José Abel Villalobos Martínez

Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
399/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • José Abel Villalobos Martínez
  • José Abel Villalobos Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 48747/2018, signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio a través del cual este órgano jurisdiccional le devolvió el juicio de amparo 1167/2018 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Abel Villalobos Martínez, Roque Blas de la Cruz, Cinara Marín Santos, Vicente López Santiago, Bernardo Orozco Toledo, Francisca Toledo Ayala, Pedro Villalobos Marín, Susana Osorio Hernández, Rodolfo Martínez García, Virgilio Matus Vásquez, Ivette del Carmen Martínez Martínez, María Hernández Vélez, Marta Elena Orozco Castillo, José Juan Rodríguez Castillo, Mireya Ruíz Cifuentes, Araceli Fuentes López, Velia López Vázquez, Vilma Morales Ortiz, Francisco Martínez Pérez, Sonia Velázquez López, Jesús López Cruz, Odila Martínez Rivera, Ofelia Regalado Martínez, Cecilia Karel Sánchez Matus, Maricela Gómez López, Luis Marín Regalado, Roque Blas Castillo, José Gutiérrez Jiménez, Dulce María López Regalado, Ana López Castillo, Verónica Sánchez Cruz, Roberto López Sánchez, Luis Marín Torres, Gilberto Ruiz Vázquez, Jesús Ortiz Ruiz, Divina Cuevas Castellanos, Rosario Cuevas Castellanos, Felipe Ruiz Castillo, Elva Santiago de la Cruz, Bernardo López López, Rene Orozco Martínez, Alexis Salinas López, Gonzalo Zárate Gómez, Julissa Gómez Sibaja, Miguel Ángel Morales Calvo, Floriza Orozco Gallegos, Ismael de la Cruz López, Francisca Martínez Alonso, Alma Delia Orozco Juan, Alba Ordaz Salinas, María del Carmen López Cruz, Santiago Jiménez Montero, Manuel de la Cruz Cruz, Nadia Paola Altamirano Ordaz, Jacobo Cruz Marín, Benita Matus Marín e Hilaria Martínez Ruiz, por no haber aceptado la competencia que declinara; precisando que atendiendo a las consideraciones planteadas por el suscrito en el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el cuaderno de antecedentes como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente asunto es total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio 46786/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa el juicio de amparo 1167/2018, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Abel Villalobos Martínez, Roque Blas de la Cruz, Cinara Marín Santos, Vicente López Santiago, Bernardo Orozco Toledo, Francisca Toledo Ayala, Pedro Villalobos Marín, Susana Osorio Hernández, Rodolfo Martínez García, Virgilio Matus Vásquez, Ivette del Carmen Martínez Martínez, María Hernández Vélez, Marta Elena Orozco Castillo, José Juan Rodríguez Castillo, Mireya Ruíz Cifuentes, Araceli Fuentes López, Velia López Vázquez, Vilma Morales Ortiz, Francisco Martínez Pérez, Sonia Velázquez López, Jesús López Cruz, Odila Martínez Rivera, Ofelia Regalado Martínez, Cecilia Karel Sánchez Matus, Maricela Gómez López, Luis Marín Regalado, Roque Blas Castillo, José Gutiérrez Jiménez, Dulce María López Regalado, Ana López Castillo, Verónica Sánchez Cruz, Roberto López Sánchez, Luis Marín Torres, Gilberto Ruiz Vázquez, Jesús Ortiz Ruiz, Divina Cuevas Castellanos, Rosario Cuevas Castellanos, Felipe Ruiz Castillo, Elva Santiago de la Cruz, Bernardo López López, Rene Orozco Martínez, Alexis Salinas López, Gonzalo Zárate Gómez, Julissa Gómez Sibaja, Miguel Ángel Morales Calvo, Floriza Orozco Gallegos, Ismael de la Cruz López, Francisca Martínez Alonso, Alma Delia Orozco Juan, Alba Ordaz Salinas, María del Carmen López Cruz, Santiago Jiménez Montero, Manuel de la Cruz Cruz, Nadia Paola Altamirano Ordaz, Jacobo Cruz Marín, Benita Matus Marín e Hilaria Martínez Ruiz, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades; ello en cumplimiento al auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el referido juicio de amparo 1167/2018, en el que declaró que ese órgano jurisdiccional carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del citado asunto, y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número 399/2018. Analizadas las razones que sustenta la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en funciones de Juez, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. Previamente es de establecerse que la jurisdicción es la función del Estado, aplicada por conducto del órgano especial, para administrar justicia, para la realización o garantía del derecho, y secundariamente, para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos, en forma obligatoria y definitiva. Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, su ejercicio está circunscrito a ciertos límites y alcance que son determinados por la competencia. Por su parte, la competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diferentes autoridades judiciales. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en cuatro ámbitos a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 33, fracción IV, el órgano competente es un juzgado de Distrito. