carlos Hernández Rioja) Niega Foja 65 15 15. Director General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Niega Foja 83 16 16. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. Niega Foja 82 17 17. Fiscal de Investigación Regional, por su representación Niega Foja 39 18 18. Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 63 19 19. Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa. Niega Foja 43 20 20. Jessica Esmeralda Garista Gordiano, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 42 21 21. Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 81 22 22. Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 66 23 23. Agente del Ministerio Publico Titular adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla. Niega Foja 67 24 24. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega Foja 41 25 25. Titular de la Unidad Mixta de Reacción de la Policía Estatal Preventiva. Niega Foja 68 26 26. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tecamachalco, Puebla Niega Foja 62 27 27. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla. Niega Foja 94 y 95 28 28. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional con sede en Puebla. Niega Foja 98 29 29. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada. Niega Foja 69 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Este juzgador no desatiende que la autoridad responsable 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (registro 5972), informó que hay un registro en la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, a nombre del aquí quejoso José Alejandro Martínez Fuentes, dentro de la carpeta judicial administrativa 0099/2021/UVFYDG, de la que conoció el abogado Joel Daniel Baltazar Avalos, Juez de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, no hay registro de haberse decretado orden de aprehensión o detención en contra del quejoso. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Alejandro Martínez Fuentes, por derecho propio, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos con los telegramas números 1362805 y 1362837 signados por el 27. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla (denominación correcta); por medio de los cuales rinde informe justificado; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en atención a que en proveído de doce de abril pasado, se tuvo por rendido dicho informe. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable de referencia, manifestando su denominación y domicilio correcto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes- debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2021.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, David Rodríguez González, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; pues dicho informe se agregó en proveído de dieciocho de abril del año en curso. En tales condiciones y para dar margen a lo acordado en líneas precedentes, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del dos de mayo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por lista a las demás partes...

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