José Alberto Espinoza García, en representación

Expediente 1632/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1632/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Espinoza García, en representación
  • Anadalai Montes Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la Circular 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en sesión extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días dieciséis al veinticuatro de octubre del año en curso. Asimismo, vistos los avisos de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal, y de Juezas y Jueces de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, todos del Estado de Tlaxcala; se advierte que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en uso de las facultades conferidas a los titulares en términos de los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta evidente que del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se suspendieron los plazos y términos procesales, aunado a lo anterior el treinta de octubre indicado, no corrieron los plazos procesales. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente Se establece que el presente expediente es conservable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; por lo que deberá ser transferido íntegramente al archivo de concentración a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo digitalizar previamente todas las constancias y documentos del expediente físico e incorporarse al expediente electrónico, de conformidad con el artículo 22, párrafo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 17, párrafo primero del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Incidente de suspensión Ahora, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo. Consérvese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el plazo referido solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridades informan búsqueda de quejosa Agréguense los oficios signados por 1) Titular del Departamento de Servicios Periciales, 2) Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro en el Estado de Tlaxcala y 3) Titular del Departamento de Investigación del Delito todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante los cuales informan que no se encontró registro alguno relacionado a la quejosa Anadalai Montes Huerta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Razón actuarial Por otra parte, se ordena agregar la razón actuarial levantada por el actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar y dar cumplimiento al proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en los domicilios de José Alberto Espinoza García y Anadalai Montes Huerta, por las razones que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguense a los autos para que obren como corresponda el acuse de correo electrónico y la certificación secretarial que antecede. Respecto a todo lo anterior, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se tenga la totalidad de los informes solicitados por la Procuradora General de Justicia del Estado a las diversas dependencia de su adscripción, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informe sobre la suspensión de plano Agréguese el oficio remitido por ********************; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Se ordena resguardo Asimismo, por cuanto hace al documento que anexa, dada su naturaleza se ordena su resguardo por separado, agregando copia certificada al presente expediente para que obre en autos. Consulta de expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "********************toda vez que se encuentra registrado. Imposibilidad para notificar Por otra parte, vistas las razones actuariales asentadas por los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, de las que se desprende la imposibilidad para notificar a la directa quejosa ******************** el proveído de nueve de noviembre del año en curso, en consideración a que la quejosa, no se encuentra ante la autoridad responsable. Se requiere información, constancias y designación de elementos policiales Por tanto, en atención a que a la presente data no se ha podido dar cumplimiento a lo ordenado en autos de nueve de noviembre actual, en el sentido de localizar a la directa quejosa, con fundamento en el artículo 15, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo, requiérase al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que, en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, informe a este órgano de control constitucional lo siguiente: Informe si en el sistema de registros de carpetas de investigación que se sigue en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se encuentra radicada alguna carpeta de investigación que tenga relación con la directa quejosa ********************; De igual forma, en caso de ser afirmativo el punto anterior, informe el número de carpeta de investigación, así como la denominación completa del Agente del Ministerio Pública que la lleva; Indique si la representación social determinó alguna medida de protección en favor de ******************** de ser así, deberá informar lo siguiente: En qué consiste la medida de protección; La vigencia de la medida de protección; Indique si la directa quejosa ******************** se encuentra en algún albergue, de ser así, indique el domicilio. De igual manera, deberá remitir las constancias que acrediten su dicho, mismas que deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial. Ahora, se informa a la autoridad que, debido a que la información solicitada en líneas que preceden se trata de una carpeta de investigación, dicha información se clasifica como reservada, de conformidad con el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que, de conformidad con los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se ordena remitir la información y las constancias de forma reservada, protegiendo los datos tales como domicilios en sobre cerrado. Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 26/2015, consultable en la página 28, del tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 2009916, que textualmente establece lo siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, debido a que uno de los actos reclamados consiste en la desaparición forzada y de acuerdo a la razón actuarial de cuenta, a la presente data no se ha logrado la localización de la directa quejosa, con fundamento en el artículo 15, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo, requiérase al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que, en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, realice lo siguiente: Designe elementos policiacos a su cargo, a efecto de que procedan a la búsqueda y localización de la directa quejosa ********************. Una vez localizada, lo informe a este Juzgado de Distrito con las medidas de sigilo necesarias. Para lo anterior, se remite copia certificada de la demanda y de las razones actuariales de cuenta, a fin de que, tengan los datos con que este órgano jurisdiccional cuenta para la localización de los menores y su progenitora. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de localización libro 7, noviembre de 2021, Tomo II, página 1198, registro digital: 2023814 cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL DERECHO A NO SER VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA COMPRENDE EL DERECHO A LA BÚSQUEDA COMO PARTE DE SU NÚCLEO ESENCIAL. Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las personas desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que existe un derecho a la búsqueda; esto es, el derecho de toda persona desaparecida y de sus personas queridas a que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación -incluso de oficio- de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona reportada como desaparecida, bajo la presunción de que está viva, salvo que exista evidencia en contrario; en ese caso, el derecho a la búsqueda incluye la obligación por parte del Estado de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones de dignidad mientras son entregadas a sus personas queridas. Justificación: La búsqueda y sus resultados integran el núcleo esencial del derecho a no padecer desaparición forzada y dan contenido y sustancia a los deberes de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos humanos y sus correlativos derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esto significa que, en el ámbito de la búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades deben determinar, con certidumbre reparatoria y dignificante, la suerte o paradero de las personas desaparecidas para abatir la angustia y zozobra de sus personas cercanas como estándar de cumplimiento de esos deberes y como estándar de satisfacción de los derechos a la verdad y la justicia. Así, la investigación debe emprenderse de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas. Este enfoque diferencial implica introducir una perspectiva de diversidad en los procesos de búsqueda de las personas y en la atención y consideración de las personas que les buscan. La perspectiva de diversidad es el paradigma según el cual se analizan las causas, consecuencias e impactos diferenciados de la desaparición de personas debido al género, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, la edad, entre otros factores de exclusión que determinan la forma y patrones de la desaparición, así como la manera en que las víctimas indirectas lidian con esta violación. Finalmente, debe aclararse que la búsqueda no cesa sino hasta que exista certeza de la suerte o paradero de la persona desaparecida." Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve José Alberto Espinoza García, en representación de Anadalai Montes Huerta, contra actos del Asociación Civil "Nunca es tarde para un nuevo comienzo". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1632/2023-II-A. Acto reclamado Ahora bien, la promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de la quejosa directa Anadalai Montes Huerta en: "la privación de libertad de la C. Anadalai Montes Huerta." Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, ... Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se concede suspensión de plano Por lo que hace a la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención), con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa directa Anadalai Montes Huerta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo a la quejosa directa en libertad o a disposición del Ministerio Público Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, la quejosa deberá ser puesta en libertad. Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, la quejosa deberá ser puesta en libertad. En el caso de que la quejosa ya haya sido puesto a disposición del Ministerio Público, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el único efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner al quejoso a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición la quejosa directa, tal como se advierte de la demanda de derechos. Obligación de la autoridad responsable Por cuanto a la privación de la libertad de la quejosa, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se encuentra obligada a velar por la integridad física, psicológica y personal del impetrante, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud del mismo; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato al quejoso a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Violaciones al artículo 22 de la Constitución: De la demanda de derechos humanos se desprende que se señalan actos que se contemplan en el artículo 22 Constitucional, tales como la incomunicación y la tortura. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que cese cualquier acto de los previstos en el artículo22 constitucional, que importen peligro a la integridad del quejoso; en la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el precepto ya citado, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a la directamente quejosa Anadalai Montes Huerta, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando; ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable, tome las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la quejosa, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, ... Plazo en el que la autoridad debe rendir informe sobre la suspensión En el entendido que la responsable deberá informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibida que de no hacerlo, podrá ser puesta a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se ordena la ratificación de la demanda Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria judicial adscrita a este juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Rehabilitación en Adicciones "Resurrección", Asociación Civil, en sus respectivas áreas de detenciones, lugar en el que la promovente refiere que se encuentra detenida la quejosa directa Anadalai Montes Huerta, y la localice; en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Le notifique el presente auto. La requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. La aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. De fe del estado físico en el que se encuentre la quejosa directa. Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté detenido el agraviado la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Asimismo, requiera a la quejosa para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, así como señale autorizados para tales efectos. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se de fe si la quejosa se encuentra incomunicada y de las condiciones físicas en que esté De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, la fedataria judicial deberá proceder a dar fe si la quejosa Anadalai Montes Huerta, está incomunicada y de las condiciones físicas en que se encuentra, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice al directamente quejoso; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso a la actuaria judicial a las celdas, oficinas o instlaciones del lugar que ocupa la autoridad señalada como responsable, y en cualquier otro lugar en donde pudiera estar la quejosa directo Anadalai Montes Huerta, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar a la quejosa en las instalaciones citadas, se faculta a la Actuaria Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra interna y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Hora y fecha en que quejoso quedó a disposición de la autoridad responsable Siendo pertinente mencionar que, aun cuando el presente proveído se limita a conseguir el cumplimiento de la suspensión de plano, así como a lograr la comparecencia del agraviado en términos del numeral 15 citado, se comisiona al Actuario para que dé fe de la hora a partir de la que el quejoso quedó a disposición de la autoridad responsable, o bien, informe si fue puesto en libertad. Se permita acceso con su defensor De la misma manera, infórmese a la responsable que deberá de vigilar, respetar y cumplir con los derechos y las garantías que le asisten al quejoso en su calidad de detenido, tales como que se le permita tener acceso con su defensor. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Párrafo de Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Finalmente, este Juzgado se reserva proveer sobre la presente demanda y señalar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, hasta en tanto se ratifique la misma o transcurra el término concedido para tal efecto. Notificación a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad señalada como responsable es un particular Asociación Civil "Nunca es tarde para un nuevo comienzo" se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado para que realice la notificación del presente proveído, a dicha autoridad, en forma personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; asimismo, le requiera para que en el término de tres días señale domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, apercibido que de no señalarlo, se le realizarán las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Notifíquese, personalmente a la quejosa directa Anadalai Montes Huerta, en el lugar en que se encuentre interna y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*

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