José Alejandro Sierra Ahumada

Expediente 1256/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1256/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Sierra Ahumada
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución de un tomo de pruebas referente al juicio ejecutivo mercantil 410/2022 que la autoridad responsable -Juez Primero Menor Mixto, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán- adjuntó a su informe. SE ORDENA ARCHIVO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que los cuadernos incidentales, formados en un solo tanto son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el incidente de suspensión. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo X-1256/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo X-1256/2022 promovido por José Alejandro Sierra Ahumada contra actos del Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocidos el carácter de terceros interesados José Miguel Guzmán Magaña y Mariana Paulina Ahumada Quiroz, quienes se encuentran debidamente emplazados. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil 410/2022, mismo que obra en un tomo de pruebas por separado. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-1256/2022, promovido por José Alejandro Sierra Ahumada, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por oficio recibido el once de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, y en esa misma fecha en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por José Alejandro Sierra Ahumada, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, y otra autoridad, al determinar mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, que carecía de legal competencia para conocer y resolver dicho juicio de amparo. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda en cuestión e registrada bajo el número X-1256/2022; se dio vista a las partes con el informe rendido por el juez responsable y se requirió al Actuario adscrito al Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se tuvo por emplazada a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados al Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, en la presente instancia constitucional, consisten en: Los autos de veintisiete de junio y veinticinco de agosto, ambos de dos mil veintidós, dictados en el juicio ejecutivo mercantil número 410/2022, en los que se comisiona al actuario para que verifique la diligencia de embargo, contra la enjuiciada Mariana Paulina Ahumada Quiroz. La violación a su domicilio ubicado en la calle Lirio número 265 y/o Andador Lirio número 265, colonia Infonavit Palo Alto, en Zamora, Michoacán. El embargo decretado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, sobre los bienes muebles que el quejoso, aduce, son de su propiedad, dentro del domicilio referido previamente. El acuerdo de diez de octubre que ordenó poner al actor en posesión de los bienes muebles embargados. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez y la Actuaria, ambos del Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, se advierte que son ciertos los actos reclamados, a cuyo efecto el primero de ellos remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil número 410/2022. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Quinto. Antecedentes del juicio de origen. A efecto de dilucidar el asunto a estudio, primeramente se precisan los antecedentes del acto reclamado. Los endosatarios en propiedad y procuración de Roberto Méndez González, presentaron demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de Mariana Paulina Ahumada Quiroz y otro, la cual fue registrada bajo el número 410/2022, del índice del Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán (foja 1 a 5 del tomo de pruebas). El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó auto de exequendum, por lo que se comisionó a la Actuaria de la adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada sito en calle Lirio número 265 y/o Andador Lirio número 265, colonia Infonavit Palo Alto, en Zamora, Michoacán, a fin de que diera cumplimiento a lo encomendado (foja 12 y 13 del tomo de pruebas), verificándose únicamente el requerimiento de pago y emplazamiento de la parte demandada el día dieciocho de agosto de dos mil veintidós (foja 14 del tomo de pruebas). A petición de la parte actora, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se autorizó al ministro ejecutor para que se constituyera nuevamente en el domicilio de la demandada principal y se verificara el embargo de bienes, autorizándose para tal efecto el uso de la fuerza pública y cerrajero (foja 19 del tomo de pruebas). El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se verificó la diligencia encomendada en la que, en uso de su derecho, primero, la parte demandada señaló bienes para embargo y, al ser insuficientes para cubrir el adeudo, la parte actora señaló diversos, los cuales se declararon formalmente embargados (foja 59 a 60 del tomo de pruebas). El diez de octubre de dos mil veintidós, a petición del actor, se acordó ponerlo en posesión de los bienes muebles embargados; diligencia que se pretendió llevar a cabo sin éxito el trece de octubre de dos mil veintidós (foja 62 y 68 del tomo de pruebas). Sexto. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por la quejosa, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto de los actos reclamados consistentes en los autos de veintisiete de junio, veinticinco de agosto y diez de octubre, ambos de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del propio ordenamiento legal, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Es así ya que de los antecedentes precisados, quedó evidenciado que el quejoso, ostentándose tercero extraño al juicio natural, reclama en esta instancia constitucional dichos acuerdos; no obstante, de las constancias del juicio de origen, se advierte que tales actos no van dirigidos a su persona, sino de la demandada en el juicio de origen del que emanan los actos reclamados. De ahí que el quejoso no se encuentre legitimado para acudir en demanda de la protección de la justicia federal respecto de tales actos reclamados, dado que como se puso de manifiesto, de la relación de constancias que anteriormente quedó descrita, dichos actos no se dirigen directamente