José Alberto García Díaz

Expediente 874/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
874/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • José Alberto García Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que José Alberto García Díaz, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito que presentó el once de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 876/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que mediante proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 876/2017, acordó el escrito que el aquí quejoso presentó el once de marzo de dos mil diecinueve. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 876/2017, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra el proveído que emitió el tres de junio del año en curso (foja 21), en el que acordó el escrito que la aquí parte quejosa le presentó el once de marzo de dos mil diecinueve, en el que solicitó se girara el oficio correspondiente a la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a fin de que ponga a disposición la cantidad embargada mediante diligencia de once de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 876/2017. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, acordara el escrito que presentó el once de marzo de dos mil diecinueve; aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 876/2017, la autoridad responsable se pronunció sobre dicho ocurso, girando el oficio respectivo al Representante Legal de la Institución de crédito BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Antonio Gabriel González Alegría, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el juez responsable, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas remitidas como justificante del informe solicitado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos la copia del oficio signada por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, de la que se desprende que se designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que represente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el presente juicio de amparo, por tanto, las subsecuentes notificaciones deberán dirigirse a la mencionada autoridad, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 795, P.H., Colonia Nápoles, Alcandía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

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