José Alberto Paz Escobar
Expediente 330/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alberto Paz Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso*** en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; el cual quedó radicado bajo el número 494/2023, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en su contra; en consecuencia, remítase vía interconexión el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. En el entendido de que se ordenó poner a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos copia del escrito de expresión de agravios formulado por el quejoso*** con siete copias, sin anexos, mediante el cual interpone recurso*** distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la resolución combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente*** el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 330/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de esta Ciudad, los que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia de esta Ciudad, así se advierte de su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio especial hipotecario número*** que remitió; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos*** del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su ordinal 2°, por constituir documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, con las que se formó un tomo de pruebas. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las constancias del juicio especial hipotecario número*** remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo*** de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Es así, pues los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, al ser insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un juicio especial hipotecario, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar el quejoso tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las normas generales, actos u omisiones reclamadas no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos*** La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado*** Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. En ese contexto, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. En el asunto que nos ocupa, basta imponerse de la relación de antecedentes de los actos reclamados expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que el quejoso*** es persona extraña típica al procedimiento del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte material en el mismo. Además, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el peticionario del amparo acude a esta vía constitucional en defensa del derecho de propiedad y posesión que, dice, deriva su calidad de dueño del inmueble ubicado en lote número*** Luego, para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente es propietario o poseedor jurídico del citado inmueble. En relación con ello cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal, que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así, el peticionario de amparo, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar dos extremos*** Que por virtud de un título que se sustenta en una figura jurídica o precepto legal es poseedor o propietario del inmueble referido en la demanda de amparo*** Que tal inmueble, que dice haber adquirido por compraventa, guarda identidad con el que es objeto de afectación por virtud de los actos que se reclaman. Sin embargo, sólo ofreció como pruebas*** En relación con la constancia de residencia a nombre del quejoso*** respecto del domicilio ubicado en casa número*** es insuficiente para demostrar su propiedad o posesión jurídica, dado que quien la suscribe no especifica en qué carácter la expide o qué cargo público ostenta que en su caso lo legitime jurídicamente para dar fe de la posesión que ostenta una persona en relación con un bien inmueble, además de que no contiene los datos o archivos en lo que conste la información relativa a tal certificación de posesión o propiedad. Respecto de los recibos de pago, en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, sólo demuestran que el demandado*** unilateralmente manifestó haber recibido las cantidades de dinero que ahí asentó, por concepto de compraventa de una casa ubicada en lote número*** pero no la veracidad de su contenido, esto es, la existencia de un contrato o acuerdo de voluntades traslativo de dominio; lo que no puede inferirse de presunciones, máxime si en dichos recibos únicamente obra la firma del demandado*** por lo que son insuficientes para acreditar la existencia de compraventa alguna respecto del bien materia del juicio, o bien, la posesión jurídica del inmueble. Por otra parte, del Reglamento General que se dice forma parte de un "contrato de compraventa o promesa de venta" celebrado entre el quejoso*** respecto del inmueble ubicado en*** únicamente demuestra la expedición del ordenamiento que rige en dicho fraccionamiento, en el que aparecen dos firmas, pero no acredita la existencia de un contrato de fecha cierta que determine que*** haya adquirido la propiedad o posesión del inmueble de referencia. En relación con las pruebas consistentes en los recibos de pago de energía eléctrica, estados de cuenta bancaria y acta de nacimiento, en donde consta como domicilio del quejoso*** el ubicado en*** con dichos documentos sólo acredita el pago de un servicio, y que ante una autoridad registral civil se expresó unilateralmente como domicilio el ahí indicado; pero no demuestra que sobre ese inmueble el impetrante tenga derecho alguno de propiedad o posesión. Por tanto, aun cuando de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa manifiesta que detenta la posesión del inmueble ubicado en*** desde el dos mil dieciséis, porque es el domicilio que compró en pagos anticipados; ello resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo, pues no basta su simple aseveración, ya que el interés jurídico debe probarse y no simplemente manifestarse o deducirse; máxime si en el juicio de amparo el quejoso tuvo oportunidad de demostrar la existencia de un título generador de la posición sobre el inmueble de referencia y no lo hizo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente procedente llevar a cabo el análisis de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 5, 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se*** ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por*** contra el acto reclamado el Juez Segundo de Primera Instancia de esta Ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable
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