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Impedimento por vinculación con el acto reclamado. Establecido únicamente para los Juzgados de Distrito en los artículos 38 y 39 de la ley en cita. En ese contexto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso, como también lo consideró el juez oficiante, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha empezado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto citado prevé una condición indispensable para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, consistente en determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material. En el primer caso, se fijan dos reglas: Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. Esta parte del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. En un segundo supuesto, que el acto reclamado no requiera ejecución, la norma indica que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo por territorio depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el preinvocado numeral 37 de la legislación de la materia. En el caso en particular, en el auto dictado por la referida Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en funciones de Juez, el diecinueve de septiembre del año en curso, determinó que carecía de competencia legal, bajo la premisa de que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues en esencia refiere que aunque el acto reclamado es negativo, éste tiene efectos positivos. Lo anterior lo sostiene la secretaria en funciones de Juez ya que refiere literalmente: ".En efecto, resulta claro para este juzgado federal, el hecho que el acto que reclama por la presente vía es la negativa de las autoridades responsables del otorgar la cantidad de $120,000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) prevista en el Anexo IV "Atención a la vivienda" de la Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, dado que sus viviendas se vieron afectadas con motivo del sismo del siete de septiembre de dos mil diecisiete y los subsiguientes; es decir, a pesar de que es un acto negativo, éste tiene efectos positivos, toda vez que el deseo de la parte quejosa es acceder al pago del citado fondo, el cual deberá realizarse en el lugar donde se encuentran los domicilios afectados, esto es, en el estado de Oaxaca, ya que el pago del multicitado fondo es un recurso federal, el cual en su caso deberá realizarse el trámite correspondiente a través de una delegación regional, por ende, en lugar donde se encuentren los domicilios afectados" Ahora bien, en consecuencia, para determinar bajo qué regla o reglas de competencia por razón de territorio se ubica el presente juicio de amparo, en razón de la naturaleza jurídica de los actos, es necesario precisar conforme al estudio integral de la demanda los actos que reclama la parte quejosa que a saber son: "IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables en el apartado anterior de la presente demanda de amparo se reclama: La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales, eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibamos la cantidad de $120, 000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) prevista en el Anexo IV "Atención a la vivienda" de la Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo ("Rancho Gubiña), Oaxaca, en relación con lo previsto en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, y las Reglas Generales del FONDEN, para la reconstrucción y reparación de los inmuebles de nuestra propiedad que fueron dañados como consecuencia del terremoto sucedido el 7 de Septiembre de 2017 y las miles de réplicas siguientes, lo cual se detalla con precisión en el apartado de hechos y conceptos de violación de la presente demanda de amparo." Ahora bien, es cierto como lo señala el juzgado declinante que al parecer se reclama lo relativo al pago de la cantidad de $120, 000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) prevista en el Anexo IV "Atención a la vivienda" de la Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y que de resultar procedente dicho pago, podría llevarse a cabo en el municipio zapoteca de Unión Hidalgo ("Rancho Gubiña), Oaxaca, dato que serviría para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin embargo, resulta claro que dicho acto no es el único que se advierte se reclama en la demanda de amparo. Así es, porque del escrito de demanda también se advierte que la peticionaria del amparo señaló respecto los actos reclamados: ".De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables en el apartado anterior de la presente demanda de amparo se reclama: La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales, eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibamos la cantidad de $120, 000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)." Actos que no tienen una ejecución material al tratarse de una omisión. En ese entendido, resulta lógico que no le corresponde a cada una de las referidas autoridades señaladas como responsables, dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, en caso de que se declare procedente, hacer el pago de la cantidad de $120, 000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) prevista en el Anexo IV "Atención a la vivienda" de la Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a favor de los quejosos, si no que tal como lo señalaron los quejosos, se les reclama "la omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales, eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones" para que los quejosos reciban la cantidad que señalan, siendo que estos últimos actos, son de naturaleza negativa. Lo anterior no obstante, que el juez declinante manifieste que "la negativa de las autoridades responsables del otorgar la cantidad de $120,000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) prevista en el Anexo IV "Atención a la vivienda" de la Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, dado que sus viviendas se vieron afectadas con motivo del sismo del siete de septiembre de dos mil diecisiete y los subsiguientes; es decir, a pesar de que es un acto negativo, éste tiene efectos positivos, toda vez que el deseo de la parte quejosa es acceder al pago del citado fondo, el cual deberá realizarse en el lugar donde se encuentran los domicilios afectados, esto es, en el estado de Oaxaca, ya que el pago del multicitado fondo es un recurso federal, el cual en su caso deberá realizarse el trámite correspondiente a través de una delegación regional, por ende, en lugar donde se encuentren los domicilios afectados; pues como se ha establecido en párrafos que anteceden también se reclama "la omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales, eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones" para que los quejosos reciban la cantidad que señalan, actos que contrario a lo manifestado por el órgano declinante, este juzgador considera se trata de un acto puramente de carácter negativo que no tiene ejecución material, pues dichas omisiones podrían ejecutarse materialmente en la esfera de derechos de los quejosos, cuyo ejercicio no está condicionado a un territorio o jurisdicción en específico, tan es así que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso atribuyó los actos reclamados no sólo a las autoridades del Estado de Oaxaca, si no inclusive a autoridades de la jurisdicción de la propia autoridad declinante. