José Alejandro Sánchez Mejía y Otros.
Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alejandro Sánchez Mejía y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el cuatro de marzo del año en curso (fojas 11-23), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Alejandro Sánchez Mejía y Hugo Gerardo Sánchez Mejía; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. V-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por José Alejandro Sánchez Mejía y Hugo Gerardo Sánchez Mejía, por propio derecho, contra actos del 1. Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca; 2. Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3. Vicefiscal Regional del Istmo, con sede en Tehuantepec, Oaxaca; 4. Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público en Juchitán, Oaxaca; 5. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado en San Antonio de la Cal, Oaxaca; y 6. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, en Juchitán, Oaxaca, que hace consistir literalmente en el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Del C. Juez Garantía en Materia Penal; le reclamamos la orden de comparecencia emitida en nuestra contra, dentro de la causa penal número 458/2018. Del C. Fiscal General del Estado de Oaxaca, del C. Vice fiscal Regional del Istmo y del C. Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público, les reclamamos: La orden de comparecencia emitida en nuestra contra. Del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca y del C. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, les reclamamos: La ejecución material de la orden de comparecencia dictada por el C. Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, por el C. Fiscal General del Estado de Oaxaca, por el C. Vice fiscal Regional del Istmo y del C. Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público." Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 99/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que prevén, el primero, que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa ley; y, el segundo, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es menester señalar, que el problema a dilucidar se centra en determinar, en un primer término, si la citación que se hace a los imputados, aquí quejosos para que comparezcan a la audiencia de imputación inicial, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal vigente en la Región del Istmo, del Estado de Oaxaca, tiene una ejecución de imposible reparación, por afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos ahora por los derechos humanos, o si afecta en grado predominante o superior derechos procesales del imputado, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos que tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Un acto que tiene una ejecución de imposible reparación es aquel que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, de modo tal que esa afectación no pueda enmendarse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate Asimismo, el Máximo Tribunal del País ha considerado que la irreparabilidad de un acto, emerge cuando causa una afectación a derechos procesales de los gobernados en grado predominante o superior, lo cual sucede, por regla general, cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el proceso, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, como sucede por ejemplo con la interlocutoria que desestima la excepción de falta de personalidad del actor o de cosa juzgada, pues esa determinación sujetaría a las partes a continuar e intervenir en todo el procedimiento, lo que al final podría resultar ocioso, además de que los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo no tendría el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del punto en que se cometió tal violación, sino el de que se emita otra en la que se declaren procedentes las excepciones señaladas, con lo que se pone fin al juicio. Estas consideraciones encuentran sustento en la tesis P. LVII/2004, con registro 180415, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, visible en la página 9, correspondiente a la Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Asimismo, en la tesis P. LVIII/2004, con registro 180217, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 1/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, visible en la página 10, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". Cabe señalar, la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que éste aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de amparo, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto. Expuesto lo anterior, se determina que el acto atribuido al Juez de Garantía en materia penal, con residencia en Juchitán, Oaxaca, consistente en la citación que se le formuló a los quejosos José Alejandro Sánchez Mejía y Hugo Gerardo Sánchez Mejía, en la causa penal número 458/2018 de su índice, para que comparezcan a las doce horas del día cinco de marzo de dos mil diecinueve, para la formulación de la imputación correspondiente, no constituye un acto de ejecución irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, tampoco causa una afectación en grado predominante o superior a derechos procesales del quejoso, que haga procedente el juicio de amparo. Para sostener tal aserto, es menester traer a colación lo que establecen los artículos 141, 307, 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia". "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código". "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público". "Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad". De conformidad con los preceptos legales transcritos, el Juez de control, previa solicitud del Ministerio Público, y si el imputado no se encontrare detenido, está obligado a citar al imputado en libertad para que comparezca ante ese órgano jurisdiccional, a efecto de que en