Jose Alberto Sobal Rosas

Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
52/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Alberto Sobal Rosas
  • Doctora Maria Andrea Garcia Zavaleta, en funciones de Juez de Control en la Sala Dos del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial Numero XIV del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en congregacion La Toma, municipi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Juez de Control de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando que el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del proceso penal número*** calificó de legal el traslado efectuado respecto del imputado*** del Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS Chiapas. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la licenciada*** Auxiliar de Sala del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, con un anexo que al mismo acompaña; en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones que se realizan para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente, pues a ese respecto refiere que giró oficio a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en Xalapa, a efecto de que, en su caso, autorice la comisión a doctora*** Juez de Control que conoció del proceso penal*** para llevar a cabo la audiencia respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida la autoridad responsable, que en caso de no cumplir dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si la autoridad responsable no cumple con el requerimiento señalado en el párrafo precedente, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, hace constar que se constituyó en el domicilio ubicado en*** a efecto de notificar a los terceros interesados*** la sentencia autorizada el veintisiete de septiembre del año en curso; sin embargo, no pudo llevar a cabo la referida diligencia, por la razón ahí expuesta. En consecuencia, ante la manifiesta imposibilidad del actuario judicial adscrito de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágasele por lista la notificación de dicha resolución, y del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto los terceros interesados en cita señalen nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese. LA SENTENCIA DIVERSA DICE Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 52/2023, promovido por*** contra actos de la*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en esta Ciudad, que consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Causales de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo cual se procede al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados; lo anterior de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la legalización de la detención. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución que se reclama vulnera la garantía de legalidad y el principio de contradicción tutelados por los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que incurrió en el vicio formal consistente en la omisión de dar contestación de manera detallada y puntual a los alegatos que formuló la defensa contra la solicitud de la legalización de la detención que efectuó la fiscal. Para demostrar lo anterior, en primer término es pertinente precisar que el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo conducente, dispone*** Disposición normativa que prevé que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido (flagrancia), poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Ahora, del análisis del contenido del disco versátil digital relativo a la audiencia de inicial con detenido, se advierte que el Ministerio Público solicitó que se declarara legal la detención del imputado, al considerar que fue detenido en flagrancia en la comisión del hecho delictuoso. La resolución en la que se declaró legal la detención del quejoso, se emitió de manera oral como lo establece el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por autoridad competente en términos de los artículos 133, fracción I, del citado ordenamiento adjetivo, en relación con los diversos 186 y 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; sin embargo, la responsable ordenadora vulneró la garantía de legalidad, así como los principios de contradicción y congruencia tutelados por los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, se reitera, incurrió en el siguiente vicio formal: - Omitió dar contestación de manera total a los alegatos formulados por la defensa contra solicitud del fiscal de declarar legal la detención, en la audiencia inicial. En relación con ello, es pertinente destacar que del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos. Este principio de contradicción otorga a las partes la acción de participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen dichos datos de prueba, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador. Así, en la audiencia inicial, el juez de control no debe tener a la vista la carpeta de investigación, sino sólo tomar en cuenta los datos o medios de prueba que ofrezca el imputado, escuchar al fiscal que expone los datos de prueba y, bajo el principio de contradicción, otorgarle el derecho al imputado con su defensor, para que contesten la solicitud; y si lo considera necesario, permitir la réplica y contrarréplica, tal como lo establecen los artículos 6 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen*** En el caso, en la audiencia inicial, el juez de control dio el turno al Fiscal para que solicitara y motivara la legalización de la detención del imputado*** quien expuso los datos de prueba por los que consideró se acreditaba la detención en flagrancia, pues señaló*** De la transcripción se advierte que la defensa hizo valer las siguientes manifestaciones contra la detención*** De la anterior transcripción se obtiene que la juez de control calificó de legal la detención bajo el argumento de que está acreditada la existencia de una lesión que no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de quince días y la existencia de un cuchillo, los daños a la camisola rasgada, los objetos encontrados en poder del imputado como son las veintiocho bolsitas de nylon tipo ziploc color blanco con estampado de una araña de color negro, que en su interior contenía piedra granulada color blanco con características similares a la droga conocida como cristal; y expuso argumentos en relación con la demora en la puesta a disposición, pues señaló que estaba justificada; empero, no se pronunció en cuanto a los argumentos tendentes a desvirtuar el alcance