al promovente del amparo, sino a la parte demandada en el juicio natural y ante esa circunstancia, lo actuado en el juicio de origen ningún perjuicio le causa al quejoso, menos aún pueden violentarse sus derechos subjetivos. Por tanto resulta incuestionable que el peticionario de garantías no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción I, antes transcrito, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, pues en todo caso las actuaciones del juicio natural, únicamente pueden afectar a Mariana Paulina Ahumada Quiroz, deudora principal, quien de constancias se advierte es parte demandada en el juicio, ya que es a quien se dirigen los actos. De tal suerte que si sólo tiene legitimación procesal para acudir al juicio de garantías la persona física o moral, que directamente resulte agraviada por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, que en la especie lo sería la parte demandada en el juicio de origen, es claro que el peticionario de garantías no goza de potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a ejercer la acción constitucional, como titular de un derecho, puesto que los acuerdos y determinaciones dictadas en el juicio de origen, no le están lesionando un derecho subjetivo, por no haber sido parte en el juicio de donde emana el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 202692 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o.9 K Página: 412 LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho. Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Época: Séptima Época Registro: 232899 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 76, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 45 LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por tanto, al afectar los actos reclamados de que se viene hablando únicamente a la parte demandada en el juicio de origen, no así al aquí quejoso, es indiscutible que debe declararse improcedente el juicio de garantías en que se actúa y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, respecto de los actos que se analizan. Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado consistente en el embargo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que dice se practicó sobre bienes muebles de su propiedad, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;...". Por su parte, el artículo 5° de la ley de la materia prescribe que el ejercicio de la acción constitucional está reservada en exclusiva a quien resiente un perjuicio, con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna; por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo presupone no sólo la demostración de un interés jurídico, sino además la afectación de ese interés por el acto reclamado; de ahí que para la procedencia del juicio de garantías no basta que se acredite tener derecho sobre determinados bienes, sino que debe probarse que con los actos de las responsables se afecta o se pretende afectar esos derechos. Con relación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley, de modo que aquél como elemento esencial de la acción, juntamente con la pretensión, obedece a que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, por lo cual, únicamente puede plantearse a través de ella, aspectos del orden jurídico por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que se señala como fundamento de la sentencia que se solicita. En otras palabras, sólo quien es titular del derecho que pretende prevalezca con el dictado de la sentencia se encuentra legitimado para ejercer la acción. En materia de amparo, la demostración del interés jurídico lleva implícito el tema de procedencia, pues de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio; en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el juicio constitucional consiste en el embargo decretado sobre los bienes muebles descritos en el acta de embargo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismos que el quejoso aduce son de su propiedad, todo ello derivado de lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 410/2022, respecto del cual, dice, le resulta el carácter de tercero extraño al no ser parte formal en la contienda. En el informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitieron copia certificada de las constancias relativas al juicio de origen, aceptación que en modo alguno implica dejar de analizar las cuestiones de procedencia del juicio de amparo, de ahí que la parte quejosa tiene la carga procesal de acreditar el interés jurídico que le asiste para acudir a dicha instancia constitucional, ofreciendo las pruebas idóneas que demuestren de manera plena la afectación a su derecho subjetivo tutelado por la ley que dice es vulnerado por el acto reclamado. Sin embargo, en el particular el quejoso no ofreció medio de prueba alguno para demostrar en el juicio tener interés jurídico para reclamar el embargo, esto es, que efectivamente, tiene su domicilio, y de igual forma, los bienes muebles gravados sean de su propiedad. Así es, con relación al tema relativo a la acreditación del interés jurídico del tercero extraño al juicio natural respecto del embargo de bienes muebles de su propiedad, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 14/94, que a la letra dice: Época: Octava Época Registro: 206598 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 78, Junio de 1994 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 14/94 Página: 27 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos. De la jurisprudencia transcrita, se advierte que uno de los documentos idóneos para que el tercero extraño acredite su interés jurídico en el juicio de garantías, respecto de la propiedad de bienes muebles embargados en el sumario natural, es la factura no objetada, de la que se desprenda: a) Que el bien mueble está expedido a nombre del quejoso. b) Que describan el bien de manera que puedan identificarse plenamente. Por su parte, el Código Fiscal Federal, establece los requisitos fiscales que debe contener una factura para su validez, de ahí que un documento idóneo para acreditar la propiedad de un bien mueble, por ende, el interés jurídico del tercero extraño al juicio natural, puede ser la factura no objetada de la que se desprenda, entre otros datos, que se expidió a nombre del