José Alfredo Cruz Aquino
Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alfredo Cruz Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen, solicítese el acuse de recibo correspondiente
- Principal
Vistos para dictar sentencia.... Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir en favor de la parte quejosa. Previo a demostrar lo infundado de los motivos de disenso, es pertinente dejar sentado que la autoridad responsable declaró "improcedente" la reclamación interpuesta por el quejoso contra la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada en favor de Danna Araceli Cruz Peñuela y la menor de iniciales M.F.C.P., medularmente, porque el deudor alimentario no aportó mayores elementos de prueba que ilustraran a cuánto ascienden los ingresos y gastos que refiere, para estar en condición de determinar si la medida cautelar lo deja en estado de vulnerabilidad o insolvencia económica. Lo anterior -señaló la responsable-, toda vez que las documentales que ofreció no generan convicción de que dicha medida sea desproporcional con sus ingresos económicos, por lo que no se advierten signos de desequilibrio en el deudor alimentario que le permitan allegarse de sus propios satisfactores alimentarios. Así, se tiene que es infundada la inconformidad en la que el peticionario, esencialmente, aduce: - Que se violó en su perjuicio el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado, toda vez que la autoridad responsable negó valor probatorio a las documentales públicas ofrecidas bajo los números 4 y 6 del capítulo de pruebas del escrito de reclamación, con las que -afirma- se prueba que la madre de las acreedoras alimentarias tiene capacidad económica para proporcionarles alimentos como lo establece el artículo 234 de dicho ordenamiento; que con ello se demuestra que tiene bienes propios y percibe ingresos propios producto del trabajo que desempeña. A lo que -señala- se suma la documental marcada con el inciso 9) del capítulo de pruebas de la reclamación, consistente en la fotocopia de la cédula (SIC) profesional número 3557123, expedida en el año dos mil dos, a nombre de Araceli Peñuela Carrión, con la profesión de licenciada en contaduría por la Universidad Veracruzana, con lo que se acredita que cuenta con dicha profesión. Que Araceli Peñuela Carrión también es propietaria de una tienda de abarrotes. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 234, 239 y 242, del Código Civil del Estado, la obligación de proporcionar alimentos a sus hijas también recae en su madre, quien trabaja y percibe ingresos. Carece de razón el impetrante pues, contrario a lo que sostiene, con las pruebas exhibidas y las constancias que obraban en el sumario natural al momento del dictado de la reclamación, no se logró demostrar que Araceli Peñuela Carrión, madre de las acreedoras alimentarias, perciba ingreso alguno. En efecto, si bien al interponer su reclamación el ahora quejoso sostuvo, en lo medular, que desde que se casaron, Araceli Peñuela Carrión ha ejercido profesionalmente la carrera de licenciada en contaduría, de donde obtiene ingresos económicos, y que actualmente labora para la empresa "Autotransportes 13 de Mayo S.A. de C.V.", no ofreció medio de prueba que lo acredite. Así es, pues aun cuando el peticionario, al interponer la reclamación, exhibió una fotocopia de la consulta de cédula profesional de la antes nombrada y ésta, al desahogar la vista respectiva, no controvirtió el hecho de que contara con una licenciatura en contaduría, lo cierto es que en dicho desahogo la tercero interesada señaló que actualmente no tiene trabajo alguno que le permita obtener altos ingresos económicos. En ese orden, por lo que respecta a los supuestos ingresos que percibe la tercero interesada provenientes de una tienda de abarrotes, si bien el reclamante adjuntó a su reclamación cuatro fotografías de un negocio de miscelánea (fojas 109 y 110), las mismas carecen de certificación o autentificación alguna que indique las circunstancias de tiempo y lugar en que fueron tomadas, lo que impide concederles valor probatorio. Máxime que, al desahogar la vista de la reclamación, la tercero interesada negó ser dueña de la tienda o miscelánea que aparece en las fotografías exhibidas por el impetrante (foja 188 del tomo de pruebas). En esa línea, si bien de las documentales precisadas en los incisos 4) y 6), las cuales fueron exhibidas por la tercero interesada con su demanda y hechas suyas por el reclamante, se advierte lo siguiente: 4) De la copia certificada del instrumento público número dieciséis mil cincuenta y cinco (16,055), de treinta de junio de dos mil tres, pasado ante la fe de la Notario Público número Catorce, de esta ciudad, que Araceli Peñuela Carrión adquirió mediante compraventa la casa marcada con el número 48-B, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, colonia Santa Leticia, del municipio de Fortín de las Flores, Veracruz, y fracción restante del lote de terreno en que está construida (fojas 29 a 40 del tomo de pruebas). 