José Alberto Pérez Barba

Expediente 477/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
477/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Pérez Barba

Actuaciones

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia de la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades...., tramítese físicamente por separado únicamente un cuadernillo de este expediente de incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 478/2023-I-A. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiéranse los informes previos a las autoridades responsables, remitiendo copia de la demanda de amparo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al que quede notificada AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se señalan las doce horas con treinta minutos del treinta de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia incidental. ... En consecuencia, por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la media cautelar solicitada por el quejoso *** LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ********************, interpuesto por el quejoso ********************, contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo.********************ADMISIÓN DE LA DEMANDA********************Con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN****************************************Tramítese este juicio con incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO****************************************Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicitaAUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las doce horas del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso firmado por 1. ****, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de seis de septiembre del año en curso, en el que se determinó desechar la demanda de amparo que promovió; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de dicha legislación, remítase el escrito de interposición del recurso, el informe correspondiente, así como copia certificada de todo lo actuado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de Oficina de Correspondencia, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el asunto, distintas de la quejosa promovente. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por 1. ********************, contra actos del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, que hace consistir en: Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Ahora, como se explicó en párrafos anteriores, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, además de prever que la procedencia del juicio constitucional se actualiza cuando el acto impugnado afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, también regula la condición que debe satisfacerse tratándose de la impugnación contra normas generales que no causen perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, de naturaleza heteroaplicativa. Explicado lo anterior, se reitera que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: El Decreto por el que se declara área natural protegida Ricardo Flores Magón con el carácter de parque nacional, publicado el quince de agosto de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. El decreto por el que se declara área natural protegida Bajos de Coyula, con el carácter de área de protección de flora y fauna, publicado el quince de agosto de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. El decreto por el que se declara área natural protegida Huatulco II, con el carácter de parque nacional, publicado el quince de agosto de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO SEXTO. Dentro de la zona de amortiguamiento del parque nacional Huatulco II, queda prohibido: I. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos o cualquier otro tipo de contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o a cuerpos de agua; II. Rellenar, desecar o modificar los cauces naturales permanentes e intermitentes de los ríos y arroyos, entre otros; III. Tirar o abandonar residuos fuera de los sitios autorizados para tal efecto; IV. Construir confinamientos para residuos sólidos, así como para materiales y sustancias peligrosas; V. Realizar actividades de aprovechamiento extractivo de flora o fauna silvestre; VI. Realizar actividades de pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agrícolas y ganaderas; VII. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas o exóticas invasoras de vida silvestre; VIII. Introducir organismos genéticamente modificados, salvo con fines de biorremediación; IX. Acosar, molestar o dañar de cualquier forma a las especies de la vida silvestre; X. Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre; XI. Utilizar cualquier fuente de emisión sonora que altere el comportamiento de las especies silvestres; XII. Realizar cualquier obra privada; XIII. Realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a que se refiere la Ley de Minería; XIV. Construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales; XV. Disposición final de los residuos mineros y residuos metalúrgicos; XVI. Establecer áreas habitadas o urbanizadas que, a partir de un núcleo central presenten continuidad física en todas direcciones, en las cuales existan asentamientos humanos concentrados, que incluyan la administración pública, el comercio organizado y la industria y que cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos tales como energía eléctrica, drenaje y red de agua potable, y XVII. Las demás que ordenen las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Desarrollo Forestal Sustentable, de Vida Silvestre, y otras disposiciones jurídicas aplicables. ARTÍCULO OCTAVO. Cualquier obra o actividad pública que se pretenda realizar dentro del parque nacional Huatulco II debe sujetarse a las modalidades establecidas en este decreto, el programa de manejo del área y demás disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, quienes pretendan realizar dichas obras o actividades deben contar, en su caso y previamente a su ejecución, con la autorización de impacto ambiental correspondiente en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, independientemente de los permisos, licencias y autorizaciones que deban expedir otras autoridades conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. ARTÍCULO DÉCIMO. Los poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que pudieran encontrarse dentro dela superficie del parque nacional Huatulco II están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el presente decreto. Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto y deben respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal, propondrá la celebración de los acuerdos de coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, con la intervención que, en su caso, corresponda al municipio de Santa María Huatulco; así como la concertación de acciones con los sectores social y privado sujetándose a las previsiones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, lo establecido en el presente decreto, en el programa de manejo respectivo, así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debe formular el programa de manejo del parque nacional Huatulco II, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente." El contenido de dicho programa debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, el presente decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables y, además, deberá contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se aplicarán para la conservación del parque nacional Huatulco II." De lo transcrito, se advierte que los Decretos tildados de inconstitucionales se tratan de normas generales de carácter heteroaplicativo, cuya sola expedición no causa perjuicio a la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa, porque requiere de un acto de condición, que en el caso lo constituye el programa de manejo del área de protección de recursos naturales Parque Ricardo Flores Magón y Huatulco II, así como la flora y fauna de Bajos de Coyula, los cuales aún no ha sido formulados y publicados. Ello es así, toda vez que a través de dichos programas de manejo se definirán las subzonas de la zona de amortiguamiento, y por consecuencia, las modalidades y condiciones con base en las cuales se desarrollarán las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de que se trata; es decir, será hasta que se emita el programa de manejo correspondiente, cuando surjan o se actualicen las obligaciones, condiciones o eventuales restricciones que los propios Decretos determinan, cuando se considere que dicha norma general afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Precisado lo anterior, como se adelantó, la quejosa carece de interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de amparo, en razón de que los decretos reclamados, no le deparan perjuicio alguno, ya que no le privan de ningún derecho en su patrimonio, papeles y/o posesiones, de una manera real y actual; ni siquiera económico, pues, los citados decretos sólo inciden en su caso, en los inmuebles propiedad del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, que fueron declarados susceptibles de transferirse y transformarse como reserva natural. Máxime que, la propia parte quejosa en su escrito de demanda manifiesta que (".los decretos impugnados están violando lo ordenado en este artículo 25 de la constitución federal, no ha tomado en cuenta que Huatulco es uan fuete permanente de empleos, que los que ahora participamos, lo hacemos con una visión a 20 o 30 años."), lo que hace evidente que no acude a esta instancia constitucional en virtud de un perjuicio inminente, real y directo sino que, lo hace en virtud de una posible afectación que pudieran ocasionarle dichos decretos a futuro. Apoya lo anterior, la tesis XIV/89 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, registro digital 207395, página 343, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACIÓN. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." Inclusive, en los decretos presidenciales impugnados se establece en sus artículos décimos lo siguiente: "ARTÍCULO DÉCIMO. Los poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas que pudieran encontrarse dentro de la superficie del parque nacional Ricardo Flores Magón están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el presente decreto. Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto, y deben respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables." "ARTÍCULO DÉCIMO. Los poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que pudieran encontrarse dentro de la superficie del área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el presente decreto. Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto, y deben respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables." "ARTÍCULO DÉCIMO. Los poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que pudieran encontrarse dentro de la superficie del parque nacional Huatulco II están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el presente decreto. Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto, y deben respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables." De igual manera, en sus artículos transitorios tercero, se precisa literalmente lo siguiente: "TERCERO. Los permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por las dependencias competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, para realizar actividades dentro del parque nacional Ricardo Flores Magón, continuarán vigentes hasta que dejen de surtir efectos los títulos correspondientes." "TERCERO. Los permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por las dependencias competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, para realizar actividades dentro del área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula, continuarán vigentes hasta que dejen de surtir efectos los títulos correspondientes." "TERCERO. Los permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por las dependencias competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, para realizar actividades dentro del parque nacional Huatulco II, continuarán vigentes hasta que dejen de surtir efectos los títulos correspondientes." [Lo resaltado es propio] De lo que se evidencia, que todos los derechos, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por las dependencias competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continúan vigentes, con la única condición de llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en los citados decretos. En tal tesitura, se advierte que la quejosa no tiene interés jurídico ni legítimo para instar este juicio constitucional, esencialmente, porque los decretos presidenciales reclamados, no trascienden de manera directa a la esfera jurídica de los particulares, pues en dichos decretos se identificaron plenamente, de sus reservas territoriales, aquellos inmuebles que forman parte de su patrimonio y se consideraron susceptibles de ser transmitidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que por sus características y presencia de especies de flora y fauna en ellos tienen un valor ambiental importante, y por tanto, se declararon como áreas naturales protegidas. Máxime, que las reservas territoriales respecto de las que se regulan en los decretos de referencia, son inmuebles que forman parte del patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que por sus características y presencia de especies de flora y fauna tienen un valor ambiental importante para que pudieran declararse áreas naturales protegidas, sin que se regule sobre el patrimonio de los particulares. En ese orden, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no existe el acto de aplicación que condiciona la afectación que pudiera generar a la esfera jurídica de la parte quejosa los Decretos que reclama, y dado que la inminencia de su aplicación no actualiza o concreta algún perjuicio de manera real y actual, resulta incuestionable que cobra vigencia la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 77/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, registro digital 196954, página 382, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el usuario "********************", está vinculado al correo electrónico ********************, por tanto, como lo solicita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta de dicho usuario. Asimismo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se ordena se practiquen de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales al usuario antes mencionado. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal." USUARIO Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, tomando en cuenta que el usuario "********************", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, y está vinculado con el correo electrónico ********************@hotmail.com, por tanto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta de dicho usuario. AUTORIZADO Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica al promovente.

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