Jose Alejandro Martinez Fuentes
Expediente 256/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 137 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 137
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Alejandro Martinez Fuentes
- 211 Titular de la Unidad Especializada En Asalto Y Robo de Vehículos
- 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 137.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos, agréguense a los autos los dos sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contienen los oficios 553.194 y 553.155, ambos de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dirigidos en ese orden a las autoridades que la parte quejosa señaló como "194. Director General de la Agencia Ministerial de Investigación (AMIC) del Estado de Sonora" y "Fiscal General del Estado de Chihuahua", con las leyendas "No existe autoridad en domicilio" y "No hay autoridad especificar qué dependencia es". Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese a las presentes actuaciones el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, que contienen los oficios 553.121 de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como 121. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Coahuila, con la razón: "Desconocido". Al respecto, se ordena reexpedir el referido oficio vía telegráfica, para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil veintidós. Intégrense a las presentes actuaciones los sobres devueltos por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, que contienen los oficios 553.83, 553.84, 553.88 y 553.89 todos de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dirigidos a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló como 83. Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Acayucan, Veracruz, Tirso Hernández Ayala, 84. Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Acayucan, Veracruz, Luz Arely Ahumada Aguirre, 88. Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Huatusco, Veracruz, Juan Alberto Alba Pérez, y 89. Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Huatusco, Veracruz, Luis Alberto Cobos Hernández, respectivamente, con las razones: "Dirección errónea" y "No existe en domicilio". Al respecto, se ordena reexpedir los referidos oficios vía telegráfica, para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.
Quedan 133 actuaciones en este expediente
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