6) De la copia certificada del instrumento público número diecisiete mil doscientos noventa y nueve (17,299), de tres de noviembre de dos mil siete, pasado ante la fe de la Notario Público número Quince, de esta ciudad, que Araceli Peñuela Carrión y José Alfredo Cruz Aquino, adquirieron mediante compraventa el lote de terreno número 6, Manzana "Q-2", de la Quinta Sección, del fraccionamiento "Santa Leticia", del municipio de Fortín, Veracruz (fojas 42 a 49 del tomo de pruebas). Lo cierto es que el sólo hecho de que la tercero interesada cuente con la propiedad y copropiedad, respectivamente, de los citados inmuebles, es insuficiente para demostrar que producen frutos y, por ende, que aquélla percibe ingresos derivados de su explotación. Máxime que la adquisición de dichos bienes no es reciente, pues datan del treinta de junio de dos mil tres y del trece de noviembre de dos mil siete. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J.37/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA HIPÓTESIS DE QUE LA EX CÓNYUGE "CAREZCA DE BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 473, fracción I, del Código Civil para el Estado de Puebla establece como una de las hipótesis para tener derecho a recibir alimentos en el caso de divorcio necesario que la ex cónyuge acreedora "carezca de bienes". Ahora bien, de acuerdo con los artículos 941 y 943 de dicho Código, los bienes son valuables en dinero y, como tales, denotan la solvencia económica del titular, mientras que los frutos son los productos o utilidades que las cosas generan sin demérito de su sustancia, y pueden ser naturales, civiles o industriales, en términos de los artículos 1039 al 1045 del referido ordenamiento legal. En ese sentido, se concluye que si bien es cierto que de la interpretación literal del aludido artículo 473, fracción I, no se advierte que el legislador distinga entre bienes que producen frutos de los que no lo hacen, también lo es que la necesidad de alimentos es de tracto sucesivo, por lo que así debe ser la percepción de los recursos propios para su satisfacción, lo cual significa que en el caso de que la ex cónyuge inocente posea bienes, éstos deben ser susceptibles de producir frutos que constituyan ministraciones periódicas suficientes para su subsistencia; de manera que no basta que aquélla tenga bienes para descartar a priori su derecho a percibir una pensión alimenticia, pues aun así puede tener la necesidad de recibirla si los bienes y los frutos resultan insuficientes para su manutención". De ahí lo infundado del motivo de disenso que se analiza. Finalmente, es infundado lo alegado en el sentido de que: - Se encuentra probado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que desde el día veinte de noviembre de dos mil dieciséis, Araceli Peñuela Carrión en unión de sus hijas, se salió del domicilio conyugal que tenían en avenida Jennifer, número 6524-A, fraccionamiento Cañaveral, de esta ciudad, yéndose a vivir a un inmueble de su propiedad en el que hasta la fecha tiene su domicilio. Que desde esa fecha vive separado de sus acreedoras alimentarias, lo que ocasiona que sus necesidades alimentarias sean mayores, puesto que -afirma- tiene su fuente de trabajo en la Ciudad de Campeche y su domicilio en esta ciudad, por lo que tiene necesidad de trasladarse de ese lugar a su fuente de trabajo donde permanece catorce días trabajando y los siguientes catorce se viene para esta ciudad para convivir con sus hijas. Que al vivir separado de la actora, sus necesidades alimentarias son mayores, habida cuenta que con sus ingresos tiene que sufragar viajes de ida y regreso a la fuente de trabajo, sus propios gastos alimentarios de lavado y planchado de ropa, así como pago de estancia en esa ciudad. No asiste razón al peticionario, toda vez que, como lo sostuvo la autoridad responsable en la resolución que se combate, no aportó medio de prueba alguno que evidencie a cuánto ascienden sus ingresos económicos ni los egresos que realiza para satisfacer sus necesidades alimentarias, y sus solas manifestaciones son insuficientes para demostrar que el quantum fijado inicialmente por concepto de pensión alimenticia provisional es desproporcional por exceder su capacidad económica. De ahí lo infundado de la inconformidad de trato. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por José Alfredo Cruz Aquino, contra la resolución de doce de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el juicio ordinario civil 242/2020-III. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 17 a 20 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna, se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra el acto reclamado del Jueza Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto, de este fallo
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ************, en su carácter de tercero interesada en el presente asunto; en atención a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo notificaciones en esta ciudad el que indica, como autorizado con facultades amplias que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a*********** toda vez que acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, mediante el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana, y como sus autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a **********, toda vez que no se encuentran en igualdad de circunstancias
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