diligencia formal, el representante social le haga saber el contenido de la imputación inicial, y a su vez, el juez de control le informe sus derechos constitucionales y legales; en su caso, el imputado rendirá su declaración, si así lo desea; podrá solicitar que se suspenda la diligencia para aportar medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional. Asimismo, antes de concluir la audiencia y de considerar el Juez que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, resolverá la vinculación a proceso fundando y motivando su decisión, así como las medidas de coerción que, en su caso, llegue a imponer. Derivado de lo anterior, en atención a la naturaleza y efectos del citatorio emitido por el Juez responsable, para que el aquí quejoso comparezca ante ese órgano jurisdiccional a la audiencia de imputación inicial, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues como se dijo, sólo tiene como efecto que el Ministerio Público le haga saber el contenido de la imputación inicial (nombre del imputado, nombre de la víctima y del denunciante, una breve descripción de los hechos y su posible calificación jurídica, los elementos de convicción que arroje la investigación y lo relacionado con la reparación del daño); asimismo, que el Juez de control le informe sus derechos constitucionales y legales; en su caso, rinda su declaración, si así lo desea o bien aporte datos de pruebas, a fin de que dicha autoridad judicial antes de que concluya la audiencia relativa, resuelva su situación jurídica; por el contrario, esa citación tiene por objeto asegurar sus derechos y garantías procesales. Tampoco puede considerarse que las consecuencias de la citación reclamada, pudieran causar una afectación en grado predominante o superior a los derechos procesales del imputado, pues como se dijo, para ello se requiere que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el proceso, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; sin embargo, no se advierte que la citación reclamada, pudiera ocasionar consecuencias de tal naturaleza. No debe soslayarse, el criterio definido del Máximo Tribunal del País, que tratándose de actos que afecten o restrinjan la libertad personal de los gobernados, el juicio de amparo promovido contra ellos resulta procedente, precisamente, por tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, a saber, su libertad personal. En el caso particular, la citación reclamada no es privativa ni restrictiva de la libertad personal, en la medida de que no se traduce en una orden de aprehensión, comparecencia o detención, pues su finalidad, aun cuando es lograr la comparecencia de los imputados a efecto de que el Ministerio Público les haga saber el contenido de la imputación inicial, y el Juez de garantía les informe sobre sus derechos constitucionales y legales, así como para que declaren si así lo desean; lo cierto es que una vez terminada la diligencia para la que fueron citados, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, de ahí que no pueda considerarse que se le priva de su libertad. De igual forma, no debe soslayarse que la citación para la audiencia de imputación inicial en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, a diferencia de una orden aprehensión o comparecencia que se emite en el sistema tradicional; no establece que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, ni que si existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sino que tiene como objeto que el Ministerio Público le haga saber el contenido de la imputación inicial, y a su vez, el Juez de control le informe sus derechos constitucionales y legales; en su caso, el imputado rendirá su declaración, si así lo desea, pudiendo solicitar que se suspenda la diligencia para aportar medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional; por ende, si al emitirse la citación reclamada, no se analizaron tales aspectos, no puede sostenerse válidamente que afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. No pasa inadvertido, que la orden de citación prevista en la fracción I, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se traduce en una privación de la libertad personal de los imputados, pues no existe apercibimiento alguno que de no comparecer sin justa causa a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de imputación inicial, se librará en su contra orden de comparecencia por conducto de la fuerza pública; además, en caso de que así hubiera sido, esa circunstancia en modo alguno hace procedente el juicio de amparo, puesto que constituye un acontecimiento futuro de realización incierta, ya que no se tiene la plena certeza de que así ocurrirá, pues el libramiento de dicha orden de comparecencia, está condicionada a que el imputado no comparezca a la citada audiencia sin justa causa. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), por contradicción de tesis, con registro 2018828, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, visible en la página 230, correspondiente a la Décima Época, bajo el tenor literal siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, promovida por José Alejandro Sánchez Mejía y Hugo Gerardo Sánchez Mejía, contra los actos que le atribuye al Juez de Garantía en materia penal de Juchitán, Oaxaca, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa solicitando expresamente que sus notificaciones se le realicen por medio de lista que se publiquen en los estrados de este Juzgado y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Gómez Martínez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Aristeo Martínez Gómez, Yesenia del Carmen Gómez Montaño y Adrian Orozco Carrasco, en virtud de que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por último, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese en términos de ley. MESA V-A
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