José Alberto García Díaz
Expediente 1590/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/10/2018
Partes del expediente
- José Alberto García Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de septiembre del año en curso (fojas 33 a 35). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial, de la que se desprende que no fue posible notificar en forma personal a la parte tercera interesada denominada AFORE XXI BANORTE Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente, el auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por el motivo que indica. En consecuencia, hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena la notificación del acuerdo referido por medio de lista; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo de tres de agosto de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente laboral D-876/2017, mismas que forman parte del informe justificado rendido por la autoridad oficiante, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se toman en consideración para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que como justificación de su informe remitió la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta; así como, de la Actuaria adscrita a dicha junta laboral, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que José Alberto García Díaz, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y otra autoridad, consistente en la omisión de dictar resolución interlocutoria del incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 876/2017; así como la notificación de la misma. Ahora bien, las autoridades responsables Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta; así como, de la Actuaria adscrita a dicha junta laboral, al rendir su informe justificado manifestaron ser parcialmente cierto el acto que se les reclama; sin embargo, manifestaron que con fecha tres de agosto del año en curso, se emitió resolución interlocutoria de liquidación dentro del juicio laboral 876/2017; asimismo, por oficio recibido el tres de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 29 a 32), la mencionada autoridad responsable, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la mencionada resolución. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas de dicha resolución, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra la resolución interlocutoria de liquidación dentro del juicio laboral 876/2017 de fecha tres de agosto del año en curso y copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la mencionada resolución. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y otra autoridad, emitiera la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 876/2017; así como la notificación de la misma; aquélla se vio satisfecha en la medida de la citada autoridad responsable emitió resolución interlocutoria de liquidación de fecha tres de agosto del año en curso dentro del juicio laboral 876/2017; asimismo, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la mencionada resolución. Por consiguiente, se ha restituido al quejoso en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 7), sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintitrés de enero del año en curso, ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Institución Bancaria Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable a efecto de que le proporcionen diversa información y señaló hora y día para el desahogo de la inspección ocular ofrecida en el juicio laboral de origen. Asimismo, dicha autoridad mediante oficio recibido el catorce de febrero del año en curso remitió copia certificada del proveído de nueve de febrero del año en curso, en el que tomando en cuenta que la inspección judicial ya se encuentra desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por desahogada la misma en términos de dicha diligencia. Por otra parte, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por oficio recibido el diez de agosto del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho en el que se declaró la deserción de las pruebas periciales en materias de grafometría y documentoscopia ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen y certificó que no existían pruebas pendientes de desahogar concediendo término a las partes para que formularas sus alegatos. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. N0OTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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