interesado y que identifique el bien. Extremos que no se satisfacen en el particular, pues el quejoso no ofreció medio de prueba tendente a demostrar la titularidad que ostenta sobre los bienes muebles embargados, lo que en todo caso debió justificar con prueba idónea para el efecto, como podría ser la factura no objetada a su nombre que los identifique plenamente, porque la factura es el título representativo de las mercancías vendidas que se expide al comprador o a quien adquiere los servicios, que sirven para amparar la propiedad de las mercancías o servicios a favor del adquirente, además de que es un instrumento probatorio contra su expedidor, lo que ha dado lugar a que esa clase de documentos puedan servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación mercantil, lo que no aconteció en la especie. En tales condiciones, es inconcuso que el quejoso no exhibe documento idóneo alguno con el que compruebe la propiedad que refiere tener respecto de los bienes muebles embargados y, por lo tanto, tampoco acredita de manera fehaciente el derecho legalmente tutelado que la faculte para acudir a esta instancia constitucional a solicitar la protección constitucional, ya que el interés jurídico debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base de presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 16/94 que dice: Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así como la diversa jurisprudencia 3ª./J 28/90 del texto y rubro siguiente: Época: Octava Época Registro: 207223 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Común Tesis: 3a./J. 28/90 Página: 230 INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Luego, respecto del embargo de dichos bienes, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, ibídem. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en la violación a su domicilio ubicado en la calle Lirio número 265 y/o Andador Lirio número 265, colonia Infonavit Palo Alto, en Zamora, Michoacán, quien suscribe estima que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Ello, en primer lugar, porque el quejoso no demostró con documento alguno tener su domicilio en el lugar donde se verificó la diligencia. Tanto es así que todas las diligencias realizadas se verificaron en presencia de la demandada. De ahí que no cumplió con la carga de acreditar fehacientemente su interés jurídico. También, es pertinente señalar que el quejoso reclama en esta instancia constitucional la violación a su domicilio perpetrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, de los antecedentes narrados se evidencia que tal acto quedó consumado de modo irreparable, ello virtud a la circunstancia de que tal irrupción en su domicilio se agotó en la fecha señalada y, por tanto, quedó consumada de modo irreparable, lo que implica la imposibilidad de pronunciarse al respecto. Es importante señalar que resulta jurídico decretar el sobreseimiento de mérito, toda vez que se atiende a la naturaleza y al efecto que produce el acto reclamado, el cual constituye un acto de orden positivo ya ejecutado, en tanto materializó una situación de hecho, de tal modo que la irrupción al domicilio del quejoso se agotó en ese momento, de modo tal que la concesión del amparo carecería de efectos. De modo que la consumación de dicho acto, evidentemente no puede ser restituida o reparable mediante el juicio de control constitucional, en la medida, que se consumaron sus efectos materiales, por lo que resulta jurídicamente imposible restituir al quejoso en el pleno goce del o los derechos fundamentales que se califiquen vulnerados restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En ese contexto, por disposición expresa del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de tal especie se torna improcedente contra actos consumados de modo irreparable, los cuales se entienden como aquellos que han realizado de forma total y absoluta todos sus efectos, o bien, cuya finalidad se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. En otras palabras, es patente que la ejecución de los actos reclamados en esta instancia constitucional, les reviste la naturaleza de consumados de modo irreparable, dado que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al efecto en que se encontraban antes de la supuesta violación a derechos fundamentales, razón por la que resulta improcedente el juicio de amparo. Con base en lo expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia precisadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional. No pasa inadvertido para el que suscribe el hecho de que en sus conceptos de violación el quejoso aduce cuestiones relativas al emplazamiento y cercioramiento del domicilio; sin embargo, se considera innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, pues resulta evidente que el quejoso acude a esta instancia constitucional como tercero extraño ajeno al litigio, de modo que también carece de legitimación para alegar cuestiones de dicha naturaleza. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por José Alejandro Sierra Ahumada, contra los actos reclamados al Juez y Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO, REMITE INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de enero del año en curso y al efecto remite las constancias que lo acreditan. En tal virtud, dese vista a las partes con el informe justificado que rinde la Actuaria adscrita al Juzgado Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA, SE TOMA CONOCIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido vía telegráfica por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, a través del cual informa que el dos de diciembre de dos mil veintidós, remitió oficio 1863 en el que obra el informe previo y justificado del juez y actuaria de ese juzgado, lo que aún no se ha recibido en este órgano jurisdiccional; de igual manera, indica que remitió el oficio de cuenta por correspondencia oficial con las copias certificadas que acreditan lo anterior. En ese contexto, este juzgado toma conocimiento y una vez que se cuenten con dichas constancias se proveerá lo conducente. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, la que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

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