José Alberto Romero Rodríguez
Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alberto Romero Rodríguez
- María Elena Romero Rodríguez
- Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad
- María Elena Romero Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA TRÁMITES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual informa que en acatamiento a la sentencia de amparo emitió acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés en el que determinó lo siguiente: a) Dejó insubsistente lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 1357/2022. b) Ordenó emplazar a juicio como presuntos herederos a José Alberto Romero Rodríguez y María Elena Romero Rodríguez. Al respecto se tiene a la juez responsable informando los actos que ha realizado a fin de cumplir con la sentencia de amparo. SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE Requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de que realice el emplazamiento de los presuntos herederos José Alberto Romero Rodríguez y María Elena Romero Rodríguez, remita copia certificada de dichas actuaciones. APERCIBIMIENTO En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de nueve de noviembre del año en curso, en caso de no cumplir con lo anterior, esto es, se le impondrá multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el numeral 193 de la citada legislación. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN Como lo solicita la juez responsable devuélvase el expediente del juicio sucesorio intestamentario 1357/2022, en un tomo, que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por los autorizados de la parte quejosa, atento a su contenido y toda vez que del estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ********************, ambos de apellidos ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento sucesorio intestamentario ********************, así como los demás actos que sean consecuencia inmediata y directa de dichos actos; y, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido procedimiento, ordene llamar a los aquí quejosos ********************, ambos de apellidos ********************, a fin de que se les otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos hereditarios que pudieran asistirles." DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable un tomo de prueba que adjuntó a su informe justificado. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Devolución de documentos Finalmente, como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, hágasele la devolución de los documentos que señala, previa identificación, acta de entrega y recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto II-1015/2023, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, promovido por JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en esta capital, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, promovieron demanda de amparo contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Los promoventes del amparo estimaron violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda registrada bajo el número II-1015/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad civil residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado, en la presente instancia constitucional, consiste en: Todo lo actuado en el procedimiento sucesorio intestamentario 1357/2022, a bienes del de cujus Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, virtud a que no fueron llamados como herederos a pesar de su entroncamiento legal con el de cujus. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Contrario a lo señalado por la Ministerio Público adscrita, del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que son ciertos los actos reclamados, a cuyo efecto remitió los autos originales del procedimiento sucesorio intestamentario 1357/2022, a bienes de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Antecedentes relevantes del acto reclamado. De las constancias relativas al procedimiento sucesorio intestamentario 1357/2022, del que derivan los actos reclamados, se advierten los siguientes antecedentes: Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, Ángel Romero Rodríguez denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, (foja 1 a 3 del tomo de pruebas correspondiente a la primera sección). Por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se requirió al denunciante a fin de que exhibiera certificado negativo de testamento a nombre de J. Jesús Romero Molina, en razón de que solo se exhibió el relativo a Marcelino Vicente Jesús Romero Molina (foja 8 de la primera sección); por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la denuncia de la sucesión y se designó como albacea provisional de la sucesión a Ángel Romero Rodríguez; asimismo, se ordenó la publicación de edictos convocando a los posibles herederos (foja 20 a 21 de la primera sección). El catorce de febrero de dos mil veintitrés, se desahogó la prueba testimonial ofrecida por el denunciante de la sucesión, a cargo de dos atestes, quienes, en lo que aquí interesa, manifestaron que usualmente se conocía al autor de la sucesión bajo el nombre de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, con lo que se acreditó la identidad de dicha persona (foja 31 a 32 de la primera sección). Se sustanció el procedimiento de origen sin la participación de los quejosos; así el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se dictó resolución interlocutoria en la primera sección del procedimiento sucesorio intestamentario 1357/2022, a bienes de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, en la que se declaró a Ángel Romero Rodríguez, en su calidad de hijo legítimo, como único y universal heredero de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones del de cujus (foja 42 a 45 de la primera sección); y, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se declaró firme dicha determinación (foja 53 de la primera sección). Por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a Ángel Romero Rodríguez, cediendo a título oneroso los derechos hereditarios que le correspondían dentro de esa sucesión, a favor de Fernando Arreola Herrera (foja 55 de la primera sección). En lo que respecta a la segunda sección del sucesorio, sin la participación de los quejosos, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se emitió la resolución interlocutoria relativa en la que aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea definitiva a bienes del de cujus (foja 15 a 17 de la segunda sección), la que se declaró firme el trece de julio de dos mil veintitrés (foja 20 de la segunda sección). SEXTO. Conceptos de violación. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, los que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ sostienen, en esencia, que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio su derecho humano de audiencia, tutelado en el artículo 14 Constitucional, en virtud de que no fueron llamados al juicio sucesorio intestamentario a bienes de quien fue su padre, no obstante que tienen derecho a comparecer a dicho procedimiento a deducir sus derechos hereditarios. Dicho motivo de disenso, suplido en su deficiencia al tratarse de tercero extraños en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, resulta fundado. En efecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene el derecho humano de audiencia, que constituye la principal defensa de que dispone todo gobernado frente los actos del poder público, que tiendan a privarlo de sus derechos e intereses; dicha garantía limita las facultades de la autoridad para extraer de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera jurídica del gobernado, sin que se haya seguido previamente un juicio ante los tribunales previamente establecidos. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 14. [.] Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". En el precepto constitucional transcrito se prevé el derecho fundamental de audiencia, el cual protege a todo gobernado de los actos privativos que en su contra puedan dictar las autoridades. En el caso, los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, se ostentan como terceros extraños al procedimiento sucesorio intestamentario a bienes de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, número 1357/2022, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; en el entendido que la persona tercera extraña a juicio en estricto sentido, es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero sufre una afectación dentro de éste o en la ejecución de las resoluciones que ahí se dicten, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer el procedimiento relativo. En ese sentido, JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, ostentándose terceros extraños al procedimiento aducen que la omisión de llamarlos al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina, les impidió deducir y justificar sus derechos hereditarios, ya que refieren que el de cujus era su padre. Carácter que acreditan fehacientemente con el acta de nacimiento electrónica expedida a su favor por el Titular de la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán, en la que aparece como su padre precisamente el mencionado. Ahora, sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/97, estableció que el juicio de amparo indirecto resulta procedente sin necesidad de ejercer la acción de petición de herencia, cuando un posible heredero no fuera llamado a un juicio sucesorio intestamentario y éste hubiera concluido, determinando que existen tres posibles hipótesis que pueden presentarse al respecto, a saber: Que se trate de personas señaladas por el denunciante del juicio sucesorio, en su carácter de familiares del "de cujus", con derecho a participar en el procedimiento, ante lo cual el juzgador se encuentra vinculado a ordenar que se les cite observándose las formalidades prescritas para ello, a fin de que los presuntos herederos estén en posibilidad de deducir sus derechos sucesorios. Cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento, cuestión que daría lugar a dos situaciones diversas: 1) La primera, cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permita, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de amparo, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2) La segunda situación se actualiza cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio, como ocurre en los casos en que en un intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco más próximo con el autor de la sucesión, que el que acredita el quejoso con el documento en cuestión, si se toma en consideración que todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y de la Ciudad de México, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Finalmente, se encuentra el caso en que la persona no cuente con el documento público idóneo y pretenda demostrar su entroncamiento familiar con el "de cujus" a través del acopio de diverso material probatorio, en cuyo caso el juicio de amparo es improcedente al existir la imposibilidad de hacer declaración alguna en torno a la demostración del vínculo parental, al no contarse con elemento de convicción fehaciente requerida por los Códigos Civiles, pretensión que debe hacerse valer en un juicio ordinario ante la autoridad común. Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 39/99, en la citada contradicción de criterios, cuyo rubro es: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).". Bajo las anotadas circunstancias, es válido establecer que los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, acuden al presente juicio de amparo bajo la hipótesis establecida en el inciso b) y supuesto 1) de los párrafos que anteceden, es decir, se consideran posibles herederos del autor de la sucesión intestamentaria de origen, acreditando fehacientemente el entroncamiento; sin que de las actuaciones de dicho procedimiento se desprenda que se les hubiera dado intervención alguna, dada la manifestación del denunciante en el sentido de que únicamente le resultaba el carácter de presunto heredero a Ángel Romero Rodríguez. Ahora bien, los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, para acreditar que en el procedimiento sucesorio del que emanan los actos reclamados se les afectaron los posibles derechos hereditarios que les pudieran corresponder por el parentesco que aducen tener con el autor de la sucesión, aportaron como medios de convicción los siguientes: Acta de defunción de Macelino Vicente Jesús Romero Molina. Acta de nacimiento de José Alberto Romero Rodríguez, en la que figuran como sus padres Jesús Romero Molina y Amalia Rodríguez Pérez. Acta de nacimiento de María Elena Romero Rodríguez, en la que figuran como sus padres J. Jesús Romero Molina y Amalia Rodríguez Pérez. Acta de nacimiento de Ángel Romero Rodríguez, en la que figuran como sus padres J. Jesús Romero Molina y Amalia Rodríguez Pérez. Cuatro constancias de Clave Única de Registro de Población a nombre de Marcelino Vicente Jesús Romero Molina, José Alberto Romero Rodríguez, María Elena Romero Rodríguez y Ángel Romero Rodríguez. Copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar número 531/2019, que para acreditar hechos (identidad de nombres de Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina o Marcelino Vicente Jesús Romero Molina) promovió María Elena Romero Rodríguez. Constancias que, valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno y demuestran que los aquí quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, son hijos del de cujus, a quien indistintamente se le conocía con los nombre de Jesús Romero Molina o J. Jesús Romero Molina o Marcelino Vicente Jesús Romero Molina. Sin que obste para ello que en las actas de nacimiento en el apartado relativo al nombre del padre esté escrito de distinta manera, toda vez que como ya se dijo, está acreditado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 531/2019, que al autor de la sucesión se le conocía con distintos nombres. Circunstancia que también quedó acreditada en el procedimiento sucesorio, a cuyo efecto se desahogó la prueba testimonial a cargo de dos testigos, con la que se tuvo por acreditada al identidad del de cujus, al señalar que era conocido con distintos nombres. En tales condiciones, de las constancias reseñadas se aprecia que los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, son hijos del autor de la sucesión, por lo que en términos del artículo 327 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, se acredita el parentesco de consanguinidad del de cujus con los promoventes y, como consecuencia, el derecho de estos últimos a ser llamados al juicio sucesorio en el que no fueron designados como posibles herederos ni se les emplazó para deducir sus derechos, por lo que su situación es la de una persona extraña en estricto sentido -en tanto una tercera extraña por equiparación al juicio de origen sería el que fue señalado formalmente como parte de la relación jurídica procesal, pero su postura litigiosa y pretensión en el amparo se basan en que no fue emplazado o la actuación correspondiente es ilegal-. Luego, si en el presente juicio constitucional se encuentra demostrado el parentesco por consanguinidad de los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, con el autor de la sucesión intestamentaria de origen en un mismo grado de quien compareció a denunciar la sucesión; y que aquéllos no fueron llamados a dicho juicio a deducir los posibles derechos hereditarios que le pudieran corresponder en su calidad de hijos del de cujus, entonces se vulneró en su perjuicio el derecho humano de audiencia tutelado por el artículo 14 Constitucional; por lo que se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, para el efecto de que la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento sucesorio intestamentario 1357/2022, así como los demás actos que sean consecuencia inmediata y directa de dichos actos; y, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido procedimiento, ordene llamar a los aquí quejosos JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, a fin de que se les otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos hereditarios que pudieran asistirles. Resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en relación con los alegatos formulados en autos, toda vez que no se expone la actualización de alguna causal de improcedencia, además de que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a JOSÉ ALBERTO y MARÍA ELENA, ambos de apellidos ROMERO RODRÍGUEZ, contra los actos reclamados a la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe
- Principal
Número de expediente: 1015/2023 Acuerdo: Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1015/2023 promovido por ******************** contra actos del Juez Quinto Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Ángel Romero Rodríguez, quienes se encuentra debidamente emplazado, como se advierte de las constancias. (foja 33 y 34) Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos, de igual forma la autoridad responsable ofreció diverso medio de convicción, con los que se ordenó formar un tomo de pruebas que obra por separado; mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 647/2023, presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
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