José Alberto García Díaz

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • José Alberto García Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el dictamen emitido por Jorge Bonilla Mendoza perito nombrado por la tercero interesada persona moral denominada "Bufete Arquitectónico de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, requiérasele al mencionado perito por conducto de la tercero interesada para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presenta auto, comparezca ante este Juzgado de Distrito debidamente identificado en días hábiles en el horario comprendido de nueve a doce horas a ratificar el contenido del estudio rendido, con el apercibimiento que de no hacerlo, se sujetará a lo que determine la perito oficial en el estudio que emita. Notifíquese, y personalmente a la tercero interesada.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio de los cuales, rinden su informe justificado; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que José Alberto García Díaz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar su escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho dentro del expediente 876/2017, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta y Actuaria adscrita a dicha junta, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, manifestando al respecto que el quince de noviembre de dos mil dieciocho se acordó el escrito presentado por el quejoso el propio quince de noviembre del año próximo pasado dentro del expediente laboral 876/2017, mismo que fue notificado el doce de febrero de dos mil diecinueve, a través de su apoderada Susana Janet Hernández Saavedra. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 876/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho y la constancia de notificación del citado proveído a la aquí quejosa por conducto de su apoderada Susana Janet Hernández Saavedra, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el acuerdo respecto de su escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 876/2017 de su estadística y se le notificara dicho acuerdo, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el quince de noviembre de dos mil dieciocho se acordó el escrito cuya omisión reclama el quejoso, mismo que fue notificado el doce de febrero de dos mil diecinueve, a través de su apoderada Susana Janet Hernández Saavedra. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del toca 493/2017, derivado del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 633/2017. Téngase a la superioridad devolviendo los autos del indicado expediente y un anexo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. SE REVOCA la sentencia dictada el trece de julio de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el expediente 322/2017, en auxilio del Juzgado Sexto (sic) de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 633/2017. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA ni Protege a SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA (SOFOM E.R.), GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, contra el acto que reclamó del Registrador Público del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, que hizo consistir en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete". Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión y archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse al Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado, las copias certificadas remitidas como justificante del informe solicitado. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó no amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

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