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados (omisiones) constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra previsto por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito. Ello, aunado al principio de continencia de la causa, por lo que, puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que ya se ejecutó o se vaya ejecutar; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material; serán competentes para conocer del asunto en su integridad tanto el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado que requiere ejecución o se vaya ejecutar, como el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda atendiendo a los actos reclamados que no requieren ejecución material. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema relativo a qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, no debe optarse sin mayor análisis por la regla de competencia establecida para los actos que requieren ejecución material, sino considerar las dos reglas, es decir que pueden coexistir tanto la fijada para los que no requieren tal ejecución, como la diversa establecida para los que sí requieren esa ejecución. Se considera así porque en el tema de la competencia, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes, lo cual sin duda privilegia el mencionado derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo relativo al principio pro persona respecto de lo más benéfico para las partes, resulta oportuno citar la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 799 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2002000, la cual es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." En ese tenor es de destacarse el criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema relativo a qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, es el relativo a que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir la de los actos que sí requieren ejecución material y la diversa de los actos que no requieren ejecución material; pero que ante la falta de regulación expresa para definir a cuál de los dos jueces que resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse entre otras cosas a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso. El criterio en comento se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2003502, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la jurisprudencia en cita interpreta la Ley de Amparo abrogada, ni que el tema resuelto no se refiera a los actos reclamados en el presente juicio de amparo; sin embargo, se considera que en la especie sirve de referencia para dilucidar el tema relativo pues es posible que dos jueces de Distrito puedan resultar legalmente competentes por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor del otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material; así como para conocer la tendencia actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dicha temática y su solución. Por tanto, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad de amparo declinante, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para dicha parte justiciable, dado que la promovente optó por acudir ante él y no ante esta jurisdicción, por tanto, en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada I.16o.A.9 K, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1223, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Materia Común, de registro 2010698, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.- El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro". En ese sentido, el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo es específico en señalar cuando se trata de actos que carezcan de ejecución material (como acontece en el caso), será competente el Juzgado de Distrito ante quien se presente la demanda, sin que el domicilio de la autoridad responsable constituya dato relevante para establecer el Juzgado competente. Sustenta las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 1ª./J.17/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500 del Libro VI, Mayo de 2014, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, con número de registro 2006529 del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, con apoyo en el ordinal 48 de la ley de la materia, no se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda en cuestión; y, por ello se devuelve a la autoridad declinante para los efectos legales a que haya lugar; solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Conforme a lo ya expuesto, es de precisarse como antecedente para fijar la competencia del presente asunto, el criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2018 suscitado entre este juzgado y el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, aprobado por unanimidad de votos en sesión de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se resolvió que correspondía el conocimiento y resolución del juicio de amparo al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto a actos reclamados análogos a este juicio de amparo. Notifíquese por lista únicamente a la parte quejosa, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. I-A-Penal

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