probatorio del informe policial homologado de los policías aprehensores. En efecto, la juez responsable omitió dar contestación a los argumentos de defensa tendentes a desvirtuar la eficacia demostrativa del informe policial homologado, en los que expresó que resultaba inverosímil lo narrado por los policías aprehensores en relación con los hechos acontecidos, por no ser creíble, al existir una superioridad de policías frente a un civil, que son policías capacitados y cuentan con armas largas y rifes de asalto, con chalecos antibalas y camionetas para resguardarse; que resulta irrisorio que una persona los amenace con un cuchillo; que los policías usan guantes de protección en sus manos, chalecos antibalas, protección de rodilleras, con el equipo más avanzado del Estado de Veracruz, por lo que, indicó, resulta irrisorio que el imputado hubiera amagado el policía aprehensor. Argumentos con los que pretendía evidenciar la inexistencia de la agresión que se le atribuye, ya que, afirmó, los hechos no ocurrieron en la forma expresada por los policías aprehensores. Lo anterior dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, porque si la fiscalía invocó la flagrancia, entonces, existía obligación del órgano jurisdiccional de establecer cuáles son los elementos objetivos y razonables que justificaban válidamente que ese supuesto se actualizó y dio lugar a la afectación a la libertad personal, dando respuesta a los argumentos que al respecto expuso la defensa. Lo que no ocurrió. Por tanto, si al emitir la juzgadora el auto de calificación de la detención, omitió dar contestación a todas y cada uno de los argumentos formulados al respecto por la defensa del impetrante, a los que se ha hecho referencia, con los que pretendía poner en evidencia la ineficacia del informe policial homologado, esto es, desvirtuar lo manifestado por los policías aprehensores; con ello dejó de atender que en la audiencia inicial se debe resolver el asunto tomando en cuenta lo expuesto por el fiscal, los datos y medios de convicción, así como los argumentos de la defensa, pues se trata de una confrontación entre partes que exponen su teoría de cómo sucedieron los hechos; y en ese entendido, resulta ilegal que sólo diera contestación a una parte de las defensas del defensor del imputado, tomando en cuenta únicamente la versión de una de las partes, sin confrontarla con todo lo expuesto por la otra. En ese entendido, se violó en perjuicio del quejoso el principio de legalidad, los principios de contradicción y congruencia, tutelados por los artículos 16 y 20 constitucionales, 6 y 308 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que establecen la obligación del juez de control de dar contestación a las manifestaciones, réplicas y contrarréplicas de las partes. Al tenor de la violación formal destacada, no se prejuzga sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la legalidad o ilegalidad de la detención en flagrancia, dado que precisamente ante la violación a la garantía de legalidad y los principios de congruencia y contradicción, no se puede emitir un pronunciamiento de fondo, pues de hacerlo se estaría sustituyendo a la autoridad responsable en torno a lo omitido; además de que esas violaciones, en todo caso, serán materia de análisis del nuevo acto que emita la autoridad responsable. En las relatadas condiciones, al existir un vicio formal en el auto que calificó de legal de la detención, resulta jurídicamente improcedente analizar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, pues aun cuando son actos desvinculados entre sí, es necesaria la calificación de la detención para dar certeza y secuencia de los actos posteriores del proceso penal; ante el principio de continuidad previsto en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dado que los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascienden para resolver la situación jurídica del imputado, así como a las posteriores resoluciones, incluso aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. En lo conducente, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz*** Deje insubsistente el auto donde calificó de legal la detención en flagrancia, emitido el once de enero de dos mil veintitrés, contra el aquí quejoso, en el proceso penal*** por su probable responsabilidad en la comisión del delito*** contra las instituciones de seguridad pública, previsto y sancionado por el precepto 371 Quinquies del Código Penal para el Estado de Veracruz*** contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto y sancionado por los numerales 474, 477 y 479 de la Ley General de Salud*** Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en sentido diverso, pero purgando el vicio formal que la afecta, esto es*** Deberá dar contestación de manera puntual a todas las manifestaciones que formularon la defensa y el imputado, que han quedado precisadas, respecto de la solicitud de la fiscal en relación con la legalización de la detención en flagrancia, en la audiencia inicial. La concesión del amparo por vicios de forma no implica que la Juez responsable ordene la inmediata libertad del impetrante; y tampoco permite a la Fiscalía que modifique los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia solicitud de legalización de la detención; esto último en observancia a los principios non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Se precisa a la responsable, que atendiendo al principio de inmediación, debe tomar en cuenta que el titular que dicte el auto que califica la detención, debe ser el mismo que conoció de la solicitud de la misma realizada por el fiscal. Igualmente, se precisa que atendiendo al principio de inmediación, debe tomar en cuenta que si la titular del juzgado es separada del cargo, por jubilación o destitución, el juez que conozca del asunto deberá iniciar el procedimiento desde la audiencia inicial escuchando nuevamente la solicitud por el fiscal, para efecto de emitir el acto correspondiente. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo inicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** contra el acto reclamado a la*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, señalado en el resultando primero y considerando tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso considerando sexto, de esta sentencia. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; personalmente a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable y autoridades con el carácter de tercero interesadas

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