Jose Alberto Reyes Rodriguez

Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Alberto Reyes Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por José Alberto Reyes Rodríguez, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE CAUSAR EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número VI-789/2021, promovido por José Alberto Reyes Rodríguez, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional el veinticuatro de ese mes y año, José Alberto Reyes Rodríguez, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- La Dilación Procesal en que se encuentra incurriendo la autoridad señalada como responsable; de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal deI Trabajo, a los ahora quejosos, puesto que no desarrolla el juicio número 780/2018, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la demandada ofreció la Reinstalación en el empleo a los trabajadores en el escrito de contestación presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de fecha 03 de Julio del año 2019, dos mil diecinueve, y en audiencia de fecha 05 de Agosto del año 2021, dos mil veintiuno, es cuando la autoridad señalada como responsable señalado las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 05 de Noviembre del año 2021, para que tenga verificativo la reinstalación de los trabajadores actores, lo cual transgrede en perjuicio del ahora quejosos, los principios de celeridad, inmediato y sencillez que estipula el artículo 685 de la Supletoria Ley Federal del Trabajo, esto es, han pasado más de dos años que se ofreció la reinstalación a los actores y la cual fue aceptada por los mismos, y retardando el procedimiento la autoridad señalada como responsable ha señalado hasta el cinco de noviembre del año en curso, siendo el acto imputado a la autoridad la dilación procesal que está incurriendo en nuestro perjuicio". En su demanda, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 789/2021, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de garantías; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La dilación en la administración de justicia derivada del hecho de que la parte demandada ofreció la reinstalación de los trabajadores desde el escrito de contestación de demanda presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, siendo que hasta el cinco de agosto de dos mil veintiuno, el tribunal responsable acordó lo conducente señalando las diez horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la reinstalación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se hace constar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 41, por lo cual, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que por lo que hace al señalamiento de las diez horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para la reinstalación de los trabajadores, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Lo anterior, toda vez si bien la parte quejosa reclamó la dilación en el procedimiento, derivada del hecho de señalar una fecha remota para la celebración de la reinstalación de los trabajadores en el juicio ordinario laboral 780/2018, lo cierto es que tal fecha ya pasó, de tal modo que la dilación de que se duele ya no puede surtir efecto legal alguno, porque la posible infracción que hubiere acontecido ya quedó consumada por el sólo transcurso del tiempo, de tal suerte que, una eventual concesión del amparo no podría materializarse, ya que la protección constitucional debe limitarse en función del acto reclamado y tomando en cuenta la etapa procesal del juicio. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado." En ese sentido, es inconcuso que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que en esta fecha, se encuentra irreparablemente consumada la violación. Por lo tanto, en relación al acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha remota para la reinstalación de los trabajadores, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues por su propia naturaleza, dicho acto reclamado está irreparablemente consumado, pues la protección constitucional en contra de dicho acto, no puede lograr restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis del texto y rubro siguientes: Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Página: 325 ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: Época: Quinta Época Registro: 337936 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXIX Materia(s): Común Tesis: Página: 738 ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer". Amparo administrativo. Revisión del auto que desechó la demanda 616/30. Sierra Torres José. 11 de junio de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Urbina. Relator: Jesús Guzmán Vaca. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 197245 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Página: 9 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Amparo en revisión 1717/96. Texlamex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 2339/96. Filtros Mann, S.A de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 2512/96. Popul-Auto de Mazatlán, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 356/97. Televimex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. Amparo en revisión 2871/96. Grupo Televisa, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 90/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete". Cabe anotar que las causas de improcedencia que aquí se estiman actualizadas no causan afectación a la parte quejosa, pues no se trata de una improcedencia permanente, ya que al reclamarse una omisión, que se actualiza de momento a momento, de haberse señalado una nueva fecha para la reinstalación de los trabajadores, la parte quejosa se encuentra en aptitud de plantear una nueva demanda, si estima que se vulneran sus derechos. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Alberto Reyes Rodríguez, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante haber sido requerido con la oportunidad debida, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos, de donde se desprende que recibió esa comunicación el treinta de agosto de la presente anualidad. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE En consecuencia, teniendo en consideración que ante la omisión de la autoridad en cita, lo que procedería, en su caso, al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa, es el que se presuma cierto el acto que se le atribuye; en consecuencia, a efecto de estar en aptitud de analizar si la dilación en el procedimiento es atribuible a la autoridad y las circunstancias de la misma, requiérase a la referida autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias relativas al juicio laboral 780/2018, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe

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