Jose Alejandro Euan May
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Alejandro Euan May
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por la actuario adscrita a dicha junta, ambos con residencia en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el veinticinco de abril de dos mil veintidós; sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en su segundo punto resolutivo se concedió al quejoso José Alejandro Euán May, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ". . . el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de manera inmediata proceda a notificar a la parte actora en el expediente laboral 592/2021, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y en su caso, el de la nueva fecha programada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo,..." Por acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficios 905/2022 y 906/2022 de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la actuaria adscrita a dicha junta, ambos con residencia en esta ciudad, remitieron copia certificada de la constancia de notificación del acuerdo de veintitrés de febrero del presente año, realizada a José Alejandro Euán May, el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, realizada el dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, en la cual compareció la apoderada de José Alejandro Euán May, parte actora en el juicio de origen. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable requerida se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, los oficios suscritos por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por la actuaria adscrita a dicha junta, ambos con residencia en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña al primer oficio, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con lo informado por las autoridades responsables, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de marzo del presente año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en cuyo segundo punto resolutivo, se CONCEDIÓ A LA PARTE QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y recibido el veintiocho siguiente en este órgano jurisdiccional, compareció José Alejandro Euán May, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 223/2022-VIII-A; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dictar el acuerdo que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 592/2021, desde la presentación del escrito inicial de demanda el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de notificar y citar a las partes del juicio de origen para comparecer a dicha audiencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. No son ciertos los actos atribuidos a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir su informe justificado, toda vez que señaló que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente respecto a la admisión de la demanda, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo que se corrobora de las constancias procesales que adjuntó la misma, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433). En efecto, por lo que se refiere al acto reclamado, relativo a la omisión de dictar el acuerdo que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 592/2021, desde la presentación del escrito inicial de demanda el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, de las constancias que remitió la Junta responsable por conducto de su Presidenta, se advierte que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente respecto a la admisión de la demanda, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijando para tal efecto el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda, es decir, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión que ahora reclama, como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que la Junta responsable sí emitió pronunciamiento respecto del escrito de demanda presentado por el aquí quejoso el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Por lo que aparece claramente demostrado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de enero de dos mil veintidós, no existía el acto reclamado, pues la responsable ya había atendido la petición de la parte quejosa. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que los negó al rendir su informe justificado, de las constancias remitidas por la Presidenta de la citada Junta, a las que se adhirió, se desvirtúa tal aseveración respecto de la negativa de dicho acto, sólo respecto a la notificación a la parte actora. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de notificarle el acuerdo en el que se señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Resulta necesario señalar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia mencionada y se comisionó al actuario adscrito a dicha junta para que notificara a las partes. No obstante lo anterior, si bien obra en autos las constancias de notificación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, a las demandadas Hotel Casa del Balam, Apartamentos Peninsulares, Sociedad Anónima, Verifibocas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Pilar Ponce García; también lo es, que en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Junta responsable señaló: ".Atenta la constancia que antecede, se tiene por inasistida (si) tanto a la parte actora como a la parte demandada a la presente audiencia, ahora bien y en vista de que la parte actora no fue notificada ya que de autos no obra constancia de notificación que así lo indique, se difiere la presente audiencia y se señala como nueva fecha y hora para su celebración LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se comisiona al C. Actuario de esta junta Especial para que proceda a notificar a la parte actora en los domicilios señalados en autos...". Como se precia de lo anteriormente transcrito, en virtud de que no fue notificada la actora del juicio (aquí quejosa) de la fecha y hora para la celebración de la audiencia en el expediente laboral 592/2021, se señaló nuevamente fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijandosé las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del año en curso y comisionó al actuario para notificar a la actora en el domicilio señalado en autos. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De la interpretación de la disposición legal transcrita, es claro que las autoridades tiene la obligación deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el numeral 750, de la Ley Federal del Trabajo, dispone: Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. De lo anterior, se tiene, la temporalidad en que deberán realizarse las notificaciones en el juicio laboral, concediendo cinco días para realizar las notificaciones, citaciones o emplazamientos, siguientes a su fecha. En ese sentido, el suscrito considera que existe una clara violación por parte de la autoridad responsable dado que vulneró en perjuicio de la parte quejosa, el precepto 17 constitucional, al no observar los plazos y términos que establecen las leyes, en las cuales se procura que las instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz, y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que se deriven de las relaciones jurídicas que éstos entablan, por lo que se estiman fundados los conceptos de violación hechos valer. En efecto, del estudio de las constancias que obran en autos se constata la dilación a la impartición de justicia, dado que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fue programada para el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dado el actuar omisivo del actuario adscrito a la Junta responsable, se reprogramó para el veintitrés de febrero del año en curso, sin que obre constancia alguna que a esa fecha hubiere estado notificada la parte actora del juicio laboral de origen, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 750 de la ley de la materia. Así, lo realizado por el actuario responsable conculca los derechos fundamentales del quejoso, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y en el caso de estudio, la autoridad responsable para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, necesariamente deberá constar con las constancias de notificación de las partes a efecto de continuar con la secuela de esa diligencia. Y ante la falta de notificación de la parte actora, se dejan de respetar los principios de economía, concentración y sencillez que informan el procedimiento laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, de tal forma que si esto se pasara por alto, se ocasionaría que el procedimiento quedara paralizado en el inter y no sería factible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima vulnerado (impartición de justicia pronta y expedita), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso de tiempo. En esas condiciones, habiendo resultados fundados los conceptos de violación en relación con el acto reclamado, en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por José Alejandro Euán May, para el efecto: De que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de manera inmediata proceda a notificar a la parte actora en el expediente laboral 592/2021, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y en su caso, el de la nueva fecha programada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Alejandro Euán May en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Alejandro Euán May en contra del acto que reclamó al actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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