José Alejandro Lope Cuellar

Expediente 1248/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1248/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Lope Cuellar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental único, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no existiendo motivo alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado Federal el expedientillo original ********************del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, correspondiente a la orden de protección ********************; mismo que remitiera en su oportunidad. En consecuencia, devuélvase dicho expedientillo a la autoridad antes señalada, solicitándole el respectivo acuse de recibo, para los efectos legales del caso. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito con sede en esta ciudad y turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ******************** promovió juicio de amparo directo en contra del acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal de Mérida y Fiscal General del Estado, todas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Se remite al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Mediante oficio 5794 de ******************** de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, ordenó la remisión de la demanda de amparo al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley de Amparo. TERCERO. Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado rinde informe justificado y remite demanda de amparo. Por oficio ********************, de trece de julio de dos mil veintitrés, la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado remitió la demanda de mérito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual la registró bajo el número de expediente ********************. CUARTO. Incompetencia. Por auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado antes señalado, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado se trataba de un acto judicial fuera de juicio, por lo que su conocimiento correspondía a un Juzgado de Distrito, por lo que una vez que causó estado dicha determinación, mediante oficio 6911 de catorce de agosto siguiente, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la cual por razón de turno, fue remitida a este Juzgado de Distrito. QUINTO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó notificar lo anterior a las partes y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama de las responsables lo siguiente: La resolución de fecha ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en el expedientillo ******************** del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, correspondiente a la orden de protección ********************. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal de Mérida y Fiscal General del Estado, todas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable." Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se encuentran consumados de un modo irreparable. Es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" De la interpretación de los preceptos transcritos se concluye que por actos consumados de modo irreparable se entiende que son aquellos que han producido todos sus efectos, de tal manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que señala: "ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE. LO CONSTITUYE LA ORDEN DE DEMOLICIÓN DE UN INMUEBLE QUE SE EJECUTA PLENAMENTE. En términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ahora, en el caso de que en un juicio de amparo indirecto se reclame la orden de demolición de un bien inmueble y del análisis de las constancias relativas se obtenga que ésta ya se produjo plenamente, es decir, que el inmueble fue demolido, y de autos también se obtiene que este acto fue con el propósito de construir uno nuevo, debe considerarse que constituye un acto consumado de manera irreparable, pues no es posible física y materialmente restituir dicho inmueble al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas, además, sería ilusorio examinar su constitucionalidad, ya que aun cuando pudiera resultar inconstitucional, la sentencia de amparo no podría tener el efecto de lograr su destrucción, al haber desaparecido el objeto del juicio, consistente en evitar o paralizar la demolición del inmueble, pues resulta físicamente imposible restituir a la quejosa la misma edificación en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser demolida, razón por la que evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente." Así, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue vulnerado. Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en apoyo a su informe justificado, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se desprende que en audiencia de ocho de junio de dos mil veintitrés, verificada ante la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ******************** y ********************, comparecieron en auxilio y representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales********************, a solicitar medidas de protección por ser víctimas de violencia familiar del tipo físico, psicológico y económico por parte de ********************. Por tal motivo y una vez escuchas las comparecientes, la Juez responsable decretó las siguientes medidas de seguridad. 1.- Prohibió a ********************, intimidar, molestar, acosar o comunicarse de forma directa o indirectamente mediante el apoyo de algún tipo de tecnología, así como acercarse a ******************** y ********************, así como a la menor de edad de identidad reservada con iniciales******************** 2. Prohibió a ********************, amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual o cualquier otra que sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de ******************** y ********************, así como a la menor de edad de identidad reservada con iniciales******************** 3. El auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de ******************** y ********************, así como a la menor de edad de identidad reservada con iniciales********************, con autorización expresa de ingreso de autoridades al domicilio donde se localicen o se encuentren en el momento de solicitarlo. 4. Ordenó al agresor ********************, o a la persona que se encontrare en el domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, por ******************** y ******************** B, del fraccionamiento ********************, en esta ciudad, para que entregara a la menor de edad de identidad reservada con iniciales********************, a su madre ********************. 5. Concedió la suspensión temporal del régimen de visita y convivencia de ********************, para con su hija menor de edad de identidad reservada******************** Para todo lo cual ordenó se giraran los oficios correspondientes a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integran de la Familia, a la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscal General del Estado, todas con sede en esta ciudad. Por último determinó que se hiciera del conocimiento de las solicitantes, que las indicadas medidas de protección tendrían una vigencia de sesenta días naturales, a fin de que éstas entablaran la acción legal correspondiente. También se advierte que esa determinación se notificó a las autoridades señaladas en párrafos que anteceden, al igual que a ********************, el cual, mediante diligencia de fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, quedó enterado de las medidas de protección decretadas por la Juez responsable, y en acatamiento a las mismas, hizo entrega voluntaria de la menor a su progenitora. Por tanto, si las medidas de protección reclamadas se emitieron el ocho de junio de dos mil veintitrés, y se estableció con claridad que su vigencia sería solamente por sesenta días naturales. Es claro que las mismas, a la fecha en la que se resuelve, e incluso, a la fecha en la que se recibió la demanda, las mismas ya no se encontraban vigentes, por lo que se produjeron todos sus efectos, razón que se estima suficiente para considerar el acto reclamado como consumado de modo irreparable. Sin que se advierta de las constancias remitidas por las responsables, que se hubiese prorrogado la vigencia de esas medidas. Por lo que en esas circunstancias, no es posible restituir las cosas al estado que tenían antes de su emisión, por lo que aún en el supuesto de que se otorgase el amparo y protección de la justicia federal, sería material y legalmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. De ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio, al haberse consumado de modo irreparable el acto que aquí se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal de Mérida y Fiscal General del Estado, todas con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la quinto considerando de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en suplencia del Fiscal General, ambos con sede en esta ciudad y anexo en copia certificada que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio y anexo con registro de promoción 12930, de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento que se hizo por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, glósese a este expediente el informe justificado con registro de promoción 12976, rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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